El gasto devengado representa el momento en que el Estado reconoce una obligación de pago al recibir un bien o servicio, independientemente de cuándo se realice el desembolso efectivo del dinero. Este indicador es clave porque refleja el compromiso legal asumido por la administración: cuando un trabajador público cumple su jornada o una empresa entrega una etapa de obra, el gasto se devenga. La brecha que surge cuando este compromiso se registra pero el pago se posterga es lo que constituye la deuda flotante, que permite mostrar el orden administrativo mientras se demora la salida real de la caja.
El Ministerio de Economía contrajo las erogaciones de la Administración Pública Nacional en un 5,7% durante abril. La medida responde a la necesidad de mantener a rienda corta los gastos en función de los ingresos para sostener el superávit fiscal. En este escenario, la recaudación de impuestos retrocedió un 6,7% en el primer cuatrimestre del año.
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El gasto primario devengado, que representa la autorización administrativa y no el pago efectivo, acumuló una baja del 3,9% interanual medido a pesos constantes entre enero y abril. Los recortes más profundos del mes ocurrieron en las transferencias a provincias, los programas sociales y la obra pública. En sentido opuesto, el gasto en personal y las asignaciones familiares, principalmente la AUH, mostraron los mayores incrementos.
Los subsidios económicos registraron un crecimiento del 38,7% real en el primer cuatrimestre por el impulso del sector energético, mientras que las partidas destinadas al transporte se redujeron un 29,4%. Esta disparidad en las cuentas convive con un incremento en el retraso de los pagos. La deuda exigible de la Administración Central creció un 14% real respecto al mismo período de 2025. En marzo, este stock de deuda saltó a $4,04 billones y el Tesoro pisó pagos por casi $2 billones en comparación con febrero.
Respecto a los compromisos externos, las metas de superávit fiscal con el FMI se modificaron tras la última revisión del acuerdo. El objetivo pasó del 2,2% que regía en octubre del año pasado a un 1,4% actual. Si bien este cambio otorga un margen de maniobra cercano a los u$s4.700 millones, el cumplimiento efectivo de la meta depende de la sintonía fina entre la caída de los ingresos y el recorte del gasto público.
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