Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de la Nación, anunció la presentación de una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de impugnar la condena perpetua para ejercer cargos públicos que recibió en el marco de la causa Vialidad.
A través de una columna de opinión publicada en simultáneo en diversos medios internacionales de Europa y América Latina, la exmandataria cuestionó la imparcialidad del proceso judicial que determinó su inhabilitación y advirtió sobre el deterioro institucional que atraviesa el país.
La exjefa de Estado, quien cumple arresto domiciliario en Buenos Aires tras la confirmación de su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta, cuestionó con dureza el rol de los magistrados en el escenario político actual: “Cuando la Justicia deja de actuar como garante de los derechos fundamentales y comienza a interferir en la disputa política, la democracia se vacía de contenido”.
A su criterio, la inhabilitación perpetua que pesa sobre su figura representa un fenómeno de gravedad institucional que excede los límites locales. Kirchner calificó la medida como “una de las formas más sofisticadas de erosión democrática de nuestro tiempo” y remarcó que, bajo este esquema, “el espacio de la soberanía popular va siendo sustituido por decisiones judiciales que terminan definiendo quién puede o no participar en la disputa política”.
La presentación formal ante el organismo internacional con sede en Ginebra se realizó en paralelo a una conferencia de prensa que brindó su equipo de defensa, integrado por el abogado Alberto Beraldi, el jurista brasileño Rafael Valim y el exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Javier Borrego. Los letrados argumentaron que el Estado argentino vulneró las garantías consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Al respecto, la expresidenta aclaró el sentido de la presentación internacional: “No se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales. Se trata de someter al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento”.
En su descargo, la dirigente vinculó las irregularidades del proceso con cuestiones de género que atraviesan a la estructura del Poder Judicial en la Argentina. Según expresó en su columna: “No se trata solamente de la persecución contra la única mujer electa y reelecta para ejercer la Presidencia de la Nación Argentina. Se trata del intento de excluir de la vida política a una dirigente elegida democráticamente por millones de ciudadanos”.
Insistió en que su reclamo internacional no persigue un trato preferencial frente a la ley, sino el restablecimiento de las normas básicas del debido proceso. Cristina Kirchner hizo hincapié en que busca “un juicio imparcial, independiente y compatible con las garantías internacionales asumidas por el propio Estado argentino”.
El frente judicial de la expresidenta quedó sellado luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara los recursos extraordinarios de la defensa y dejara firme la condena del Tribunal Oral Federal N.º 2, además de ratificar el decomiso de $684.990 millones de pesos contra los imputados.
A pesar del escenario adverso, Kirchner recordó el intento de magnicidio que sufrió en 2022 como un factor clave del clima de hostilidad y ratificó que mantendrá su reclamo activo.
“Continuaré defendiendo mi inocencia con todos los instrumentos que el Estado de Derecho pone a disposición de los ciudadanos. Lo hago por mí, pero también por todos aquellos que creen que ninguna democracia permanece íntegra cuando la Justicia deja de proteger derechos para decidir el destino de la política”, sentenció.
