La diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade, presentó una denuncia penal para que se investigue el otorgamiento de créditos del Banco Nación a funcionarios y legisladores vinculados con La Libertad Avanza (LLA). La legisladora reclamó una pesquisa judicial para determinar si existieron irregularidades que pudieran configurar delitos como “tráfico de influencias” y “administración fraudulenta”.
En su presentación, Frade advirtió que los montos concedidos no se condicen con los ingresos de los beneficiarios ni con su capacidad para devolver el dinero. Sostuvo que la entidad estatal podría haber incurrido en una falla grave al evaluar el riesgo crediticio de los solicitantes.
“Según normativa del Banco Central, las entidades deben evaluar la ‘capacidad de repago’ del deudor, basada en ingresos, pero también en la estabilidad de éstos. El otorgamiento de créditos a funcionarios públicos sin plazo de permanencia y aún a legisladores, cuyo tope de permanencia está perfectamente definido, comportarían ‘fallas’ en esta evaluación. El Banco otorga una financiación que, de antemano sabe, entrará en mora”, indicó Frade en el texto.
La información sobre los préstamos se difundió a través de la red social X y proviene del sitio web “¿Cuánto deben?”, que utiliza datos públicos de la Central de Deudores del Banco Central. Entre los funcionarios señalados figuran Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro Luis Caputo, con una deuda inicial de $373.000.000, y Federico Furiase, exdirector del BCRA, con un pasivo de $367.059.000.
Además, el listado incluye al director de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira, con un crédito por $112.948.000, y a los diputados de LLA Alejandro Bongiovani, Mariano Campero y Lorena Villaverde, con deudas que varían entre $230.000.000 y $279.000.000.
La respuesta de los involucrados
Tras la difusión del caso, el Banco Nación emitió un comunicado donde aclaró que el proceso para acceder a los préstamos es “homogéneo, sin excepciones”. Sin embargo, el artículo original señaló que desde 2024 existe una línea diferencial para empleados y funcionarios públicos con beneficios que no tienen los clientes regulares.
Por su parte, el diputado Mariano Campero calificó las acusaciones en su contra como “maliciosas” y aseguró que no se trató de un “crédito discrecional ni excepcional”. En la misma línea, su par Alejandro Bongiovani apuntó contra la oposición. “Es curioso que los mismos kirchneristas que decían que el UVA era una estafa ahora dicen que es un privilegio. Incurables”, dijo. Luego agregó: “Me resulta insólito que algunos estén tratando de homologar el tomar una deuda hipotecaria en las condiciones generales de cualquier cliente con un acto delictivo“.
En el texto de su denuncia, Frade consideró que los beneficiarios accedieron a una ventaja financiera que no se ajustaba a su situación patrimonial. “Resulta evidente que, desde el punto de vista de los funcionarios públicos, los beneficiarios se hicieron de una acreencia financiera que no se condecía con su perfil patrimonial o ingresos reales”, afirmó. Por ello, la diputada advirtió: “En los supuestos de que la investigación verifique esto, estaríamos frente a la posibilidad de quedar incursos en el tipo penal previsto en el art. 265 de negociaciones incompatibles”.
La denuncia de Frade se suma a otras acciones de la oposición. El diputado Esteban Paulón, del bloque Provincias Unidas, presentó un pedido de informe para conocer cuántos funcionarios mantienen deudas con la entidad y bajo qué condiciones. “Si bien el acceso al crédito en entidades públicas no constituye en sí mismo irregularidad alguna, la concurrencia de circunstancias tales como montos elevados, simultaneidad en los otorgamientos y la condición de funcionarios públicos de los beneficiarios toma necesario verificar que el acceso al crédito por parte de los funcionarios públicos no se haya visto influido por su posición institucional, ni por la eventual disponibilidad de información privilegiada sobre variables financieras o condiciones del mercado”, planteó el legislador.
Con información de La Nación.
