El proyecto hidroeléctrico Corpus vuelve al centro del debate público en Misiones, esta vez con un enfoque que apunta a reducir el impacto ambiental e incrementar la eficiencia energética. Durante su exposición en la jornada “Alternativas a la problemática energética para el desarrollo de la región”, el consultor ambiental de la Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP), Luis Cavanna, repasó la evolución histórica del proyecto, detalló los resultados de estudios comparativos y actualizaciones recientes, y planteó con claridad el escenario: “El Proyecto Corpus solo será viable si el pueblo de Misiones lo acepta”.
La historia de Corpus está atravesada por avances técnicos y resistencias sociales. Cavanna recordó que en 1980 se firmó el acuerdo binacional entre Argentina y Paraguay para construir la represa en el cierre de Itacuá, una decisión que fue reafirmada en 1995. Sin embargo, el rumbo cambió abruptamente un año después.
“En 1996 se realizó en Misiones un plebiscito donde el pueblo misionero decidió que Corpus no se hacía. Fue el no a Corpus”, remarcó.
A partir de ese rechazo, la COMIP impulsó en 2001 un estudio de impacto ambiental comparativo entre tres posibles ubicaciones: Itacuá, Itacurubí y Pindo-í. El objetivo era claro: determinar si existían alternativas con menores consecuencias socioambientales.
Menos impacto
Los resultados de aquel estudio marcaron un punto de inflexión. Según Cavanna, las diferencias entre Itacuá y Pindo-í son “muy significativas”.
“En Pindo-í el cierre afecta la mitad del territorio que se afecta en Itacuá”, explicó. Mientras que el proyecto original implicaba inundar más de 28.000 hectáreas, en la nueva localización esa cifra se reduce a unas 14.000.
La reducción también se replica en otros indicadores clave. “En Pindo-í se afecta solo un tercio de las viviendas o familias afectadas por Itacuá: 280 contra 800”, detalló. En cuanto a los bosques nativos, el impacto baja aún más: “Se afecta solo la quinta parte: 4.000 hectáreas frente a 17.000”.
Incluso en términos de sistemas naturales en conjunto —bosques, pastizales y áreas de conservación— la diferencia sigue siendo contundente: 6.000 hectáreas afectadas en Pindo-í contra 20.000 en Itacuá.
Afectación social acotada
Uno de los ejes centrales del análisis es el impacto sobre las poblaciones locales. De acuerdo con la actualización realizada en 2020, el proyecto en Pindo-í afectaría a unas 220 familias en ambas márgenes del río Paraná.
“Las familias afectadas en ambas márgenes son pocas. Desde el punto de vista de la gestión, es un dato muy importante”, sostuvo Cavanna.
El criterio de la COMIP es evitar traslados lejanos. “Se plantea la reubicación funcional consensuada de las familias afectadas en la misma zona donde habitan. No se está hablando de relocalizaciones a distancia”, aclaró.
En casos puntuales como Puerto Rico o Puerto Torocuá, las viviendas afectadas se ubican en zonas bajas cercanas al río.
Bosques, áreas protegidas y compensaciones
El estudio también analizó el impacto sobre los ecosistemas. En total, el proyecto afectaría unas 8.500 hectáreas de bosques de ribera, distribuidas de manera similar entre Argentina y Paraguay.
En el caso de áreas protegidas, Cavanna precisó que en Paraguay se verían afectadas parcialmente el Parque Nacional Ñacunday y el Monumento Científico Moisés Bertoni, aunque en ambos casos la superficie comprometida es menor al 2%.
En Argentina, se identificaron diez áreas protegidas con algún grado de afectación, aunque en general por debajo del 10% de su superficie.
“Para atender estas afectaciones, el proyecto prevé la creación de nuevas áreas de reservas naturales que permitan compensar las reservas afectadas”, indicó.
Cataratas del Iguazú
Uno de los puntos más sensibles del análisis fue el posible impacto en las Cataratas del Iguazú, Patrimonio de la Humanidad.
Según Cavanna, el efecto principal sería un aumento del nivel del agua de hasta cuatro metros en el río Iguazú, en condiciones de caudal medio.
“Este incremento no va a afectar a la vegetación del parque, porque se mantiene dentro del cauce natural del río”, aseguró.
El cambio tendría incluso un efecto positivo en la navegación turística al pie de las cataratas, al reducir riesgos. Como contrapartida, se inundaría la playa de la Isla San Martín, lo que sería compensado con infraestructura adecuada para el desembarco.
Comunidades indígenas y patrimonio cultural
En materia social, el impacto sobre comunidades indígenas sería mínimo: solo una comunidad en Misiones, Marangatú, con unas nueve familias.
“El criterio será la reubicación funcional consensuada en la misma zona donde habitan”, reiteró.
Más delicado es el caso del patrimonio arqueológico. El único sitio afectado sería la Gruta India, donde se hallaron restos de hasta 4.000 años de antigüedad.
“Sería necesario impulsar todas las investigaciones arqueológicas para rescatar la mayor cantidad de información posible antes de que el proyecto se haga”, advirtió Cavanna.
En términos de calidad del agua, el especialista descartó impactos negativos. “Es un embalse largo y finito, como un fideo. La renovación completa del agua será cada siete días”, explicó.
Respecto de la fauna íctica, sostuvo que el proyecto no solo no perjudicará el recurso, sino que podría mejorarlo. Corpus incluiría sistemas de transferencia de peces y estaciones de piscicultura.
Energía limpia y beneficios económicos
Más allá del impacto ambiental, Cavanna puso el foco en los beneficios estructurales. La central generaría unos 20.000 GWh anuales, equivalentes al 15% del consumo eléctrico argentino.
“Es una formidable fuente de energía limpia y renovable”, afirmó.
Además, permitiría evitar la emisión de 220.000 toneladas anuales de dióxido de carbono, contribuyendo a reducir la dependencia de combustibles fósiles.
En el plano económico, destacó mejoras en la navegación fluvial, reducción de costos logísticos y un fuerte impacto en el empleo durante la construcción, con hasta 8.000 trabajadores en el pico de obra.
Uno de los puntos más concretos es el ingreso de regalías para Misiones, estimado en unos 50 millones de dólares anuales.
Según detalló Cavanna, la distribución prevista asigna 30 millones a la provincia, 17,5 millones a municipios y 2,5 millones a pueblos originarios y organizaciones ambientalistas.
La decisión final: información y plebiscito
A pesar de los beneficios y la reducción de impactos, el futuro del proyecto sigue condicionado por la voluntad popular.
“La ley establece que los proyectos hidroeléctricos deben contar con un plebiscito obligatorio, vinculante e irrenunciable”, recordó.
Pero antes, advirtió, es imprescindible informar. “Necesitamos una población debidamente informada antes de tomar una decisión”.
En su cierre, Cavanna sintetizó la propuesta: “Corpus en Pindo-í es una excelente oportunidad para potenciar el desarrollo de Misiones con bajo impacto ambiental”.
Sin embargo, la última palabra no será técnica ni política, sino social. Como hace casi tres décadas, el destino de Corpus volverá a definirse en las urnas.
