El nuevo Código de Convivencia Municipal ya asoma para el debate. La reforma busca modificar de fondo la manera en que el Estado municipal interviene frente a los conflictos cotidianos. Se propone superar el modelo centrado exclusivamente en las multas e incorporar otros instrumentos que van más allá de la respuesta automática punitiva frente a cada infracción.
Prevención, mediación, justicia restaurativa y participación ciudadana aparecen como ejes de una reforma que incorpora herramientas novedosas: límites al uso de algoritmos y regulación de los canales digitales municipales con inteligencia artificial, jurados vecinales y una Fiscalía Municipal de Convivencia y Faltas, entre otras. El anteproyecto define a Córdoba como una “casa común”.
La Comisión Especial del Código de Convivencia Municipal prorrogó su trabajo hasta fin de año y avanza en la hoja de ruta para la reforma. Este ámbito, presidido por el concejal Nicolás Piloni, tiene como tarea elaborará un proyecto de ordenanza que será elevado al cuerpo del Concejo Deliberante.
Durante ese proceso se prevé convocar a instituciones, especialistas, organizaciones sociales y centros vecinales. Como punto de partida, la comisión recibió la parte general del anteproyecto elaborado por la comisión redactora, presidida e integrada por Pablo Sánchez Latorre, Patricia Coppola, Maximiliano Calderón, Jorge Orgaz y Juan Manuel Lozita.
El planteo supone salir de la lógica tradicional del Código de Faltas —detectar una infracción, determinar una responsabilidad y aplicar una sanción— para construir un sistema de gestión de la conflictividad urbana. La prevención, la mediación, la participación comunitaria, la protección de las víctimas y la reparación del daño pasan a ocupar un lugar central. Sobre este último punto, el centro de la discusión deja de ser exclusivamente “qué norma se incumplió” para incorporar una pregunta diferente: “qué daño produjo esa conducta y cómo puede repararse”.
Sánchez Latorre sintetizó el punto de partida de la reforma: “La ciudad del antiguo Código de Faltas ya no existe”, y advirtió que “cambiaron los conflictos que son más complejos”. En esa línea, Calderón subrayó: “Salir del Código de Faltas como elemento sancionatorio es necesario, pero es necesario construir algo nuevo”. Y agregó: “Los cimientos del nuevo código ya están, solo quedan los ajustes”.
Encuesta: el 59% de los cordobeses afirma estar peor o igual de mal que en 2025
De la multa a la gestión del conflicto
La Córdoba para la que fue pensado el antiguo Código de Faltas ya no es la misma. Cambió su estructura demográfica, la movilidad urbana, el escenario ambiental y climático, y se multiplicaron conflictos que ya no pueden ser abordados desde una única dimensión.
Una discusión por el uso del espacio público, por ejemplo, puede involucrar cuestiones ambientales, sociales, territoriales, sanitarias o económicas. En ese contexto, una sanción económica puede resultar insuficiente para resolver el problema de fondo, se plantea.
El anteproyecto propone que la respuesta municipal sea preventiva, coordinada y proporcional. La sanción quedaría reservada para aquellos casos en los que resulte necesaria, mientras que el sistema incorporaría herramientas de educación, orientación, mediación, reparación y participación.
El concepto que resume esa mirada es el de Córdoba como “casa común”, destacó Sánchez Latorre, coordinador de la comisión redactora: un espacio compartido en el que los derechos individuales conviven con responsabilidades respecto de otras personas, del ambiente y de los bienes públicos.
Tres novedades
Más allá del cambio conceptual, el anteproyecto incorpora herramientas que podrían modificar de manera concreta la relación entre el municipio y los vecinos. Convivencia digital, límites a los algoritmos, jurados vecinales y una nueva Fiscalía Municipal son algunas de las principales novedades.
Uno de los capítulos más novedosos traslada la discusión sobre la convivencia al ámbito digital, aunque con un límite preciso: el proyecto no pretende regular internet ni las redes sociales privadas, sino los canales y plataformas administrados por el municipio capitalino.
La propuesta contempla conductas como hostigamiento, discriminación, suplantación de identidad, difusión indebida de datos personales y denuncias falsas realizadas deliberadamente mediante sistemas municipales.
El punto de mayor impacto institucional aparece en el uso de inteligencia artificial y sistemas automatizados. El Gobierno local no podría imponer sanciones exclusivamente a partir de una decisión algorítmica ni utilizar tecnología para perfilar personas o grupos con fines sancionatorios.
Los sistemas digitales podrán ayudar a ordenar información y detectar patrones, pero la decisión que afecte derechos deberá tener detrás una responsabilidad humana, estar fundamentada y poder ser revisada. Esto implica que el algoritmo puede detectar, ordenar o advertir; pero no podrá convertirse por sí solo en juez y sancionador.
Por qué las multas no deberían convertirse en deudas millonarias
La segunda innovación apunta directamente a la participación ciudadana. El anteproyecto propone crear jurados vecinales para determinadas infracciones gravísimas o de especial impacto comunitario. El mecanismo contemplaría un cuerpo de cinco vecinos seleccionados por sorteo a partir de un padrón municipal.
El jurado no reemplazaría al Tribunal Administrativo Municipal de Faltas. Su función sería determinar si los hechos están acreditados, si la persona involucrada participó de ellos y cuál fue el impacto producido sobre la convivencia comunitaria. La calificación jurídica, la resolución y la eventual sanción continuarían en manos del Tribunal de Faltas.
La idea no es convertir a los vecinos en jueces, sino incorporar una instancia de participación ciudadana en aquellos conflictos de particular relevancia para la comunidad. El mecanismo estaría acompañado por reglas de selección, excusación, recusación, confidencialidad y protección de las personas involucradas.
Una Fiscalía Municipal
La tercera pieza es la creación de una Fiscalía Municipal de Convivencia y Faltas. El organismo tendría intervención en causas de alto impacto social, ambiental o territorial. Podría impulsar investigaciones, producir pruebas, emitir dictámenes y representar el interés público municipal.
El cambio busca separar funciones que hoy pueden quedar concentradas en una misma estructura: una cosa es impulsar una actuación y otra, resolverla, se advierte en el anteproyecto.
La Fiscalía asumiría la promoción y sustentación de los casos de mayor gravedad, mientras que el Tribunal Municipal de Faltas conservaría la función decisoria. Además, el nuevo organismo podría establecer criterios generales de actuación para evitar que conflictos similares reciban respuestas diferentes según el funcionario o dependencia que intervenga.
Cuando castigar no alcanza
El nuevo Código también incorporará dos herramientas que buscan intervenir sobre las causas del conflicto: el enfoque terapéutico y la justicia restaurativa.
El primero parte de una realidad de la vida urbana: existen conductas vinculadas con consumos problemáticos, situaciones de salud mental o condiciones habitacionales críticas que difícilmente puedan resolverse con una multa.
En esos casos, el municipio podría orientar, acompañar y articular con los organismos correspondientes. La intervención no tendría carácter sancionatorio ni podría implicar la imposición obligatoria de tratamientos.
La justicia restaurativa, en tanto, cambia el foco: no mira solamente qué norma fue incumplida, sino qué daño se produjo y qué puede hacerse para repararlo.
Por eso se incorporan herramientas como mediación, facilitación, acuerdos restaurativos y suspensión del procedimiento a prueba en determinados casos. La lógica es que quien produjo una afectación pueda asumir responsabilidad, reparar el daño cuando sea posible y recomponer el vínculo comunitario.
Estas herramientas quedarían excluidas en situaciones de violencia, discriminación, acoso o desigualdad manifiesta entre las partes.
Los cimientos ya están
Córdoba busca dejar atrás un Código pensado fundamentalmente para sancionar infracciones y reemplazarlo por un sistema destinado a gestionar la convivencia. La discusión que se plantea no sólo es jurídica, sino además se deberá definir hasta dónde llega la participación de los vecinos, qué conflictos justifican una intervención restaurativa, qué límites tendrá la tecnología municipal y cómo se garantizará que una mayor capacidad para gestionar conflictos no termine debilitando las garantías.
El desafío será convertir la idea de la “casa común” en reglas concretas para una ciudad que, por su escala y complejidad, enfrenta conflictos urbanos cada vez más diversos. El nuevo Código no apunta solamente a determinar qué está prohibido y cuánto cuesta infringirlo. Busca establecer cómo interviene el Estado municipal cuando la convivencia urbana se rompe.
