LT17-Sebastian-Calderon-
Sebastián Calderón, director del Cenemi, celebró la decisión del Gobierno provincial de intervenir en la crisis financiera que afecta a las instituciones que asisten a personas con discapacidad. La provincia, mediante un decreto, se hará cargo de una parte de los gastos operativos, como los servicios de luz y agua, ante la interrupción de fondos nacionales que ponía en riesgo la continuidad de las prestaciones.
El referente de Cenemi indicó que la noticia los tomó “muy contentos” y que la acción provincial surgió tras un reclamo a nivel nacional que ya lleva tres semanas. “Fuimos recibidos por el personal de Gobernación que automáticamente nos habilitó un espacio de escucha y nos generó también algunas propuestas que, de alguna u otra manera, vienen como a apaciguar un poco la situación que estamos viviendo las instituciones de discapacidad en toda la provincia y en todo el país”, manifestó Calderón.
El director explicó que la situación fue siempre crítica para todas las instituciones, sin que Cenemi quede exento. “Si nosotros seguíamos sin la intervención del Gobierno provincial al Gobierno Nacional, seguramente muchas instituciones sí deberíamos cerrar, porque sin financiamiento no hay prestación posible”, advirtió. Cenemi cuenta con cuatro sedes en la provincia: dos en Posadas, una en Oberá y otra en Eldorado, donde atienden a un total de 650 a 700 personas a través de su centro de día y servicio de apoyo a la integración escolar.
Crisis de pagos nacionales
Calderón detalló que el problema central reside en la falta de pagos del programa Incluir Salud, que no sigue “una línea o cadena de pago que hace que las instituciones entren en crisis”. El especialista enfatizó en que no se trata de una eliminación del programa, sino de un cese en los abonos que se extiende por tres o cuatro meses, lo que imposibilita la sostenibilidad de las instituciones. “No pagar tres, cuatro meses hace que una institución no pueda sostenerse en el tiempo”, remarcó el director, quien también comparó esta situación con la del programa Remediar, que pasó de 71 medicaciones gratuitas a solo tres.
Para el director del Cenemi, la discapacidad debe ser una agenda prioritaria para cualquier gobierno, sin importar su orientación partidaria, debido a la vulnerabilidad inherente a las personas con discapacidad. “Esto no tiene que ver con una cuestión de si antes estábamos mejor o quién robaba más o quién robaba menos, porque este parecía ser el discurso de pelea de muchos”, sostuvo. Calderón recordó que el financiamiento para las instituciones y personas con discapacidad se sostiene en un tratado internacional, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en las leyes vigentes de la República Argentina, las cuales se vulneran con la falta de pagos.
Desinformación y ley
El especialista en gestión de servicios para discapacidad hizo hincapié en la importancia de una información clara y contextualizada. Consideró que la desinformación o la mala información genera en la gente opiniones erradas o “aberrantes” que posicionan a las personas “de una vereda o de otra”. Calderón, quien trabaja en el ámbito de la discapacidad hace 17 años, reflexionó sobre la falta de empatía de la sociedad: “La sensibilidad o la empatía llega únicamente cuando tengo una persona con discapacidad cerca y no debería ser así”.
Calderón también advirtió sobre la estrategia discursiva de la nueva Ley de Emergencia en Discapacidad, que ingresó al Congreso con la promesa de recortar “pensiones truchas”. “El discurso hace que motive a la gente a pensar que solamente se plantea la quita de pensiones truchas, que me parece que está perfecto, auditar a quien no corresponde”, dijo. Sin embargo, explicó que la “letra chica” de la ley “lo que pretende es la eliminación del nomenclador de prestaciones básicas”, un aspecto que no se relaciona con el título de la iniciativa y que, según su perspectiva, causa un daño tremendo al sector.
El director valoró la intervención del Estado provincial, que “se ocupó en el momento que fue necesario y sigue insistiendo”. Destacó que, si bien gran parte de las cuestiones de discapacidad dependen de la Secretaría Nacional de Discapacidad, la provincia actuó en su ámbito de competencia y brindó un apoyo fundamental. Además, aclaró que los fondos para el financiamiento de las prestaciones de discapacidad provienen de un “mecanismo de integración” establecido hace muchos años, desmintiendo la idea de que “se va a sacar de otra parte de la población para darle a las personas con discapacidad” o que “no hay plata”.
No al ajuste en discapacidad: Posadas se suma a la jornada de movilización https://t.co/WTIByVL3Pt
— misionesonline.net (@misionesonline) April 22, 2026
