Cerca de 50.000 migrantes fueron detenidos por autoridades estadounidenses en julio, según informó a la prensa un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El aumento es el más alto desde enero y es consecuencia de las directivas del gobierno de Donald Trump para llegar a los 2.000 arrestos diarios.
“Cada día estamos liberando a nuestras comunidades del flagelo del crimen cometido por migrantes”, dijo Donald Trump esta semana en Las Vegas. Acto seguido, estableció una comparación con lo sucedido en Ceuta para reforzar su mensaje anti-migrante:
“Vieron lo que ocurrió la semana pasada en España, donde 60.000 migrantes irrumpieron en masa contra la frontera, invadieron y ocuparon la ciudad, atacaron a ciudadanos inocentes y protagonizaron disturbios en las calles. Y eso es lo que los comunistas quieren para Estados Unidos”, destacó el presidente estadounidense.
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El estatus especial llegó a su final. Esta semana, una jueza federal autorizó al gobierno de Trump a poner fin a las protecciones temporales contra la deportación para cientos de miles de haitianos, marcando el paso final, por ahora, en un caso que duró meses y llegó hasta la Corte Suprema.
El programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), mantiene dentro de la legalidad a refugiados de países con conflictos armados, desastres naturales o crisis extraordinarias.
La jueza federal Ana Reyes –la misma que en febrero había bloqueado la cancelación del TPS– confirmó que esa protección ya no está vigente, tras el fallo de la Corte Suprema que revocó su propia decisión. Con eso, más de 350.000 haitianos quedan formalmente expuestos a la deportación.
“El cien por cien de los haitianos ya deberían haber abandonado el país. Es inaceptable que no lo hayan hecho”, dijo Stephen K. Bannon, exasesor de Trump (2017-2021) y una de las voces dentro del movimiento MAGA que presionan para una política de migraciones más severa.
En Springfield, Ohio, al menos 50 personas con TPS fueron citadas por el ICE en la última semana y salieron de sus entrevistas con tobilleras electrónicas; quienes no se presentaron, fueron detenidos.
Especialistas advierten que cerca de 200.000 haitianos trabajan legalmente en el país y que su deportación causará costos a nivel recaudación, pero también en el sector de cuidado de ancianos, donde muchos de ellos son empleados.
