En la nueva audiencia del juicio oral por la denominada causa de los “Cuadernos de la corrupción”, que tiene como principal acusada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el exgerente administrativo de Techint, Héctor Zabaleta, declaró este martes como testigo ante el Tribunal Oral Federal 7 y confirmó que pagó sobornos al exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta, siguiendo instrucciones de Luis Betnaza.
Si bien en aquel momento Zabaleta y Betnaza habían sido imputados y procesados por estos hechos, quedaron sobreseídos en 2021. Ahora fueron convocados como testigos, por lo que deben declarar bajo juramento de verdad, aunque Zabaleta fue informado de la obligación de decir la verdad y su derecho a no autoincriminarse.
En frente a la fiscal de juicio Fabiana León, Zabaleta, de 80 años, confirmó la existencia de las entregas de dinero que habían quedado registradas en los cuadernos de Centeno.
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“Sí, es cierto”, respondió cuando fue consultado sobre los paquetes que le entregaba a Baratta. Según su relato, la instrucción había partido de Betnaza, quien por entonces ocupaba un cargo directivo en Techint.
Allí, Zabaleta explicó que los paquetes contenían dinero en pesos, debido a las restricciones cambiarias de la época, y que cada entrega podía ubicarse en el orden de los 600.000 o 700.000 pesos. Según recordó, la indicación era que el conjunto de los pagos alcanzara aproximadamente un millón de dólares.
El exdirectivo también relató que Baratta le reclamaba dólares billete y que, en una de las comunicaciones, el funcionario lo habría amenazado con afectar el suministro de gas de la planta de Techint en Campana si no recibía la moneda estadounidense.
Sin más, Zabaleta ratificó que las fechas coincidían con los registros del remisero, quien había consignado en sus cuadernos visitas a las oficinas de Techint durante 2008.
El origen del conflicto
Los pagos investigados están vinculados con la situación que atravesaba SIDOR, la siderúrgica venezolana controlada por el Grupo Techint, durante el gobierno de Hugo Chávez.
A partir de 2008, Venezuela avanzó con la nacionalización de la compañía.
De inmediato, se produjo una situación de tensión alrededor de los trabajadores de la planta, con episodios de violencia y dificultades para garantizar su salida del país.
La Justicia determinó en 2021 que los pagos reconocidos por los directivos existieron, pero entendió que habían sido realizados en un contexto de emergencia. El juez federal Julián Ercolini sostuvo que los ejecutivos actuaron para evitar afectaciones a la libertad y la integridad de trabajadores de la empresa que permanecían en Venezuela y dictó el sobreseimiento de Betnaza y Zabaleta.
Su fallo también derivó en el procesamiento de Roberto Baratta, a quien se atribuyó la recepción de los pagos.
LT MV
