La Justicia federal allanó este miércoles por la tarde tres sucursales de la inmobiliaria Rucci, ubicadas en los barrios porteños de Liniers, Mataderos y Villa del Parque. El procedimiento se enmarca en la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y buscó documentación vinculada a la compra de su departamento en Caballito.
Las órdenes de presentación con allanamiento en subsidio intentaron reconstruir la trazabilidad de la operación. El despliegue se realizó al mismo tiempo que la escribana Adriana Mónica Nechevenko declaraba ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en los tribunales de Comodoro Py.
La investigación se centra en la estructura financiera que Adorni utilizó para comprar el departamento de la calle Miró al 500, una operación que se concretó el 18 de noviembre de 2025 por un valor declarado de 230 mil dólares. Según los registros inmobiliarios, las vendedoras del inmueble, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, no solo participaron como propietarias sino también como acreedoras de una hipoteca por 200 mil dólares, donde cada una aportó la mitad de ese monto.
El acuerdo estableció una hipoteca no bancaria sin interés, con un plazo de devolución de un año. Además, el contrato fijó que, si el funcionario no cancela la totalidad del monto en noviembre de 2026, deberá restituir el departamento. En el expediente judicial se señala que no existió un préstamo de dinero en efectivo en los términos tradicionales, sino una compraventa con saldo de precio financiado.
La escribana Nechevenko, quien intervino en la operación, respaldó esta versión. Tras su declaración, negó que se tratara de un préstamo de dinero. “No hubo préstamos de dinero, así, en efectivo, no hubo”, afirmó la escribana. También sostuvo que “la operación del inmueble de Caballito fue una compraventa con una hipoteca con un saldo de precio” y remarcó que se trató de “una operación normal”, sin irregularidades. Sin embargo, la estructura del acuerdo genera interrogantes en la fiscalía, que analiza la lógica económica de la operación y el beneficio para las acreedoras en un esquema sin interés.
Otras operaciones bajo la lupa
El exfutbolista Hugo Morales, primer propietario del departamento, aportó datos en su testimonio. Declaró que intentó vender el inmueble durante dos años sin éxito debido a su deterioro y que, aunque inicialmente pedía 250 mil dólares, finalmente aceptó una oferta de 200 mil. Morales indicó que la propuesta la presentaron “dos chicos” y que el día de la escritura también estaban presentes las dos mujeres que luego figuraron como acreedoras. Además, señaló que recibió el dinero en efectivo.
Esta operación se suma a otras maniobras inmobiliarias que analiza la Justicia. En noviembre de 2024, Adorni hipotecó un departamento de su propiedad en la calle Asamblea y recibió 100 mil dólares de Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio. Ese acuerdo contempló una tasa de interés del 11% anual y un plazo de devolución de 24 meses. Con ese dinero, su esposa, Julieta Bettina Angeletti, compró una propiedad en el country Indio Cuá por 120 mil dólares.
En noviembre de 2025, el funcionario canceló parcialmente esa deuda con un pago de 30 mil dólares. El saldo restante de 70 mil mantiene las condiciones originales y tiene como fecha límite noviembre de 2026. La causa se originó a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano por presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas del jefe de Gabinete. El fiscal Pollicita sostuvo que existen “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” de Adorni, y en ese marco citó a declarar a las cuatro mujeres involucradas en las operaciones.
