Mientras se espera que el Gobierno publique en los próximos días los pliegos para la licitación del Belgrano Cargas, el Ejecutivo modificó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para precisar que determinadas obras de infraestructura ferroviaria pueden quedar alcanzadas por el esquema destinado a promover grandes proyectos de inversión.
La modificación quedó establecida mediante un decreto de este martes que lleva fecha del 14 de agosto. La norma incorpora dentro del concepto de “construcción” del sector de infraestructura del RIGI no solo la ejecución de infraestructura nueva, sino también la “renovación, sustitución, transformación o desarrollo” de infraestructura ferroviaria existente y de aquella accesoria necesaria para el funcionamiento de la logística y el transporte ferroviario.
El cambio se conoce antes de la publicación de los pliegos de la licitación del Belgrano Cargas, cuya difusión se espera para los próximos días. El decreto, de todos modos, no menciona de manera específica a ese ferrocarril ni establece condiciones particulares para su futura concesión.
La reglamentación anterior ya incluía dentro del sector de infraestructura a las actividades vinculadas con la construcción de estructuras, redes y sistemas necesarios para el funcionamiento de la logística y el transporte ferroviario.
Ahora el Gobierno precisó que ese concepto también alcanza a intervenciones sobre infraestructura preexistente, siempre que impliquen una renovación o la incorporación de nueva infraestructura. Quedan excluidas las tareas que se limiten a la conservación o el mantenimiento.
El decreto enumera como ejemplos de obras alcanzadas la construcción de nuevas trazas, la duplicación de vías, la renovación de vías existentes, la rehabilitación de ramales no operativos, la renovación integral de puentes y alcantarillas, los sistemas de señalamiento, telecomunicaciones y energía, la electrificación y las obras vinculadas con la logística de cargas, como nodos logísticos, puertos secos y playas de maniobra.
Además, la norma modifica el artículo 60 de la reglamentación del RIGI y establece una condición específica para considerar como “ampliación” una inversión sobre infraestructura ferroviaria preexistente: la obra debe generar un aumento verificable de la capacidad de transporte. Ese incremento deberá determinarse de manera cuantitativa a partir de parámetros técnicos objetivos.
El Gobierno fundamentó la modificación en las condiciones de la red ferroviaria, que según los considerandos presenta deterioro y desgaste por el paso de los años. El decreto señala que se requieren inversiones para su renovación, transformación, sustitución o desarrollo y distingue esas obras de las tareas de conservación y mantenimiento destinadas a preservar las condiciones existentes.
La modificación busca, según el texto oficial, dar mayor precisión y previsibilidad al encuadre de las inversiones sobre infraestructura ferroviaria preexistente dentro del RIGI. Para esos casos, el criterio que determinará si una inversión puede considerarse una ampliación será el efecto que tenga sobre la capacidad de transporte de la infraestructura.
Tal como explicó Clarín, hay varios interesados en la licitación del Belgrano Cargas. Uno de ellos (Grupo México Transportes) aseguró de manera pública que podría invertir unos 3.000 millones de dólares para modernizar los ferrocarriles de cargas argentinos, a cambio de tener la seguridad jurídica del RIGI y quedarse con la concesión de las vías, los talleres y el material rodante.
En paralelo, uno de los principales competidores es el consorcio de cerealeras integrado por Aceitera General Deheza (AGD, de Roberto Urquía), las multinacionales Bunge, Cargill, Louis Dreyfus y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).
También aparecen como interesados el Grupo Roggio, que maneja los subtes y el Premetro en la Ciudad de Buenos Aires, y Techint, concesionaria de la línea Ferroexpreso Pampeano.
