El Gobierno nacional profundiza su política de reducción del empleo público y, según el último informe de gestión presentado ante el Congreso, ya eliminó más de 56.000 puestos entre organismos y empresas estatales, mientras redefine su objetivo de ajuste hacia fines de 2026.
El Gobierno nacional continúa avanzando con su política de ajuste sobre el empleo público y proyecta profundizarla hacia fines de 2026, aunque sin una meta cuantitativa fija de despidos. Así se desprende del Informe de Gestión N° 145 presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados, donde se detallan los recortes realizados hasta el momento y los criterios que guían la denominada “motosierra” impulsada por la administración de Javier Milei.
A comienzos de año, el Ejecutivo había dejado trascender un objetivo informal de reducir un 10% la dotación estatal durante el primer trimestre, aunque esa meta no se concretó y luego fue reformulada con horizonte en 2026. Sin embargo, el desafío es considerado ambicioso incluso dentro del propio gabinete, donde algunos ministros advierten que el margen para seguir reduciendo personal es limitado sin afectar funciones clave.
Según los datos oficiales, entre diciembre de 2023 y febrero de 2026 se eliminaron 18.278 puestos en empresas públicas, que pasaron de 91.166 a 72.888 empleados. En paralelo, los ministerios y organismos de la Administración Pública Nacional (APN) redujeron su planta en 37.972 agentes sobre un total de 205.550, lo que representa una contracción del 18,5%. En conjunto, el proceso implicó la salida de casi 56.250 trabajadores.
El área encargada de la planificación de esta política es el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, desde donde se aclaró que “las reducciones de personal no responden a una meta cuantitativa fija”, sino a evaluaciones específicas sobre superposición de funciones y pertinencia legal de las tareas.
En ese sentido, el informe establece que cuando se detectan funciones duplicadas o ajenas a las responsabilidades del Estado nacional, se procede a la eliminación del área y la desvinculación del personal. En cambio, cuando las funciones están respaldadas por normativa, se define una dotación mínima necesaria para garantizar su funcionamiento eficiente.
Para alcanzar el objetivo informal del 10%, el Gobierno debería recortar cerca de 17.000 agentes adicionales en la APN y unos 7.000 en empresas públicas. En paralelo, Adorni instruyó a los ministerios a reducir un 2% los gastos corrientes y un 20% los gastos de capital, con el fin de sostener la meta de “déficit cero”, una medida que generó incomodidad en distintos sectores del gabinete.
Entre las empresas públicas con mayores recortes, el Correo Oficial de la República Argentina lidera la lista con 4.891 empleados menos (de 16.879 a 11.988). Le sigue Operadora Ferroviaria S.E., con una reducción de 3.737 puestos (de 23.875 a 20.138). También se destacan los recortes en Aerolíneas Argentinas (-1.838), Agua y Saneamientos Argentinos (-1.667) y la eliminación total de la planta de Desarrollo del Capital Humano Ferroviario, que pasó de 1.425 a cero empleados.
En términos proporcionales, la Agencia de Publicidad del Estado redujo su dotación un 78,5%, mientras que otras empresas como Casa de la Moneda, Corredores Viales y la propia agencia publicitaria también registraron caídas significativas. No obstante, algunas entidades incrementaron su personal, como Ferrocarriles Argentinos, Radio y Televisión Argentina e Intercargo.
En la APN, los mayores recortes porcentuales se registraron en el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), con una caída del 58,5%; el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (-49,1%) y la Junta de Seguridad en el Transporte (-48%). También se destacan las reducciones en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y el Fondo Nacional de las Artes (FNA).
Entre los ministerios, los mayores recortes en términos absolutos se dieron en Capital Humano (-5.483 empleados) y Economía (-5.313), mientras que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) redujo su plantilla en un 39,7%.
En contraste, algunas áreas incrementaron su dotación: el Ministerio de Seguridad sumó 442 agentes (+45%), el Ministerio de Justicia incorporó 129, la Procuración del Tesoro 48, y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) pasó de 33 a 97 empleados.
El informe también detalla situaciones particulares en organismos bajo revisión. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) redujo su planta en 894 agentes desde diciembre de 2023, en el marco de restricciones al ingreso de personal establecidas por el Decreto 1149/24.
Por su parte, el Ministerio de Defensa negó versiones sobre el despido de 500 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), aunque confirmó la desvinculación reciente de 240 empleados sin un plan de reemplazo tecnológico.
En tanto, la Cancillería informó que en 2025 no abrió nuevas convocatorias al Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), tras evaluar que la dotación vigente era suficiente.
Finalmente, en el sistema ferroviario, la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSA) redujo su personal de 23.833 a 19.913 empleados al 7 de abril de 2026, y el Ministerio de Economía aclaró que no prevé cambios en la modalidad de contratación de servicios de limpieza y control de pasajes.
