Los docentes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), nucleados en ADIUC, cumplen este jueves un paro de 48 horas en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.
La medida de fuerza que se concreta bajo la consigna “más de 300 sin que Milei cumpla la ley” también afecta a los colegios preuniversitarios Monserrat y Manuel Belgrano.
“Hoy un docente necesitaría un 34% de aumento para tener el salario de 2023”, aseguró la secretaria general de ADIUC, Leticia Medina.
“Desde la crisis del 2001-2002, no teníamos una caída del presupuesto para el sistema universitario tan profunda como la que estamos registrando en este momento” , agregó en declaraciones a Punto a Punto Radio (90.7 FM).
Paro de ADIUC
“Frente a la profundización del plan de lucha en todas las universidades nacionales el gobierno convocó a paritarias para el próximo martes 1° de septiembre. Las organizaciones del Frente Sindical Universitario vamos con un planteo claro: recuperar los 34 puntos del salario que nos adeudan”, indica un comunicado gremial.
“La ley de financiamiento universitario no se está cumpliendo en ninguna de sus partes, porque ninguna de las partidas presupuestarias que contempla fue actualizada a los valores que tenían en noviembre de 2023”, precisa el documento.
“El gobierno tampoco cumple el amparo judicial -ratificado por un fallo de la Corte Suprema- que ordenó la aplicación inmediata de los artículos 5° y 6° de la Ley: actualización de salarios y becas estudiantiles”, detalla el texto.
Otros reclamos
“Lo mismo ocurre con la mayor parte de los compromisos asumidos por el Ejecutivo en la primera mesa de negociación con los actores universitarios: actualización del 20% del presupuesto para gastos de funcionamiento, partidas para hospitales universitarios, compensación del FONID y becas. Las y los trabajadores universitarios recuperamos 21,33 puntos del salario, el resto de los ítems aún esperan respuesta”, señala el comunicado.
“Enfrentamos una situación inédita en democracia. Un gobierno decidido a destruir la educación pública y la ciencia, llevándose puestas las instituciones de la República, e instalando un clima de violencia económica, política y simbólica sumamente peligroso. No podemos naturalizarlo, no vamos a permitirlo”, concluye el documento gremial.
