La Cámara de Diputados dio media sanción ayer miércoles a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), uno de los proyectos que el Gobierno considera centrales para consolidar su programa monetario. La iniciativa fue aprobada por 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones, pero todavía le resta su paso por el Senado donde deberá ser también tratado y aprobado.
Sin embargo, más allá del debate político, la pregunta que subyace es qué cambia realmente si la reforma termina convirtiéndose en ley.
La primera aclaración es importante: por ahora no cambia nada en el funcionamiento legal del Banco Central. La iniciativa todavía tiene media sanción. Para entrar en vigencia deberá ser aprobada por el Senado, promulgada y publicada. Hasta entonces, sigue rigiendo la Carta Orgánica actual.
Ahora bien, si el proyecto supera ese recorrido, el cambio más profundo será institucional, en la medida en que el Banco Central tendrá menos herramientas para financiar al Estado y un mandato mucho más acotado.
Así, uno de los cambios más relevantes es la redefinición de la misión del Banco Central.
La Carta Orgánica vigente le asigna varios objetivos: estabilidad monetaria y financiera, empleo y desarrollo económico con equidad social. La reforma reemplaza ese esquema por un mandato central: preservar el valor de la moneda.
En la práctica, esto implica que el Banco Central dejaría de tener como funciones explícitas objetivos vinculados al empleo, al desarrollo productivo o a la orientación del crédito.
El Gobierno argumenta que esa multiplicidad de funciones diluye el objetivo antiinflacionario y habilita políticas monetarias expansivas. La reforma busca, por el contrario, concentrar la política monetaria en la estabilidad del peso.
En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo plantea que la reforma tiene seis ejes: redefinir el mandato del Banco Central, reforzar su independencia, eliminar el financiamiento monetario al sector público, modificar el régimen de utilidades, fortalecer el balance de la entidad y actualizar sus herramientas operativas.
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La lógica detrás del proyecto es intentar convertir en una restricción legal permanente una de las principales decisiones de política económica del actual Gobierno: que el Tesoro no pueda financiar su déficit mediante emisión monetaria del Banco Central.
Por eso, más que un cambio con efectos inmediatos sobre el bolsillo, la reforma apunta a modificar las reglas de juego hacia adelante.
Se eliminan los adelantos transitorios al Tesoro
Este es probablemente el cambio más concreto.
El proyecto deroga los adelantos transitorios, el mecanismo mediante el cual el Banco Central puede prestarle pesos al Tesoro para cubrir necesidades fiscales. También impide que el BCRA otorgue préstamos al Gobierno nacional, provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires.
Además, quedaría prohibida la compra directa de títulos públicos en el mercado primario. Esto significa que, ante un déficit fiscal, el Tesoro no podría recurrir al Banco Central para financiarlo mediante emisión directa.
La consecuencia es clara: si el Estado gasta más de lo que recauda, deberá conseguir financiamiento en el mercado, utilizar recursos fiscales o realizar un ajuste de gastos, pero no podría cubrir ese rojo recurriendo directamente al BCRA.
Qué pasa con las reservas del BCRA
Otro cambio importante afecta al uso de las reservas internacionales.
El proyecto elimina mecanismos que permitieron utilizar reservas del Banco Central para cancelar deuda del Tesoro a cambio de Letras Intransferibles, una práctica utilizada durante distintas administraciones.
La reforma incorpora además la inembargabilidad de las reservas internacionales dentro de la Carta Orgánica y establece con mayor precisión qué activos puede mantener el BCRA.
También habilita el uso de reservas como garantía en operaciones propias de banca central y amplía las posibilidades de obtener financiamiento de organismos multilaterales, otros bancos centrales y entidades financieras internacionales.
Menos posibilidades de girar “ganancias” al Tesoro
Otro de los canales que la reforma busca restringir es la transferencia de utilidades del Banco Central.
Actualmente, una parte de los resultados contables del BCRA puede surgir simplemente porque aumenta el valor en pesos de los activos que posee en dólares cuando sube el tipo de cambio.
La reforma establece que solo podrán distribuirse utilidades realizadas y líquidas, y excluye expresamente las ganancias contables originadas por variaciones cambiarias.
Además, antes de realizar transferencias deberán constituirse reservas patrimoniales mínimas y, cuando existan utilidades distribuibles, deberán destinarse exclusivamente a cancelar deuda pública.
El objetivo es cerrar otra vía indirecta de emisión monetaria para financiar al Tesoro.
Más protección para el presidente del Banco Central
La iniciativa también cambia las condiciones para remover al presidente y a los directores del BCRA.
La normativa actual contempla causales relativamente amplias. Con la reforma, quedarían establecidas causas específicas, como incompatibilidades, incapacidad o una falta grave y manifiesta.
Además, para desplazar a una autoridad del Banco Central sería necesario contar con la aprobación de dos tercios de los presentes en ambas cámaras del Congreso, además de la intervención del Poder Ejecutivo.
El objetivo declarado es otorgarle mayor independencia al directorio frente al poder político de turno.
En ese mismo sentido, el proyecto elimina la posibilidad de que el ministro de Economía, o un representante suyo, participe de las reuniones del directorio del Banco Central, aun cuando actualmente lo hace sin voto.
Qué cambia para los bancos y el sistema financiero
La reforma también introduce modificaciones operativas.
Entre ellas, fortalece las facultades del Banco Central para regular sistemas de pagos, cámaras compensadoras y operaciones financieras.
El texto aprobado en Diputados incorporó además una modificación que permite que las entidades financieras integren parte de sus encajes con títulos públicos valuados a precio de mercado, un punto agregado durante el tratamiento legislativo.
Ese aspecto será relevante para el sistema financiero porque puede modificar la composición de los activos con los que los bancos cumplen las exigencias de liquidez.
Qué no cambia de un día para otro
La reforma, incluso si se convierte en ley, no implica por sí misma una baja inmediata de la inflación, una caída de las tasas de interés ni una modificación automática del dólar.
Lo que hace es cambiar las reglas institucionales bajo las cuales puede actuar el Banco Central.
El principal efecto es preventivo: busca impedir que futuros gobiernos vuelvan a utilizar de manera discrecional al BCRA como fuente de financiamiento del déficit fiscal.
Tampoco elimina al Banco Central ni modifica de manera automática el régimen cambiario. La autoridad monetaria seguirá teniendo facultades para intervenir en los mercados, administrar reservas, regular al sistema financiero y ejecutar la política monetaria.
Si finalmente es sancionada por el Senado, el cambio central será ese: un Banco Central con un mandato más reducido, mayores restricciones para financiar al Estado y menos margen para que el Poder Ejecutivo utilice sus recursos para cubrir desequilibrios fiscales.
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