El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli y que está juzgando el caso de los Cuadernos de las Coimas, en septiembre será mudado. En consecuencia, dejará de funcionar en el Palacio de calle Talcahuano y después de años de gestión será trasladado a Comodoro Py, donde trabajan los demás tribunales de juicio y el todo el fuero federal porteño. Ahora, los magistrados se trasladan a Retiro los martes y jueves para la realización del debate que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner.
Después de una serie de obras realizadas por el Consejo de la Magistratura en Comodoro Py, el mes próximo se concretará la mudanza del Tribunal Oral Federal 7. Fuentes judiciales indicaron a Clarín, que se espera que con dicho traslado “se logre imprimir mayor celeridad al juicio del Caso Cuadernos”.
El 6 de noviembre se dio inicio al debate oral y público que juzga el circuito de sobornos que tenía de un lado del mostrador a integrantes del entonces Ministerio de Planificación Federal -reclamando el pago de coimas-, y del otro, a los empresarios de diversos rubros (energético, obra pública, corredores viales, transporte), responsables y acusados de garantizar esos pagos ilegales.
En ese momento, el TOF 7 llevó adelante el juicio más importante en materia de corrupción de los tribunales federales penales de forma virtual, durante la etapa de lectura de los requerimientos de elevación.
Cuando se dio inicio a las declaraciones testimoniales, los magistrados implementaron una modalidad híbrida: quienes deben declarar están obligados a participar de forma presencial de las audiencias y los demás de manera telemática. Igualmente, quienes quieran presentarse en la sala pueden hacerlo.
Además, se sumó una audiencia más por semana al debate. Así se desarrolla desde comienzos de este año, el juicio del Caso Cuadernos.
De los Tribunales Orales de juicio, el TOF 7 es el único que no funciona en Comodoro Py. Desde su traspaso al fuero federal penal, continuó cumpliendo sus funciones en el palacio de la calle Talcahuano.
De hecho, cuando la Cámara Federal de Casación dijo que, desde el 10 de diciembre tenía a su disposición la Sala AMIA ubicada en Comodoro Py para poder realizar el juicio de forma presencial, los magistrados señalaron que era incómodo porque sus oficinas se encontraban en otro espacio físico.
Fuentes judiciales indicaron a Clarín, que el traslado se concretará el mes próximo, y que con ello se aguarda la posibilidad de imprimir “más celeridad” al debate, lo que -esperan- “incluya sumar audiencias”. No hay que olvidar que la potestad de resolver cómo se lleva adelante un juicio es de los respectivos Tribunales.
Como antecedente, se recordó que el Consejo de la Magistratura, responsable de administrar los recursos del Poder Judicial, concluyó en diciembre del año pasado, las obras de refacción y modernización de la llamada Sala AMIA, que se está utilizando en diferentes juicios orales.
La Cámara Federal de Casación Penal, que tiene superintendencia sobre los TOF, recomendó a los magistrados que el juicio Cuadernos se realice de manera presencial. En la instancia en la que el debate se encuentra, el TOF 7 consideró que no era necesario cambiar la modalidad establecida.
“Al igual que los otros tribunales federales porteños, el TOF 7 podrá llevar adelante la realización de un debate oral en la sede edilicia donde se asienta, garantizando a las partes un rápido acceso a la documentación que sea necesaria”, informó en su momento el Consejo de la Magistratura.
Junto con el juicio del caso Cuadernos, el Tribunal Oral 7 lleva adelante y en simultáneo otros cinco debates más. Sin dejar de lado la extensa lista de casos que están pendientes de iniciar.
Los hechos juzgados en Cuadernos
La investigación que tuvo a su cargo el fiscal federal Carlos Stornelli se centró en cuatro ejes: los cobros a empresarios que el chofer Oscar Centeno asentó en sus cuadernos, las maniobras ilícitas para la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, y la cartelización de la obra pública en cabeza de la Cámara Argentina de Empresas Viales -denominada “La Camarita”.
Así, se determinó la existencia de una asociación ilícita liderada por Cristina Kirchner y su marido, el también expresidente -fallecido- Néstor Kirchner, quienes organizaron “un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”.
La organización funcionó en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, y “los líderes y organizadores de esa estructura paraestatal diagramaron un circuito de recaudación de dinero centrado, principalmente, en el otorgamiento y adjudicación de obras públicas o servicios, y otros beneficios vinculados al desarrollo de la relación de esos privados con el Estado Nacional”, señaló Stornelli en su requerimiento de elevación a juicio.
El juicio comenzó el 6 de noviembre pasado, con la lectura de las imputaciones por asociación ilícita, cohecho pasivo y admisión de dádivas atribuidas a los principales funcionarios acusados entre ellos, a la expresidenta.
