El aumento de la morosidad se convirtió en uno de los principales focos de preocupación del sistema financiero y en un frente de presión sobre el Gobierno de Javier Milei. Frente a las críticas por el crecimiento de las deudas impagas, el oficialismo viene sosteniendo que se trata fundamentalmente de un problema entre privados y que son los bancos y las entidades financieras quienes deben resolverlo.
En ese contexto, un análisis independiente de los datos de la Central de Deudores del Banco Central le ofrece nuevos argumentos al Gobierno para sostener esa posición. El trabajo denominado “Todo lo que querías saber de la mora* (pero tenías miedo de preguntar)”, fue realizado por Matías Fernández, analista y exintegrante de la gestión de Mauricio Macri, quien reconoce expresamente que no es especialista en morosidad y advierte que su metodología puede contener errores.
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Sin embargo, sus conclusiones fueron celebradas en redes sociales por Marcos Galperin, dueño de Mercado Libre y Mercado Pago, una de las principales aplicaciones de préstamos bajo la mirada crítica de la oposición, y por Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, uno de los principales referentes digitales del mileísmo.
El estudio parte de los microdatos de la Central de Deudores del BCRA correspondientes a junio de 2026, cruzados con información de ARCA. Según sus cálculos, 5,86 millones de personas tienen deudas atrasadas, equivalentes al 27,1% de los deudores relevados, mientras que la mora representa el 15,5% del monto total adeudado.
Pero el trabajo también abrió una discusión en sentido contrario. Algunos análisis sobre las conclusiones de Fernández advierten que, lejos de respaldar por completo el relato oficial, sus propios datos podrían contradecir parte del diagnóstico de Milei. La expansión de la mora, el salto registrado entre los jóvenes y el deterioro del poder adquisitivo aparecen en el estudio como problemas concretos, aun cuando el autor descarta que exista una crisis generalizada o que la respuesta deba pasar necesariamente por una intervención estatal.
En particular, la tasa de personas en mora pasó del 13,6% en octubre de 2024 al 27,8% en junio de 2026, según la reconstrucción de Fernández. El dato puede ser utilizado para relativizar el peso de Mercado Pago dentro del sistema, pero también expone la magnitud del deterioro que el Gobierno viene cuestionando o minimizando en su discurso público.
De esta manera, el mismo estudio puede ser leído en dos sentidos: como un respaldo a la posición oficial de que la mora debe ser resuelta principalmente entre privados y no requiere un rescate estatal, pero también como una radiografía que confirma que existe un deterioro significativo en la capacidad de pago de millones de personas. Esa tensión atraviesa buena parte del debate sobre el trabajo de Fernández.
Un análisis que le puede dar aire al argumento oficial
El punto central del trabajo es que, si bien Fernández reconoce que la mora es elevada en términos históricos recientes y respecto de otros países de la región, considera que los datos no permiten hablar de un colapso generalizado del sistema financiero.
El analista sostiene que durante los últimos dos años también se produjo una fuerte expansión del crédito y que actualmente 15 millones de personas tienen algún tipo de crédito y lo pagan regularmente. Por eso, advierte que cualquier respuesta al aumento de la morosidad debería contemplar también a quienes continúan cumpliendo con sus obligaciones.
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La conclusión coincide con uno de los principales argumentos del Gobierno: el problema no requeriría una intervención estatal extraordinaria, sino que debería ser absorbido principalmente por las propias entidades que otorgaron los créditos.
Fernández incluso considera acertada la decisión oficial de que bancos y entidades financieras asuman los riesgos que tomaron. A su entender, las propias entidades ya comenzaron a refinanciar deudas y a pasar a pérdida aquellas que consideran incobrables.
El planteo resulta particularmente relevante porque el Gobierno había quedado bajo presión luego de que distintos sectores advirtieran sobre el crecimiento de la morosidad y reclamaran medidas para contener el deterioro de la capacidad de pago de familias y empresas.
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Mercado Pago, en el centro de la discusión
Uno de los capítulos más favorables para Galperin es el dedicado a Mercado Pago. La plataforma aparece en el debate público como uno de los principales actores del crecimiento del crédito de consumo y, por eso, quedó bajo la lupa de sectores opositores que cuestionan las condiciones de los préstamos y el aumento de la mora.
Fernández plantea una lectura diferente. Según su análisis, Mercado Libre concentra el 19% de las personas morosas, pero apenas el 2,9% del monto total en mora. La mediana de la deuda atrasada de sus clientes es de $116.000, muy por debajo de la registrada en bancos y otras entidades.
El analista sostiene que esa diferencia se explica por la estrategia de inclusión financiera de la compañía: Mercado Pago incorporó a millones de personas al sistema y otorgó créditos relativamente pequeños para evaluar su comportamiento.
Por eso concluye que la empresa no puede ser considerada la principal responsable de la morosidad. En su interpretación, el problema se encuentra en otros segmentos donde las políticas de evaluación de riesgo fueron más laxas.
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El crédito rápido, uno de los principales focos
El trabajo pone el foco, en cambio, en las empresas que Fernández agrupa bajo la categoría de “crédito rápido no bancario”. Allí incluye firmas como Credicuotas, Moni, Waynicoin y Mins.
Ese segmento representa, según sus cálculos, el 22,6% de las personas en mora y el 7,7% del monto total adeudado. La mediana de la deuda ronda los $500.000 y la tasa promedio de mora alcanza el 52%, con porcentajes todavía mayores en algunas compañías.
Fernández sostiene que esas entidades deberían estar sometidas a mayores controles por parte del Banco Central y advierte que algunas asumieron riesgos excesivos en un contexto de pérdida de poder adquisitivo y tasas volátiles.
La diferencia con Mercado Pago es uno de los puntos centrales de su argumento: mientras que la plataforma de Galperin concentra una gran cantidad de personas con deudas relativamente pequeñas, los prestamistas rápidos tienen menos clientes pero una mora mucho más elevada en relación con sus carteras.
Bancos: más dinero en mora, pero menos personas
La radiografía también modifica la imagen del problema cuando se deja de contar personas y se observa el volumen de dinero comprometido.
Los bancos tradicionales concentran alrededor del 65% del dinero en mora. Los privados explican el 45% del monto y el 27% de las personas, con una mediana de deuda atrasada de $1.458.000. Los bancos públicos representan otro 20% del volumen.
El análisis sostiene que en este segmento el problema se acerca más a la interpretación oficial de que se trata de una cuestión entre privados. Los bancos tienen incentivos para refinanciar a sus clientes y ya estarían avanzando en ese sentido.
Jóvenes, el dato que más preocupa
Uno de los datos que Fernández considera más relevantes aparece entre los jóvenes de 18 a 25 años.
En dos años, la proporción de jóvenes con deudas registradas aumentó del 16,8% al 23,3%, mientras que la tasa de mora pasó del 24,7% al 40,8%. La mediana de la deuda atrasada en ese grupo es de $282.000.
El analista plantea que allí debería concentrarse una parte de la atención pública, especialmente para determinar cuánto inciden la falta de educación financiera, las apuestas deportivas, las condiciones laborales y las características de los mercados de crédito utilizados por los jóvenes.
Pobreza y desempleo: sin una relación directa
Otro aspecto que favorece la interpretación que busca instalar el oficialismo es la relación entre morosidad, pobreza y desempleo.
Fernández sostiene que los datos disponibles no permiten establecer una correlación directa entre el aumento de la mora y esas dos variables. Su análisis encuentra una relación más marcada con el tipo de entidad a la que recurren los deudores y con el deterioro del poder adquisitivo.
La conclusión es importante para la discusión política: si bien reconoce que la pérdida de ingresos afecta la capacidad de pago, el estudio no encuentra evidencia suficiente para atribuir el aumento de la mora directamente a un incremento del desempleo o de la pobreza.
Qué propone el analista
Fernández no plantea que no exista un problema. Por el contrario, sostiene que la mora aumentó y que hay sectores que requieren atención. Pero su diagnóstico se aleja de las propuestas que reclaman una intervención directa del Estado sobre las deudas.
Entre sus propuestas aparecen mayores controles sobre las entidades de crédito rápido y otras compañías no bancarias, una reducción de los impuestos que encarecen el financiamiento y políticas específicas para prevenir el sobreendeudamiento de los jóvenes.
También plantea que Nación, provincias y municipios deberían revisar la carga tributaria sobre los créditos, que incluye IVA, impuesto al cheque, Ingresos Brutos, sellos y tasas municipales.
En definitiva, el trabajo sostiene que Argentina necesita más crédito, que la mora efectivamente creció, pero que el fenómeno no implica por sí mismo una crisis sistémica ni justifica una solución estatal generalizada.
Fernández aclara que se trata de un análisis propio, que no es especialista en la materia y que los cruces de datos pueden contener errores. Aun con esas salvedades, sus conclusiones encontraron eco entre figuras centrales del oficialismo y, especialmente, en Galperin, justamente uno de los empresarios cuyas plataformas quedaron en el centro de la discusión sobre el crecimiento del crédito y la morosidad.
