Servidumbre y control de los candados del “engome”: presos denuncian a exmiembros de fuerzas de seguridad también detenidos

La denuncia apunta particularmente al Pabellón 1, donde se encuentran alojados “exclusivamente ex miembros de fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas” y que, según la presentación, “conformarían una organización conocida como ‘La Comitiva‘ o ‘Los Limpiezas y mantenimiento‘”.

En el escrito, según publicó el sitio Policiales Ahora, y consigna la agencia Noticias Argentinas se habla de “una banda criminal transestructural organizada en forma de co-gobierno carcelario mafioso, que opera con total impunidad en el interior del Pabellón número 1”.

Esto no les gusta a los autoritarios

Uno de los puntos denunciados apunta a lo que denominan “la privatización de la seguridad y el control de candados”, en lo que conformaría los delitos de “Usurpación de Autoridad (Artículo 246 Inciso 1 CPN) en concurso ideal con Violación de los Deberes de Funcionario Público (Artículo 248 CPN)”.

“El primer eslabón que consolida el estado de excepción dentro del Pabellón número 1 es la delegación material e ilegal de las funciones de seguridad del Estado hacia los internos de `La Comitiva`. Según la denuncia, personal penitenciario les haría entrega de las llaves reglamentarias a los reclusos que forman parte del grupo conocido como `Mantenimiento` (internos referentes del pabellón), quiénes ejercen de forma ilegítima el control absoluto de la circulación, la apertura y el cierre de candados (‘engome‘) de las 26 celdas que componen el sector”, señala parte de la denuncia.

La denuncia agrega: “Esta maniobra es utilizada como un mecanismo punitivo mafioso: los referentes modifican arbitrariamente los horarios de encierro (fijándolo de manera coactiva a las 17:00 horas) como castigo directo hacia la población cuando esta no se alinea a las exigencias monetarias de la banda”.

También remarcaron que uno de los reclusos tiene “las llaves y el acceso a la Oficina de Ayudantía y Tratamiento del penal, con el aval explícito de una jefa penitenciaria”. Este preso, según consta en la presentación ante la UFI de Quilmes, “accede libremente a las instalaciones en cualquier horario -incluyendo avanzadas horas de la noche y la madrugada-, enciende los ordenadores oficiales del Estado de la provincia de Buenos Aires e ingresa de forma ilegítima a las bases de datos confidenciales con los registros filiatorios de los internos de todo el ámbito penitenciario bonaerense”.

“Desde allí, redacta y confecciona solicitudes de `avales de traslado` ideológicamente falsas. En dichos documentos oficiales, estampa firmas apócrifas en nombre de diversos jefes penitenciarios y coloca de forma material los sellos personales y el `Sello Medalla` oficial de la institución carcelaria, todo ello con total permisividad de las autoridades”, se detalla en el escrito.

“El fin de esta maniobra es doble. Interno, porque funciona como el brazo ejecutor de los deseos de expulsión de la comitiva, es decir de los referentes del pabellón, principalmente según las directivas impartidas por cinco internos identificados quienes deliberan respecto a la expulsión de aquel preso que se niega a pagar las cuotas extorsivas fijadas por los referentes de pabellón, o a entregar la mercadería proporcionada por su visita. Ese preso es catalogado falsamente en el sistema informático como un interno con ‘graves problemas de convivencia con sus pares’, forzando su traslado inmediato hacia unidades más severas de la Provincia”, indica la denuncia.

“Y externo (interpabellones) porque ese reo que entra en la oficina ha montado un estudio de gestoría judicial clandestino. Referentes de otros pabellones se comunican con él vía telefónica para encargarle el traslado o la expulsión de reclusos de otros sectores. A cambio de confeccionar estos traslados truchos y estampar los sellos del Estado, recibe cuantiosas dádivas en dinero, mercaderías, packs de gaseosas, pinturas y mano de obra forzada para el revoque y refacción de la oficina que ilegítimamente regentea. Esta maniobra delictiva -que desmorona los registros públicos y la fidelidad de los actos de la administración penitenciaria- cuenta con la participación necesaria y complicidad directa de jefes carcelarios que firman y elevan estos falsos avales a los respectivos juzgados y/o tribunales de los internos afectados para convalidar las expulsiones de la banda delictiva”.

Otro de los hechos denunciados habla de la “comercialización, acopio e introducción de estupefacientes”, ya que “la impunidad operativa de la organización criminal y la absoluta complicidad de los funcionarios de guardia quedan documentadas de forma flagrante mediante los elementos visuales que registran el libre acceso y tránsito de eslabones delictivos ajenos al sector”.

“Específicamente, se ha constatado el ingreso irregular y clandestino al patio e interior del Pabellón número 1 de ciudadanos privados de la libertad plenamente identificados tales como el referente y líder de otro pabellón de la Unidad número 31 que carece de todo tipo de autorización administrativa reglamentaria o justificación institucional para permanecer en dicho espacio físico”.

“Su presencia allí, interactuando de forma directa y coordinada con dos de los encartados constituye la prueba objetiva de las maniobras de distribución, pasamanos y adquisición de material estupefaciente a gran escala para el abastecimiento de otras áreas del penal. Esta maniobra de tráfico inter-pabellones se ejecuta a la vista del personal penitenciario y se encuentra materialmente fijada en las vistas fotográficas aportadas”, agregó.

Además, se menciona una “triangulación de estupefacientes mediante el amparo del sector Requisa”, debido a que “la regularidad en el abastecimiento de sustancias psicotrópicas y drogas a gran escala dentro del Pabellón número 1 no se limita a facciones civiles externas, sino que cuenta con un canal interno directo operado por el personal penitenciario”.

“Específicamente, se denuncia la complicidad necesaria de un interno que cumple funciones directas y exclusivas bajo las órdenes de la Sección Requisa. Este sujeto, valiéndose de los privilegios, la libre circulación y la falta de control reglamentario que le otorgan las autoridades penitenciarias por su rol de confianza en Requisa, actúa como el puente logístico e introduce de forma diaria y reiterada los cargamentos de estupefacientes directo a las manos de la cúpula de ‘La Comitiva’ para su posterior distribución fraccionada al consumidor final”, precisó.

En la denuncia también se menciona lo que denominan “el segundo gran pilar de la organización criminal, que se asienta sobre la extracción económica forzada y la monopolización de los servicios básicos e insumos dentro de ese pabellón”.

“Esta facción ha instalado un régimen tarifario clandestino y extorsivo respecto al acceso a la conectividad de internet. La comitiva de los ‘limpiezas’ exige de manera perentoria y violenta el pago de cuotas mensuales fijas que oscilan entre los 30.000 y 40.000 pesos por interno en concepto de canon por el uso del servicio de internet”, explicó.

“Para comprender la estructura de este esquema delictivo, es preciso delimitar de manera formal la coexistencia y el origen de los dispositivos tecnológicos operativos en el sector. Por un lado, la cúpula de la comitiva maneja sus propias bocas de recaudación: un interno (bien identificado en la denuncia) detenta el control de una antena de la empresa Starlink, mientras que otro ejerce la administración de un segundo equipo de idéntica firma proveedora, operando en conjunto con otro reo para forzar la recaudación masiva bajo los montos usurarios previamente descritos”, se indicó.

En ese sentido, ese reo “lleva un registro contable estricto en su cuaderno (el cual se resguarda en la Celda número 23) individualizando qué interno `aporta` y qué cantidad”.

“Aquel detenido cuya familia no posee los medios económicos para tributar la cuota alimentaria exigida por la banda, o se niega a ser despojado de sus bienes, sufre represalias punitivas inmediatas administradas por los referentes, entre ellas se les prohíbe o restringe severamente el tiempo reglamentario de uso de las habitaciones destinadas a las visitas íntimas con sus parejas en el SUM, cuyo control y turnos han sido privatizados y delegados en favor de uno de los líderes; se los introduce forzosamente al circuito de servidumbre y trabajos forzados del pabellón; son expulsados del sector a los golpes de puño por la fuerza de choque de mantenimiento”, se aseguró.

“La viabilidad, permanencia e impunidad de esta asociación ilícita no se explica por el mero poder de fuerza de los internos, sino por la existencia de una aceitada estructura de cohecho y retribución financiera digital hacia los funcionarios del Estado. El líder de la facción administra las finanzas de la banda utilizando cuentas bancarias virtuales propias y de familiares (‘cuentas puente’)”, precisaron en la denuncia.

“A través de la prueba técnica e informática aportada, se encuentra plenamente acreditada la existencia de transferencias bancarias directas, regulares y cuantiosas emitidas desde la cuenta del interno hacia las cuentas particulares de un ex jefe de esa unidad. Estas transferencias de dinero digital tenían como contraprestación directa la venta de ‘tranquilidad’ y la provisión de una ‘zona liberada’ total para que los limpiezas controlaran los candados, el monopolio del internet y el tráfico de drogas sin interferencia estatal. Este circuito de corrupción financiera posee un antecedente de corroboración judicial inmediata: un oficial fue recientemente desplazado de sus funciones tras ser denunciado penalmente por violencia de género por su propia pareja en la puerta del penal”, se explicó.

Y añadió: “En dicha oportunidad, la denunciante puso en conocimiento de la Jefatura del Servicio Penitenciario la existencia de múltiples delitos graves perpetrados por este en el ejercicio de su función, detallando de forma expresa la infinidad de transferencias bancarias espurias que este recibía en sus cuentas por parte de los referentes del Pabellón número 1”.

“La connivencia se extiende de forma necesaria a otras autoridades, quienes operan como los garantes burocráticos de la banda. Son ellos quienes blindan la impunidad del interno al que le permiten el uso nocturno de las oficinas oficiales de ayudantía, facilitándole los sellos medalla de la institución y dándole curso administrativo inmediato a los avales falsos de traslado que ‘la comitiva’ ordena para sacarse de encima a los internos que no pagan las cuotas de la extorsión”.

En la denuncia también se informa de “un aceitado y sistemático mecanismo de estafa judicial ejecutado en el ámbito escolar de la Unidad número 31, cuyo objeto consiste en engañar a los magistrados de los distintos Juzgados de Ejecución Penal mediante la acreditación fraudulenta de horas de estudio y la obtención de certificados analíticos falsos para los miembros de `La Comitiva’”.