La rebelión de 2001 cuestionó a la dirigencia y al poder económico. Veinticinco años después, una parte de aquella consigna volvió al Gobierno, pero al servicio de un programa que se presenta como enemigo del sistema.
*Por María Gabriela Barrionuevo
En diciembre de 2001, el fracaso de una política económica sostenida por expertos, organismos internacionales y mercados financieros terminó arrastrando a un gobierno y dejó una consigna destinada a sobrevivir a la crisis. Fue el ‘que se vayan todos’.
En aquellas palabras convivían dos rechazos. Uno se dirigía contra una dirigencia que había perdido autoridad. El otro cuestionaba el orden económico que esa dirigencia administraba. La convertibilidad, la deuda, el desempleo, las privatizaciones y el protagonismo del Fondo Monetario Internacional también formaban parte de la experiencia que desembocó en diciembre de 2001.
Durante los años siguientes, el kirchnerismo convirtió esa interpretación en una identidad política. La crisis de representación fue explicada junto con el fracaso de un modelo que había reducido el margen de decisión del Estado. La renegociación de la deuda, el distanciamiento del FMI y la recuperación de ciertas capacidades estatales se presentaron como respuestas a aquella experiencia.
Esa lectura fue perdiendo fuerza. Los gobiernos kirchneristas no lograron evitar que la defensa de lo público quedara asociada con inflación, utilización partidaria del Estado, corrupción y beneficios distribuidos dentro de un orden cada vez más cerrado. Mauricio Macri llegó al poder prometiendo gestión, normalidad económica y confianza. Cuatro años después dejó el Gobierno con una economía nuevamente condicionada por la deuda, el Fondo Monetario Internacional y una inflación que tampoco había conseguido controlar.
El gobierno de Alberto Fernández terminó de erosionar las dos alternativas que habían organizado la política argentina. El Estado que debía proteger aparecía desbordado, los ingresos perdían valor y la dirigencia se mostraba absorbida por sus disputas internas. Cuando Milei llegó, el kirchnerismo había desacreditado la promesa de reparación estatal y el macrismo, la de normalización económica.
Para quien cobraba en pesos y veía cambiar los precios antes de poder reponerlos, el Estado había dejado de representar protección mucho antes de que Milei lo declarara enemigo. Para quien pagaba impuestos sin encontrar una respuesta suficiente en la escuela, el hospital, la seguridad o la infraestructura, la denuncia contra la burocracia parecía explicar una experiencia cotidiana.
La retórica libertaria organizó y canalizó esa frustración. Milei separó entonces las dos memorias de 2001. Conservó la rebelión contra la dirigencia y desplazó la crítica al poder económico. El derrumbe dejó de explicarse por la convertibilidad, la deuda o la subordinación a los mercados y pasó a ser obra de una clase política que gastaba más de lo que tenía, utilizaba el Estado para enriquecerse y trasladaba la cuenta a los contribuyentes.
Durante la campaña de 2023, sus seguidores volvieron a cantar ‘que se vayan todos, que no quede ni uno solo’. La frase que había acompañado el colapso de una experiencia económica terminó dando energía popular a un programa que prometía devolver al mercado funciones que la política había pretendido administrar.
Milei tampoco ocultó el costo. Anunció el ajuste, lo representó con una motosierra y advirtió que la situación empeoraría antes de mejorar. Aun así, una parte de la sociedad lo votó precisamente porque se comprometía a realizar el sacrificio que otros habían evitado.
El relato libertario convirtió los fracasos del kirchnerismo y del macrismo en una misma acusación contra la política tradicional. El primero habría utilizado al Estado para postergar los costos y el segundo habría carecido de decisión para afrontar las reformas. Milei hizo del dolor una credencial. Si el deterioro era profundo, el remedio debía doler. Los costos dejaron de ser un problema que el Gobierno debía justificar y pasaron a funcionar como prueba de autenticidad.
Sin embargo, algunos nombres y algunas ideas del antiguo orden regresaron al poder como parte de una rebelión contra el sistema. Milei construyó su liderazgo impugnando a las élites políticas, pero entregó la conducción económica a funcionarios con experiencia en bancos, mercados y administraciones anteriores. Luis Caputo y Santiago Bausili no surgieron de los márgenes del poder financiero. Federico Sturzenegger expresa la continuidad de una forma de conducir la economía que ya tuvo una intervención decisiva en otras etapas del Estado.
Para gobernar, además, incorporó dirigentes provenientes del PRO, del peronismo y de otras experiencias políticas. Patricia Bullrich, Daniel Scioli, Diego Santilli y otros integrantes o aliados del Gobierno difícilmente representen una clase dirigente enteramente nueva.
La convivencia con esas figuras no dañó su identidad antisistema porque Milei había modificado el significado de la palabra élite. La casta dejó de definirse por la riqueza o por la capacidad de influir sobre el Estado. De un lado quedaron quienes producen, invierten, trabajan o pagan impuestos. Del otro, quienes administran, regulan, representan, reciben subsidios o dependen del sector público.
En la apertura de sesiones de marzo de 2024, Milei describió al Estado presente como un mecanismo utilizado por la casta para quitarles riqueza a los ‘argentinos de bien’ y repartirla entre clientes y amigos. Bajo esa nueva frontera, ubicó a los grandes actores financieros del lado productivo y puso bajo sospecha a empleados estatales, científicos, sindicalistas e incluso jubilados, presentados como defensores de algún privilegio.
Esa redefinición no eliminó a las élites. Decidió cuáles seguirían siendo llamadas así.
Desacreditar a la política tampoco significó reducir el poder estatal para decidir. A pocos días de asumir, el DNU 70 declaró la emergencia pública en múltiples áreas y modificó un amplio conjunto de regulaciones. La Ley Bases volvió a declarar la emergencia y delegó facultades en el Poder Ejecutivo. Los vetos presidenciales convirtieron el equilibrio fiscal en un límite para la negociación parlamentaria.
A diferencia del macrismo, que había presentado a sus técnicos como garantía de gestión, esta vez la tecnocracia aprendió a ganar elecciones. Ya no necesitó aparecer como un límite a la voluntad popular porque consiguió hablar en su nombre. Milei aportó la legitimidad del voto y el equipo económico, la autoridad de lo inevitable. Las reformas podían mostrarse al mismo tiempo como mandato de las urnas y como la única solución técnicamente posible.
Para retirar al Estado de la economía concentró primero su poder. La motosierra no reemplazó la intervención estatal. Cambió su dirección.
El Gobierno redujo considerablemente la inflación, alcanzó el equilibrio fiscal, revirtió el fuerte aumento inicial de la pobreza y mejoró algunos indicadores de actividad y confianza financiera. La discusión comienza al observar quiénes financiaron esos resultados.
Durante el primer trimestre de 2024, las jubilaciones explicaron alrededor de un tercio de la reducción del gasto nacional. También tuvieron un peso importante la paralización de la obra pública, el recorte de las transferencias a las provincias, los subsidios y los salarios estatales. Es cierto que la disminución de la inflación mejoró la previsibilidad, pero la recuperación de los ingresos, el empleo y los servicios públicos no llegó con la misma velocidad ni para todos.
Las protestas de jubilados, docentes, universitarios, trabajadores de la salud y personas con discapacidad muestran que la reacción social existe. El oficialismo ha conseguido fragmentarla al presentar cada reclamo como la defensa de una caja, un privilegio o una resistencia al cambio. Los perjudicados no desaparecen del relato. Son convertidos en obstáculos para la transformación.
Ahí aparece la paradoja central. Mientras esas obligaciones son presentadas como insostenibles, el Estado asume otras mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, que otorgó a determinados proyectos beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios garantizados durante treinta años en nombre de la previsibilidad que necesita un país que cambia reiteradamente sus reglas.
El contraste es demasiado evidente para quedar oculto detrás de una explicación técnica. Los compromisos con jubilados, universidades, provincias o trabajadores pueden revisarse frente a cada crisis, mientras que los ofrecidos a las grandes inversiones quedaron protegidos frente a futuras decisiones políticas durante décadas.
El Estado no desapareció de la economía. Se volvió menos estable como prestador y más previsible como garante.
El ajuste descansó además en un pacto moral. El sacrificio resultó aceptable porque quienes lo exigían habían venido a terminar con los privilegios. Ese pacto empezó a resquebrajarse cuando las denuncias dejaron de ser solamente consignas opositoras. El 14 de febrero de 2025, Milei promocionó desde su cuenta oficial de X el token $LIBRA. Su cotización se disparó después de la publicación y se derrumbó pocas horas más tarde. La comisión investigadora de la Cámara de Diputados elaboró un informe basado, entre otros elementos, en registros de comunicaciones, documentación contractual y transferencias en criptoactivos, y luego lo remitió al juez y al fiscal de la causa.
En la investigación sobre las contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad, el juez Sebastián Casanello procesó en febrero de 2026 al extitular Diego Spagnuolo y a otras dieciocho personas. La resolución le atribuyó la jefatura de una asociación ilícita y dispuso un embargo superior a los 202 mil millones de pesos.
Ningún procesamiento equivale a una condena y la investigación sobre $LIBRA aún debe determinar responsabilidades penales. Pero políticamente el daño no depende sólo del desenlace judicial. Si quienes reclaman austeridad no aparecen sometidos al mismo estándar de transparencia que imponen a los demás, el dolor deja de ser una gesta compartida y se convierte en una carga distribuida desde arriba.
La asistencia financiera externa completa la contradicción. El acuerdo con el FMI y el respaldo de los Estados Unidos fueron presentados como señales de normalidad y confianza. También muestran que la estabilidad del programa depende en parte de acreedores y gobiernos capaces de premiar, condicionar o retirar su apoyo. El viejo condicionamiento externo ya no se presenta como pérdida de autonomía. Ahora se llama reinserción.
Nada de esto ha destruido todavía la competitividad electoral de Milei porque una parte importante de la sociedad aún lo considera la única barrera frente al regreso del orden anterior.
Eso se verificó en las legislativas de 2025, cuando La Libertad Avanza obtuvo cerca del 41 por ciento pese a los costos sociales, los conflictos y las denuncias. La victoria convivió con una participación que apenas superó el 67 por ciento, la más baja de una elección nacional desde el regreso de la democracia.
La abstención no admite una causa única, pero revela algo políticamente decisivo. El malestar no se trasladó en bloque hacia la oposición. La baja participación sugiere que una parte de quienes no acompañaron al Gobierno tampoco encontró una alternativa capaz de representarlos. La ausencia de una reacción social unificada no siempre expresa tolerancia. También puede mostrar fragmentación, cansancio y falta de una fuerza que convierta el perjuicio disperso en una impugnación común.
En 2027, Milei deberá presentarse como continuidad sin perder la identidad del rebelde. Ya no alcanzará con atribuir las dificultades a la herencia ni con sostener que gobernadores, sindicatos, universidades, medios, jueces y legisladores impidieron completar las reformas. Después de casi cuatro años de gobierno, la demolición deberá mostrar qué dejó en pie.
Una alternativa capaz de disputarle el poder tampoco podrá limitarse a restaurar el orden que hizo posible a Milei. Tendrá que recuperar la autoridad pública sin devolverle a la política sus antiguas licencias y lograr que el poder económico responda por las reglas que reclama para los demás. No alcanza con administrar mejor el Estado. Hay que impedir que vuelva a ser botín de unos y garantía de otros.
Milei llegó al Gobierno como intérprete del “que se vayan todos”. Si la promesa de terminar con los privilegios se quiebra, el próximo podría tenerlo como destinatario.
- María Gabriela Barrionuevo. Abogada | Especialista en Compliance y PLA/FT | Asesora en Regulación y Ética de la Inteligencia Artificial. Argentina.
