Tras la polémica por la inclusión de una botella de vino de más de 50 mil pesos en la compra de un comedor escolar, el servicio de alimentación escolar de Entre Ríos quedó en el centro de la escena por las irregularidades detectadas en una auditoría interna sobre 37 escuelas de Concordia. Las autoridades advirtieron inconsistencias por más de 100 millones de pesos que no pudieron ser justificados.
La situación derivó en la propuesta del gobierno provincial para implementar “un nuevo esquema de compras centralizadas a través de licitaciones públicas” que por el momento resisten sectores de la oposición a la administración de Rogelio Frigerio.
Bajo un sistema “totalmente descentralizado”, en la provincia que administra el exministro del Interior del macrismo cada institución tiene a su cargo la adquisición de los insumos alimentarios. La operación se hace a través del uso de tarjetas de créditos que tienen fondos asignados de acuerdo con la matrícula de cada lugar, y las compras están a cargo de los directivos de cada una de las escuelas.
“Podían comprar en cualquier comercio adherido al sistema provincial”, dijo a Clarín el director de Comedores de Entre Ríos, Lautaro Azzalini, sobre el destino del dinero asignado por la administración provincial.
En ese sentido y en el contexto de las políticas orientadas a “reordenar el gasto público”, fue que se relevaron 37 establecimientos de Concordia, donde advirtieron una diferencia de $103.738.136 entre marzo y abril de 2025. La cifra hizo sonar la alarma de las autoridades provinciales, que abrieron un sumario para investigar lo sucedido y determinar así “eventuales responsabilidades civiles, patrimoniales y administrativas”.
“Encontramos muchas diferencias entre lo que se compraba y lo que se facturaba”, agregó el funcionario, quien remarcó que el caso llegó a la Justicia. La causa quedó bajo la carátula de “Actuaciones iniciadas de oficio s/Peculado”. La investigación está a cargo de la fiscal Daniela Montangie,
El caso salió a la luz cuando, en medio de la inspección, hicieron una comparación entre la cantidad real de chicos que recibían el servicio con los listados que se hicieron para determinar las partidas. Fue en ese cruce donde aparecieron las inconsistencias: observaron aumentos injustificados en la cantidad de beneficiarios y diferencias entre el dinero asignado y las necesidades efectivas de los establecimientos.
Además, evidenciaron anomalías en la documentación. Muchos registros mostraban que la partida en cuestión se agotaba en un sólo día y que, en varias oportunidades, las compras se concentraban “en apenas tres lugares”.
Sobre esa base, luego de cruzar los remitos, los menús y los consumos correspondientes a marzo y abril, los auditores detectaron aproximadamente $100 millones en mercadería facturada pero no entregada. Por otro lado, se informaron sobrantes por aproximadamente $146.223.311.
“Nosotros acreditamos los fondos en la tarjeta y lo que sucedía es que o el comercio tenía la tarjeta de la escuela y le absorbían todos los fondos o era la misma escuela que dejaba toda la plata en el comercio e iba sacando. Nosotros después comparábamos las facturas con los remitos y siempre había una diferencia que quedaba en el comercio”, dijo Azzalini.
Según deducen, de esta plata se pierde el “control” porque no se sabe si “van a medias con el directivo o directamente con eso después compraban cosas por afuera”.
Es decir, las autoridades entrerrianas no pueden determinar si la diferencia de dinero entre lo recibido y lo facturado se lo quedan los comercios o si se lo entregan a los directivos de las escuelas en efectivo y no rinden cuentas sobre para qué se usa.
El cambio propuesto en el esquema de compras y el rechazo opositor
Frente a las irregularidades detectadas, el gobierno provincial dispuso aplicar cambios en el sistema alimentario escolar a partir de la contratación de “un servicio de provisión, logística y distribución de alimentos no perecederos que se destinarán a desayunos y meriendas en comedores escolares de la provincia”.
El servicio fue adjudicado a la firma Teknofood S.A, una decisión que es resistida por distintos sectores de la oposición. En ese sentido, diputados provinciales del justicialismo presentaron un Proyecto de Resolución para convocar a la Ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, y a Azzalini a comparecer ante la Legislatura provincial.
El fundamento, señala El Herlado, es que “la calidad nutricional de los alimentos no aportaría a los alumnos los nutrientes necesarios y además podría afectar su salud”. Además, padres de alumnos, gremios y distintas organizaciones de la sociedad presentaron una medida cautelar en la Justicia.
“Se politizó el tema”, dijo Azzalini, quien descree de la posibilidad de ser interpelado “porque (la oposición) no tiene mayoría”. “Es todo parte de lo mismo, arman todo el circo habido y por haber”, cerró.
BPO
