Rectores de distintas universidades nacionales advirtieron que los salarios del personal docente y no docente alcanzaron su nivel más bajo en los últimos 23 años. La advertencia surgió de un informe que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó durante su 95° Plenario, el cual se desarrolló en la Universidad Nacional de La Pampa. El documento detalla un fuerte ajuste presupuestario que impacta de manera directa en el funcionamiento de todo el sistema.
Según el análisis del CIN, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 los salarios universitarios aumentaron un 158%, una cifra que quedó muy por debajo de la inflación acumulada del 280% para el mismo período. Esta brecha generó una pérdida del poder adquisitivo del 32%. En términos concretos, el informe señaló que la caída equivale a la pérdida de aproximadamente 7,3 salarios mensuales si se toma como referencia los ingresos de fines de 2023. Para revertir esta situación, los rectores estimaron que sería necesaria una recomposición del 47,3% sobre los valores vigentes a febrero de 2026.
El problema salarial forma parte de un ajuste más amplio. De acuerdo con el mismo documento, las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. Esta reducción inédita de recursos afecta directamente el sostenimiento cotidiano de las instituciones. El poder de compra de las partidas para gastos de funcionamiento no superó en ningún momento el 64% de su valor real respecto de enero de 2023 y actualmente se ubica en torno al 40%.
Presupuesto en jaque
El ajuste también impactó en áreas clave que sostienen la vida universitaria. Las partidas para el fortalecimiento de la ciencia y la técnica registraron en 2025 un poder adquisitivo que equivale al 38,05% del nivel de 2023. En el caso de la extensión universitaria, el recorte fue aún más drástico, pues apenas alcanzó el 1,02% del nivel previo. Por otra parte, los programas de apoyo estudiantil mostraron un retroceso significativo. El presupuesto para las Becas Progresar se redujo un 82% en términos nominales entre 2025 y 2026, lo que implicó una caída superior al 95% en términos reales si se lo compara con 2023.
Este escenario coincide con datos que difundió un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el cual reflejó el impacto concreto del ajuste en los ingresos. Actualmente, la mayoría de los trabajadores del sistema percibe salarios por debajo de 1.300.000 pesos. Un profesor titular con dedicación exclusiva alcanza un básico bruto de poco más de 1,45 millones de pesos, mientras que un adjunto ronda los 1,13 millones y un jefe de trabajos prácticos no supera los 975 mil pesos. En enero de 2026, la Canasta Básica Total que define la línea de pobreza para un hogar tipo se ubicó en 1.360.299 pesos, lo que evidencia que una parte significativa del personal universitario se encuentra en el límite o por debajo de ese umbral.
El conflicto se profundizó además por la falta de implementación de la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795). La normativa establece la recomposición de salarios en función de la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Si se hubiese aplicado, los salarios se ubicarían apenas un 1,3% por debajo de los niveles de fines de 2023. Sin embargo, el esquema que propuso el Gobierno contempló aumentos escalonados que totalizan un 12,3%, una cifra muy lejana a la necesaria para revertir la caída.
Frente a este panorama, las universidades comenzaron a manifestar su preocupación. La Universidad de Buenos Aires declaró la emergencia salarial y presupuestaria y exigió la aplicación de la ley. En un comunicado, remarcó que el cumplimiento de la norma es fundamental para garantizar el funcionamiento del sistema. A su vez, los gremios docentes y no docentes del Frente Sindical Universitario realizaron una semana de protestas que afectó el inicio del ciclo lectivo en varias instituciones, en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento.
