Los legisladores nacionales vivieron una madrugada de extrema tensión en la Cámara alta. Tras una sesión cargada de idas y vueltas, el oficialismo y un grupo de aliados circunstanciales lograron aprobar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que ahora deberá ser debatido en la Cámara de Diputados. A pesar de obtener la sanción en general, los senadores de la oposición le propinaron un duro revés al Gobierno al voltear el capítulo que pretendía modificar la Ley de Manejo del Fuego, lo que mantiene vigentes los bloqueos de tierras por 30 y 60 años tras registrarse incendios.
El debate estuvo marcado por las fuertes modificaciones que sufrió el texto original a contrarreloj. Los senadores debieron asimilar un dictamen que llegó al recinto con alteraciones de último momento, lo que despertó el enojo de las bancadas opositoras. El senador peronista Pablo Bensusán criticó con dureza la falta de transparencia en el tratamiento del proyecto: “Otra vez estamos debatiendo sobre un dictamen que no sabemos de qué se trata ya que, una hora antes de empezar esta sesión, recibimos un archivo sin membrete, sin firma, con decenas de modificaciones”.
La controversia por los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente polarizó la discusión en el recinto, especialmente en lo referido a los terrenos afectados por el fuego. Para el pampeano Bensusán, la iniciativa oficialista presentaba riesgos severos para el patrimonio común: “Más allá de que hayan eliminado el capítulo de tierras, el resto de los temas son de extrema gravedad ya que están afectando todos los recursos naturales estratégicos de la Argentina”.
Por su parte, el senador radical Maximiliano Abad respaldó los puntos vinculados a las expropiaciones y los desalojos rápidos, pero marcó un límite infranqueable respecto a la flexibilización de los límites ambientales. El bonaerense advirtió sobre la inviabilidad jurídica de la reforma propuesta por los libertarios: “El artículo 41 de la Constitución reconoce el derecho a un ambiente sano y la jurisprudencia ha consolidado el principio de no regresión ambiental. Estamos frente a una reforma que seguramente será judicializada, afectando justamente la previsibilidad que el Gobierno dice querer recuperar”.
Desalojos rápidos y el debate por la seguridad jurídica
El proyecto que finalmente recibió media sanción contempla un mecanismo de desalojo exprés para los casos de usurpación y falta de pago en alquileres, además de establecer un marco restrictivo para las expropiaciones estatales. El miembro informante del oficialismo, Agustín Coto, defendió la iniciativa y argumentó que el procedimiento propuesto es idéntico al que ya aplican con éxito varias provincias en sus jurisdicciones locales. Con respecto a la polémica por el manejo del fuego, Coto cuestionó la razonabilidad de las penalizaciones vigentes al señalar que paralizar el uso de los campos quemados “entre 30 y 60 años es literalmente una vida”.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien estuvo al frente de las negociaciones de la ley, defendió la iniciativa a través de las redes sociales y apuntó contra el peronismo por la falta de garantías sobre los inmuebles. La funcionaria defendió la necesidad de la norma con una postura firme: “Pareciera que la propiedad privada es una mala palabra”. En ese sentido, cuestionó la inacción judicial frente a los delitos habitacionales y se preguntó: “Al que vive en un barrio popular y los narcos le sacan la casa, ¿quién los defiende? Ahí no regía la soberanía y lo recuperamos nosotros. La propiedad privada es certeza a los ciudadanos”.
Bullrich también arremetió contra la dirigencia de los movimientos sociales y recordó las demoras crónicas que sufren los propietarios expropiados por el Estado para percibir sus indemnizaciones, un plazo que estimó en 18 años. La ministra cerró su descargo con una fuerte acusación hacia la oposición: “Hicieron de la Constitución un papel muerto”.
