Mientras preparan el terreno para iniciar la explotación offshore de petróleo en Malvinas, la administración británica de las islas consolidó la pesca como principal sostén financiero del archipiélago. Detrás de ese negocio aparece una red de embarcaciones con bandera de distintos países que, pese a la normativa nacional que prohíbe operar con licencias británicas en la plataforma continental del Mar Argentino, avanzan con la explotación de recursos en aguas cuya soberanía continúa en disputa y sobre las que los organismos internacionales instaron a ambas partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras continúe el diferendo.
El punto de inflexión llegó en 2022, cuando el gobierno isleño decidió extender por 25 años los principales derechos de explotación pesquera. La medida ocurrió en sintonía con la autorización unilateral al consorcio israelí-británico Navitas-Rockhopper para extraer 1.700 millones de barriles de crudo de 18 pozos ubicados en la cuenca León Marino, al norte de la Isla Soledad, un proyecto que comenzará en 2027.
En el caso de la pesca, la medida quedó plasmada en una resolución publicada en el Boletín Oficial de la administración británica de las islas, donde el Director of Fisheries estableció que las nuevas Cuotas Individuales Transferibles (ITQ) “serán otorgadas por un período de 25 años a partir del 1 de enero de 2023”. En la práctica, el esquema asegura esos derechos hasta 2047 y otorgó previsibilidad a las principales empresas que explotan los recursos pesqueros del archipiélago.
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Aunque las empresas adjudicatarias aparecen registradas en Malvinas, el negocio tiene una marcada dimensión internacional. Parte de ellas mantienen vínculos comerciales o societarios con grupos pesqueros españoles, particularmente de Galicia, mientras que distintas flotas extranjeras operan en las aguas circundantes al archipiélago bajo licencias ilegales.
La dimensión internacional del negocio
Un relevamiento realizado por PERFIL sobre la plataforma Global Fishing Watch, que monitorea en tiempo casi real el movimiento de embarcaciones mediante señales AIS, detectó entre principios de julio y el 6 de agosto buques con bandera de España, Corea del Sur y Ecuador, además de otros registrados en las jurisdicciones de Taiwán, Vanuatu y en territorios británicos de ultramar, operando en aguas alrededor del archipiélago compuesto por Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. Si bien la plataforma identifica la bandera y la posición de las embarcaciones (y no el tipo de licencia bajo la que operan), el dato permite dimensionar el carácter internacional del negocio pesquero desarrollado en el Atlántico Sur.
Malvinas: las empresas off shore extranjeras que contradicen a Milei
En el caso de España, la presencia de empresas vinculadas a Galicia y de embarcaciones españolas convierte al país en uno de los actores más relevantes del sector. Corea del Sur también mantiene una presencia histórica en las pesquerías del Atlántico Sur, especialmente en la captura de calamar, mientras que algunas embarcaciones operan bajo banderas de conveniencia, como Vanuatu, una práctica habitual en la industria pesquera internacional. Lo mismo ocurre con Taiwán.
En ese contexto, PERFIL consultó a las sedes diplomáticas de España y de Corea del Sur en Argentina para saber si sus gobiernos tienen conocimiento de que embarcaciones con bandera de esos países operan en aguas de Malvinas bajo licencias otorgadas por la administración británica; qué mecanismos de supervisión o autorización aplican sobre esas operaciones y cuál es su posición oficial respecto de la actividad pesquera en un territorio cuya soberanía continúa siendo objeto de una disputa reconocida por las Naciones Unidas.
Al cierre de esta nota, no se recibió ninguna respuesta.
La ambivalente postura del gobierno de Javier Milei
Desde la perspectiva argentina, la explotación pesquera desarrollada bajo licencias otorgadas por la administración británica contradice la posición histórica del país y el espíritu de la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras persista la disputa de soberanía. A ello se suma la Ley 26.659, que prohíbe operar en la plataforma continental argentina con licencias emitidas por el Reino Unido.
La consolidación de este esquema coincide con un cambio en la relación entre los gobiernos de Argentina y el Reino Unido desde que Javier Milei asumió la presidencia. Desde fines de 2023, Casa Rosada impulsó cierto acercamiento diplomático con Londres, tomando distancia de la retórica kirchnerista. Además, el cambio de actitud se condijo con algunos furcios de funcionarios libertarios (como la confusión de la excanciller Diana Mondino en torno a los “intereses” y los “deseos” de los isleños) y hasta se deslizó la posibilidad de que el Presidente viaje a Londres, siguiendo el ejemplo de Carlos Menem, el único mandatario argentino que lo hizo tras la guerra de 1982.
En paralelo, distintos sectores cuestionaron la respuesta oficial frente a actividades británicas vinculadas con Malvinas, entre ellas las demoras en los pronunciamientos sobre varios temas. Entre ellos, la condena al anuncio del inicio de la explotación de la Cuenca León Marino, publicado por PERFIL a mediados de 2025, para lo que Cancillería tardó un mes en pronunciarse según constató este medio. O la militarización del archipiélago o el reciente paso del patrullero HMS Medway por aguas bajo jurisdicción argentina.
Del calamar al petróleo: cómo el Reino Unido consolida la explotación ilegal de Malvinas hasta 2047
La actividad pesquera bajo la lupa
Más allá de Malvinas, con respecto a la actividad pesquera el gobierno nacional comenzó este año a reforzar los mecanismos de monitoreo. A principios de 2026, la subsecretaría de Recursos Acuáticos dictó la Disposición 20/2026, que fijó velocidades y patrones de navegación para presumir la realización de pesca ilegal por parte de buques extranjeros dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina.
Sin embargo, especialistas del sector sostienen que el desafío excede el seguimiento de las embarcaciones. Para César Augusto Lerena, experto en Atlántico Sur, exsecretario de estado y presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana (CESPEL), el Estado también debería fortalecer los controles sobre la trazabilidad de las capturas.
“Más que presumir una hipotética pesca ilegal, lo que debería hacer es controlar las mercaderías que trasladan los buques extranjeros y nacionales en la Zona Económica Exclusiva para verificar el origen de las capturas, su trazabilidad y la legalidad de la pesca”, sostuvo en una artículo de opinión para PERFIL. El especialista planteó que esos controles deberían incluir la verificación del origen de especies capturadas en aguas de Malvinas o de recursos migratorios originarios de la ZEE argentina que posteriormente son capturados en alta mar.
cp
