La decisión de los gremios docentes y no docentes de convocar a un paro total de actividades para el próximo miércoles 12 de agosto generó una respuesta inmediata del Gobierno nacional, que salió a rechazar la medida. A criterio del Gobierno nacional, el reclamo resulta “prematuro” porque sostiene que los compromisos salariales ya fueron cumplidos.
A través del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, el Gobierno respondió al anuncio de los gremios universitarios, que convocaron a una nueva medida de fuerza bajo la consigna “En defensa de la universidad pública: por nuestro presente, por nuestro futuro”.
Desde la mirada de los gremios universitarios, el conflicto no se limita a los salarios y denuncian un “triple incumplimiento” que incluye fondos de funcionamiento, hospitales universitarios y la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y fallos judiciales.
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Para la cartera educativa el paro resulta “prematuro” porque, según su interpretación, no existe ningún incumplimiento respecto de la negociación salarial vigente. Además, recordaron que el pasado 10 de junio se firmó un acta paritaria que fijó un incremento total del 24,33%, distribuido en dos tramos: un 21,33% en junio (ya liquidado y percibido por el personal docente y no docente) y un 3% estipulado para octubre.
Asimismo, se acordó un cuarto intermedio con fecha límite de negociación hasta el 15 de septiembre, por lo que consideran que la huelga carece de sustento actual.
Luego, el secretario general de la Asociación Docente de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), Emiliano Cagnacci, sostuvo que el Gobierno mantiene una actitud de “indiferencia” frente a los reclamos del sector y afirmó que la administración libertaria desconoce obligaciones establecidas por leyes y fallos judiciales.
Además, desde los gremios universitarios cuestionan que los incrementos salariales acordados resultan insuficientes frente a la pérdida de poder adquisitivo acumulada y reclaman el cumplimiento de una medida cautelar respaldada por la Corte Suprema, que establece una actualización de los salarios de manera retroactiva a noviembre de 2023 tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Según las estimaciones del frente universitario, la recomposición necesaria para cumplir con ese fallo debería alcanzar el 29,5%. “Este es un conflicto que lleva más de dos años y medio”, señaló Cagnacci, quien agregó que los trabajadores universitarios no buscan interrumpir las clases, pero consideran que la situación los llevó a tomar medidas de fuerza.
Cuál es el reclamo de los universitarios
Las organizaciones sindicales plantean tres reclamos principales: el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la aplicación de una medida cautelar vinculada a salarios y becas, y la transferencia de fondos adicionales destinados al funcionamiento de los hospitales universitarios.
A partir del sector universitario denuncian que el Poder Ejecutivo lleva casi 300 días sin ejecutar la ley aprobada por el Congreso Nacional. Además, sostienen que el Gobierno no aplicó una actualización salarial vinculada al fallo judicial que dejó vigente la obligación de recomponer los ingresos del sector.
Del mismo modo, los gremios aseguran que tampoco se concretó el giro del 20% de aumento correspondiente a los gastos de funcionamiento de las universidades ni la partida extraordinaria de $50.000 millones destinada a los hospitales universitarios, entre ellos el Hospital de Clínicas.
MV / EM
