Después de la semana de receso invernal que habilitó el Tribunal, se reanudó el juicio por el caso Cuadernos, donde se analiza el circuito de sobornos que involucró a 60 empresarios de diversos rubros, funcionarios del extinto Ministerio de Planificación, con Cristina Kirchner acusada de ser jefa de lo que funcionó como una asociación ilícita.
Continúan declarando integrantes del ARCA que tuvieron a su cargo la fiscalización de las compañías involucradas en la maniobra. Durante las dos primeras audiencias de la semana, se volvió a hablar sobre retiros millonarios por parte de empresas que pagaban sobornos y que -en algunos casos-, “hubo concordancia entre los números de la planilla de (Ernesto) Clarens y la extracción de fondos de las empresas”.
El empresariado fue un eslabón determinante en la estructura que se investigó durante 2018 en el marco del caso de los cuadernos de las coimas. La justicia los acusó de haber sido responsables del delito de cohecho activo, es decir: fueron quienes pagaron las coimas que exigían quienes integraban el Ministerio que durante doce años dirigió Julio De Vido.
Es por ese delito que están sentados en el banquillo de los acusados mientras que Cristina Kirchner y otros ex funcionarios, responden por el delito de asociación ilícita junto a la recepción de sobornos.
A lo largo de las audiencias de las últimas semanas, y ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, declararon ex integrantes como actuales funcionarios del ARCA que tuvieron bajo su responsabilidad, la fiscalización de personas físicas y jurídicas que fueron incluidos en la maniobra de corrupción que se juzga.
Este miércoles pasó por el estrado Mariano Barbería, contador del ARCA, y quien se desempeñó como supervisor de investigación. Contó ante la fiscal Fabiana León, que la tarea emprendida se enfocó en un oficio firmado por el entonces juez federal Claudio Bonadio, donde se consignaban los datos proporcionados por Ernesto Clarens.
Cuando el financista kirchnerista se convirtió en imputado colaborador ante el fiscal federal, Carlos Stornelli, entregó ante la justicia un listado de empresas que le llevaban dinero en efectivo, moneda nacional, para que él los cambie por dólares, ya que las coimas exigidas por los ex funcionarios debían abonarse en divisas.
El aporte de esa planilla fue en el marco del tramo conocido como “la Camarita”. El sistema operó de la siguiente manera: primero las empresas integrantes de la Cámara de la Construcción, se disputaban cuál sería la adjudicataria de una determinada licitación; ello, según un código informal, “claramente no identificado con las normas de competencia de libre mercado- que incluía rankings y devolución de favores”, dice la acusación.
Una vez que se decidía qué empresa resultaría ganadora, la Dirección Nacional de Vialidad iniciaba las erogaciones. En ese momento, comenzaba el circuito recaudatorio que tenía a Clarens como primer receptor de los montos dinerarios o “retornos”, abonados por los empresarios en carácter de contraprestación.
En términos generales, la recaudación ilícita de dinero proveniente de las obras viales coordinadas por la Dirección Nacional de Vialidad, en los casos de contrataciones que incluyeran anticipos financieros, la suma de dinero a entregar a los funcionarios públicos correspondía a un porcentaje del monto ofertado por la obra, en general, entre un 3 y 20%.
Para los casos en que no se abonaran anticipos, se establecían montos equivalentes a una determinada cantidad de certificados de obra. Clarens lo contó así: “los primeros retornos que ocurrieron durante el año 2003-2005 se pagaban en la Camarita, los cobraban ellos. Las personas de la Camarita me dejaban una suma en pesos con una anotación de qué habían cobrado, monto y concepto”.
La cantidad de dinero, es decir el anticipo financiero de la obra que se debía pagar, se entregaba de a uno, dos o tres pagos al funcionario que recaudaba. “El anticipo financiero se iba todo al funcionario, el IVA que quedaba retenido, y que correspondía pagar a la AFIP a los 30 y 60 días, se iba utilizando para iniciar la obra…”, consta en la acusación.
El financista en su confesión donde adjunto la planilla que llegó a la ex AFIP, estimó que el caudal de dinero que circuló por este circuito de recaudación “bien pudo llegar a los USD 30.000.000”.
Ese documento entregado en su rol de arrepentido, fue determinante para el trabajo de la ex AFIP.
Fuentes judiciales indicaron a Clarín, los dichos de Mariano Barbería “ratifican lo declarado por Ernesto Clarens en cuanto a fechas y montos de dinero recibido”, ya que los testigos coinciden en plantear que se “determinaron extracciones de efectivo por caja o mediante cobro de cheques por ventanilla”.
La tarea para los integrantes del equipo de investigación del ARCA, era la de detectar -según relató Barbería-, “concordancias entre los montos que figuraban en la planilla y movimientos de dinero de las personas físicas y jurídicas bajo investigación”.
El listado de empresas incluía a JCR (de la familia Relats), el Grupo Roggio, Green SA, Alquimac y Green en constitución de UTE, Rovella Carranza, Jorge Cartellone, Luis Losi, son algunas de las firmas recordadas por el testigo.
Explicó que en algunos casos “hubo concordancias, eran también por cifras aproximadas, y en otros no hubo concordancia”. La metodología fue la misma que ya expusieron otros testigos citados por el Ministerio Público Fiscal: Retiraban importantes sumas de dinero en efectivo, eran también, cheques cobrado por ventanilla, en ambos casos se pierde la trazabilidad de esos fondos.
Una vez más, este testigo habló de “cheques correlativos” que se observó en algunos casos bajo análisis.
La justicia sospecha de que ese dinero que se retiraba por parte de las empresas era el que se volcaba en el circuito de sobornos que le permitía a los empresarios, ganar licitaciones, obras, renovar concesiones, entre otros beneficios obtenidos.
Durante la primera audiencia de esta semana, el día martes, declaró Pedro Majul actual funcionario del organismo recaudador, seccional regional de Córdoba, contó ante el TOF 7 y la fiscal general, Fabiana León, que a raíz de un oficio del juzgado federal que tuvo a cargo Claudio Bonadio, se “analizaron los proveedores que emitían facturas apócrifas” vinculadas a un conjunto de empresas.
Se concentró en una firma en particular, Electroingeniería que tuvo como presidente a Gerardo Ferreyra, implicado en el expediente penal. “Globalizando se detectaron unos 100 millones de pesos que al tipo de cambio de entonces, representaban unos 8 millones de dólares”.
Sobre Electroingeniería, el funcionario de ARCA contó que se hizo una circularización de la Unidad de información Financiera (UIF), y se recibió detalles sobre “extracción de dinero y una operación de contado con liquid, no era de mucho monto, ocurrió en 2012 pero eran de unos 81.000 dólares, depositados en una cuenta comitente del Grupo”.
Después la fiscalía le expuso un informe que el contador firmó y que brindaba mayores precisiones sobre las cifras involucradas. Esos movimientos de dinero que despertaron sospechas correspondían a Electroingeniería y Grupo Eling.
Se expusieron durante la audiencia, giros al exterior realizados en 2011 por US$3,5 millones, US$2,35 millones y US$2,3 millones a través de cuentas del Banco Nación en Nueva York por parte de firmas de los empresarios Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta. Pese a canalizarse por el sistema bancario formal, dichos giros “no contaban con un reflejo claro en la documentación contable de las empresas”, expresó el testigo.
Se brindaron más precisiones: en septiembre de 2012 se registraron US$85.000 operados mediante “contado con liquidación” y derivados a cuentas de terceros sin justificación aparente.
El dato consignado por el testigo Majul, fue que la mitad de esa operación (US$42.500) “terminó acreditada en la cuenta del exfuncionario cordobés Oscar Alberto Santarelli (quien ocupó cargos en la Agencia Córdoba Turismo y el Ministerio de Obras Públicas provincial)”. Estos datos finales se reconstruyeron tras la exposición de documentos que integran la prueba del expediente.
Después, el contador hizo referencia a otro Holding, el perteneciente Aldo Benito Roggio uno de los imputados colabores de esta causa. “Se encontraron créditos fiscales apócrifos y la metodología incluía cheques por ventanilla para la extracción de dinero, entre los años 2009 – 2010, ese período concentraba la mayor cantidad de cheques a comienzos de mes”, detalló Majul.
Al momento de hablar sobre la metodología de los retiros de dinero, el testigo añadió: “La mecánica era muy importante y llamaba la atención, más de 833 cheques consecutivos, se hacían en el mismo día. Sobre esa cantidad de cheques pedimos detalles y sólo nos dieron sobre más de 500 y esos tenían la misma metodología: Se cobraba en el mismo banco, una sucursal en el microcentro, el mismo cajero, todos movidos por la misma persona de la empresa, Ricardo Scunsia”, quien era apoderado de la empresa.
Los 833 cheques representaban 33.100.000 pesos y equivalían a tipo de cambio oficial de aquel momento, más de 8 millones de dólares.
El Ministerio Público Fiscal -representado en el juicio por Fabiana León y el fiscal auxiliar Nicolás Codromaz- sostiene que los empresarios fueron parte de la maniobra delictiva porque obtuvieron un beneficio.
En la instrucción del caso, llevada adelante por el fallecido juez Claudio Bonadio, se había detallado que los hombres de negocios pagaron las coimas “para obtener favores con relación a las empresas que representaban: adjudicaciones de licitaciones, otorgamientos de obras públicas, el pago de facturas emitidas, desembolsos a medida que los proyectos avanzaban, y otorgamiento de subsidios”.
“Los dos ganaban”, es una expresión volcada en la imputación y que busca desentrañar la fiscalía en el marco del debate.
