Ante la complejidad del escenario actual, Sandra Galeano, subsecretaria de Relaciones con la Comunidad de Misiones, afirmó que la provincia mantiene un trabajo constante y articulado con diferentes estamentos del Estado para abordar la problemática de la violencia.
“Venimos trabajando muy fuerte en forma articulada con los tres poderes del Estado. Hay un contexto general que no ayuda, pero desde todos los equipos, en toda la provincia, con los municipios, venimos trabajando todos los días, 24/7 para poder garantizar todos estos derechos de los cuales se hablan”, explicó.
El abordaje institucional se fundamenta en la concepción jurídica de que cualquier forma de agresión constituye una transgresión fundamental a las normativas internacionales, dijo.
“Nosotros abordamos a la violencia como una vulneración de los derechos humanos, por eso es tan grave cualquier caso de femicidio, sean uno, sean 10, sean 15, estamos ante un hecho gravísimo de vulneración y de violación de derechos humanos, y por eso la importancia de llevar la información correcta”.
Las herramientas de asistencia gubernamental registran un incremento sostenido en la cantidad de comunicaciones de emergencia y denuncias por conflictos intrafamiliares, algo que llega especialmente desde la Línea 137, manejada por la provincia y dedicada a la “atención y acompañamiento técnico a las víctimas de violencia familiar o violencia de género”, según explican desde la Subsecretaría.
“Este aumento tiene que ver también con que hoy hay un gran porcentaje de la población que sabe de sus derechos, sabe que la violencia pone en riesgo su vida, y por eso se anima a denunciar”, expresó Galeano.
La efectividad de las medidas de protección a las víctimas depende de un accionar inmediato y conjunto entre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial. “Hoy por hoy, las medidas que toma el Poder Judicial, y casi de inmediato se toman las medidas, tienen que ver con el botón antipánico y la prohibición de acercamiento. También estas medidas pueden ser extremas, o sea la detención del agresor”.
Es fundamental que la población comprenda la urgencia de alertar a las autoridades ante cualquier hecho que amenace la integridad, incluyendo las nuevas modalidades delictivas en el entorno digital. “No podemos esperar 24 horas para hacer una denuncia de ningún tipo. Cualquier hecho que atente contra la vida de las personas es un problema grave. Hoy también tenemos delitos cibernéticos y delitos que están en las redes, como el grooming, que atacan también a los adolescentes”.
Un avance significativo en la detección temprana y judicialización de los casos es la creciente participación de los profesionales e instituciones en su rol legal. “Hoy también el funcionario obligado, llámese el agente policial que intervino en la situación, el psicólogo, el médico, o el docente, está haciendo la denuncia como funcionario obligado. Y eso nos parece muy importante, porque teníamos como una resistencia, como un miedo o un recelo a no involucrarse”.
La erradicación de estas conductas requiere ineludiblemente el compromiso de toda la comunidad, dado que las personas afectadas suelen tener dificultades psicológicas y sociales para reconocer su propia situación de vulnerabilidad. “La víctima muchas veces lo naturaliza tanto que no dimensiona, no identifica y muchas veces tiene miedo del qué dirán, del qué dirá la familia, del qué dirá el vecino, qué me van a decir en la policía. Necesitamos que la sociedad esté al tanto”, concluyó.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
