El grupo se llamaba “11pibe”. Según reconstruyó la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), allí distintos integrantes compartían coordenadas, fotografías de campos, videos y referencias sobre vuelos provenientes de Bolivia. Los mensajes funcionaban como una suerte de torre de control informal para organizar aterrizajes clandestinos en zonas rurales santafesinas.
La investigación salió a la luz el 12 de mayo pasado, cuando personal del Centro de Operaciones Antidrogas detectó el descenso de una avioneta Cessna 210 Centurión en un camino rural de Villa Eloísa, en el sur de Santa Fe. La aeronave había ingresado desde Bolivia con matrícula adulterada y transportaba diez bultos con 300 paquetes de cocaína, por un peso total de 321 kilos y 221 gramos. Cerca de la pista improvisada había camionetas esperando el cargamento y bidones preparados para repostar combustible.
Cuando los gendarmes intentaron identificar a los ocupantes comenzó una fuga violenta. Según la imputación fiscal, Santiago Emmanuel Borras escapó en una camioneta Fiat Strada y embistió al cabo Pablo Ezequiel Miranda, que sufrió fractura de base de cráneo y un sangrado frontoparietal. Mientras algunos sospechosos corrían hacia campos cercanos, otros incendiaron dos vehículos utilizados durante la maniobra para intentar borrar rastros.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Los pilotos bolivianos José Carlos Roca López, de 25 años, y Yamil Zabala Núñez, de 50, fueron detenidos durante rastrillajes en la zona rural. Horas después cayeron Santiago Emmanuel Borras, de 35 años; Juan Cruz Borras, de 27; y Agustín Héctor Subiela, de 34. Durante los allanamientos también secuestraron armas, municiones, dispositivos satelitales, GPS aeronáuticos, teléfonos celulares, una antena Starlink y droga.
Pero la historia de la investigación había comenzado varios meses antes y por un descuido. El 11 de noviembre de 2025 apareció abandonada una avioneta Cessna 182M Skylane en un campo de Arequito. En el lugar encontraron 62 kilos de cocaína, combustible, un arma y teléfonos celulares. Uno de esos dispositivos, un iPhone olvidado dentro de la aeronave, terminó convirtiéndose en la pieza central de la pesquisa.
Las pericias sobre el teléfono permitieron identificar conversaciones, reconstruir tareas de logística y detectar movimientos vinculados con vuelos clandestinos. Así apareció el nombre del piloto boliviano Jorge Mario Gómez Justiniano, actualmente prófugo y con pedido de captura nacional e internacional, y también el grupo “11pibe”, donde los integrantes coordinaban detalles de los aterrizajes.
Según expuso el auxiliar fiscal Santiago Iglesias durante la audiencia judicial realizada en Rosario, uno de los mensajes atribuidos al piloto decía “viajo full full” y hacía referencia al traslado de “400”, en aparente alusión a la cantidad de droga transportada. Los investigadores determinaron además que las coordenadas compartidas en el chat coincidían con los lugares donde posteriormente aparecieron las aeronaves.
La pesquisa avanzó entonces sobre los movimientos de los hermanos Borras, radicados en Roldán y señalados como parte de la logística terrestre encargada de recibir los cargamentos. Los investigadores sospechaban que la organización había convertido distintos campos santafesinos en pistas clandestinas para vuelos provenientes de Bolivia. Para confirmar esos movimientos implantaron tecnología de rastreo satelital en uno de los vehículos utilizados por los sospechosos y realizaron seguimientos durante meses, según reveló el diario La Capital de Rosario.
La avioneta secuestrada en Villa Eloísa tenía calcos argentinos colocados sobre su identificación original boliviana. En su interior también hallaron tarjetas SIM, teléfonos celulares y dispositivos de comunicación. Para los fiscales, la organización operaba con una logística coordinada y estable, con tareas divididas entre pilotos, receptores del cargamento y apoyo terrestre.
La causa también permitió vincular el operativo de Villa Eloísa con otra investigación narco de gran escala que tenía como objetivo avanzar sobre la estructura encabezada por Brian Walter Bilbao, detenido en 2025 en Exaltación de la Cruz mientras transportaba más de 900 kilos de cocaína que habían ingresado al país mediante vuelos ilegales. Los investigadores creen que ambos expedientes forman parte de una misma ruta aérea utilizada para introducir droga desde Bolivia hacia distintos puntos del país.
En la audiencia judicial, los fiscales sostuvieron que la organización desplegaba una logística sofisticada para sostener los aterrizajes clandestinos. Además de los vehículos utilizados para recibir los cargamentos, los investigadores detectaron sistemas de comunicación satelital, dispositivos Starlink y mecanismos de repostaje rápido de combustible para permitir que las aeronaves permanecieran pocos minutos en tierra. Según la reconstrucción oficial, los campos rurales eran previamente seleccionados, señalizados y monitoreados antes de cada vuelo.
Otro de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el nivel de organización detrás de las maniobras. La fiscalía sostuvo que existía una división funcional de tareas entre pilotos, encargados de la recepción terrestre y personas destinadas a coordinar los movimientos previos y posteriores a los aterrizajes. Parte de esa actividad, según la acusación, quedó registrada en fotografías, mensajes y videos intercambiados dentro del grupo de WhatsApp utilizado por los integrantes de la banda.
La Procunar les atribuyó a los detenidos el delito de tráfico de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas. Además, a Santiago Emmanuel Borras se le imputó tentativa de homicidio por haber embestido al gendarme durante la persecución. El juez federal de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz dictó prisión preventiva por un año para cuatro de los acusados y por 120 días para Subiela.
