Durante este lunes, la policía boliviana utilizó gases lacrimógenos para dispersar a grupos de manifestantes que intentaron avanzar hacia la Plaza Murillo, donde se encuentran el Palacio de Gobierno y el Poder Legislativo. La zona permanece bajo fuerte custodia policial y militar ante el temor de nuevos incidentes.
Los movilizados, algunos armados con petardos, piedras, palos y dinamita, buscaron romper el cerco de seguridad para ingresar a los edificios gubernamentales. Según medios locales, las sedes oficiales debieron ser evacuadas preventivamente mientras continuaban los enfrentamientos en las inmediaciones.
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La Fiscalía General del Estado confirmó además la emisión de una orden de aprehensión contra Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), una de las principales organizaciones que impulsa las protestas. El fiscal general Roger Mariaca indicó que la medida responde a informes policiales y denuncias presentadas por el Ministerio de Gobierno. También informó que hasta el momento hay 90 personas detenidas.
La crisis comenzó hace dos semanas, cuando distintos sectores sindicales, vecinales e indígenas reclamaron un aumento salarial del 20% y cuestionaron al gobierno de Paz, quien asumió la presidencia hace apenas seis meses tras dos décadas de predominio político del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Los manifestantes instalaron bloqueos en rutas estratégicas que rodean La Paz y El Alto, además de otros puntos del país. La situación provocó un progresivo desabastecimiento de combustibles, alimentos y medicamentos en la capital administrativa boliviana.
Entre los grupos que participaron de las movilizaciones se encuentran seguidores de Evo Morales, quienes llegaron a la Plaza Murillo tras semanas de marcha. El exmandatario enfrenta actualmente una orden de captura en una causa por presunta corrupción de menores y permanece refugiado en la región de Chapare, su principal bastión político.
Desde el gobierno denunciaron además una creciente radicalización de algunos sectores movilizados. El vocero presidencial José Luis Gálvez afirmó que ciertos grupos “pasaron al uso de armas” y advirtió sobre mensajes que promueven una “guerra civil”.
Según explicó el funcionario, entre los grupos identificados se encuentran integrantes de los denominados “Ponchos Rojos”, una facción campesina aimara del altiplano paceño conocida por su organización de estilo militar y por exhibir armamento en manifestaciones públicas.
Gálvez mostró además un video difundido en redes sociales en el que presuntos miembros de ese grupo aparecen portando armas en una ruta andina mientras lanzan consignas violentas. El gobierno sostiene que también hubo llamados para que los manifestantes llegaran armados a las marchas vinculadas al sector cocalero y al espacio político de Morales.
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
