La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el exvocero presidencial y actual Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina, Manuel Adorni, se centra en la compra de una propiedad que generó una ganancia de 30 mil dólares en seis meses. La Justicia analiza fotos de la remodelación y el origen de los fondos, mientras avanza con testimoniales clave.
Las imágenes muestran una transformación radical de los ambientes, que pasaron de un estado desordenado y antiguo a un diseño moderno con terminaciones de calidad en cocinas, baños y dormitorios.
La operación inmobiliaria por la que es investigado Adorni se concretó con dos jubiladas, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes declararon en sede judicial que desconocen los pormenores de la venta. Ambas explicaron que sus respectivos hijos, Leandro Miano y Pablo Martín Feijoo, se encargaron de toda la gestión.
Las mujeres, que perciben una jubilación de 350 mil pesos, compraron la propiedad al exfutbolista Hugo Morales por 200 mil dólares en mayo de 2025 y, seis meses después, la vendieron a Adorni por 230 mil dólares. El funcionario abonó un adelanto de 30 mil dólares y contrajo una deuda por los 200 mil dólares restantes con las vendedoras.
En el marco de las testimoniales, el fiscal Gerardo Pollicita les exhibió a las mujeres las fotos del “antes y después” del departamento. El interés de la fiscalía se enfoca en conocer los detalles y costos de las obras para determinar si el valor de las refacciones cubre la ganancia de 30.000 dólares que se generó en la transacción.
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Otras deudas y medidas judiciales
La investigación contra Adorni no se limita a esta propiedad. La causa se inició a partir de la acumulación de denuncias que apuntaban a un viaje que realizó en avión privado a Punta del Este y a supuestas inconsistencias en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. Además, se pesquisa otra hipoteca vinculada a una vivienda en la calle Asamblea al 1100. Sobre este inmueble, las policías Isabel Molina y Victoria María José Cancio confirmaron que Adorni les debe 70 mil dólares más intereses, una deuda que vence en noviembre de este año.
Debido a estas sospechas, el juez a cargo del caso, Ariel Lijo, ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni, de su esposa Bettina Angeletti y de sus cuatro acreedoras. En la misma línea, el fiscal solicitó información patrimonial y financiera a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) para establecer si las prestamistas tenían la capacidad económica suficiente para justificar los créditos y las garantías hipotecarias que figuran en la causa.
La ronda de pruebas testimoniales avanzará la próxima semana con la citación de los dueños de la inmobiliaria que intervino en la operación de Caballito, Natalia Rucci y su esposo, Marcelo Trimarchi. Ambos deberán presentarse el lunes 20.
Cabe mencionar que posteriormente, el miércoles 22 de abril, será el turno de Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que figura como vendedora.
Además, la pesquisa continuará con la adquisición y refacción de otra propiedad que se le atribuye a Adorni en el country Indio Cuá. Para ello, el exdueño Juan Ernesto Cosentino deberá prestar declaración. Asimismo, el contratista que ejecutó la remodelación de ese inmueble, Matias Tabar, deberá comparecer ante la Justicia.
Además, el fiscal Pollicita le solicitó que presente en Tribunales todos los presupuestos, órdenes de trabajo, adicionales de obra y cualquier otra documentación que permita establecer el alcance y el costo real de las tareas de construcción que le encomendaron.
