La Red de Manejo del Fuego Rural presentó su posición ante el Senado y afirmó que las modificaciones a la normativa vigente buscan corregir fallas jurídicas y económicas del sistema actual, sin comprometer la protección de los bosques nativos.
BUENOS AIRES (9 de abril de 2026),. La Red de Manejo del Fuego Rural informó que se realizó una presentación ante las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Honorable Senado de la Nación su posición técnica respecto a las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego (Ley N.º 26.815), incluidas en el Proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (Exp. PE 13/26).
Desde la entidad —que agrupa a consorcios de manejo del fuego en distintas regiones del país— señalaron que la reforma no implica una flexibilización ambiental, sino que busca corregir distorsiones del régimen vigente que han generado efectos jurídicos y económicos adversos sin reducir los incendios.
Un punto central: identificar a los responsables y a las víctimas de un incendio
Según explicaron, la normativa actual (Ley N.º 27.604) introdujo restricciones automáticas sobre el uso del suelo tras incendios, sin distinguir su origen ni las circunstancias del siniestro. “Se configuró un esquema que, en la práctica, presume culpabilidad y aplica consecuencias sobre propietarios que también son víctimas del incendio”, indicaron desde la Red.
En ese sentido, advirtieron que este enfoque:
- no ha demostrado eficacia en la reducción de la siniestralidad,
- genera incentivos que desalientan la denuncia de incendios,
- y produce efectos económicos desproporcionados sobre las tierras afectadas.
Protección ambiental: qué se mantiene en la ley
La entidad remarcó que la reforma mantiene intacta la protección de los bosques nativos, conforme al ordenamiento territorial establecido por la Ley N.º 26.331.
Las modificaciones se concentran en eliminar restricciones generalizadas que hoy se aplican también sobre tierras productivas, sin diferenciación ni sustento técnico.
Por otro lado, uno de los ejes del planteo es la ausencia de evidencia científica que respalde los plazos de restricción de uso del suelo (hasta 30 y 60 años).
Desde la Red señalaron que:
- los tiempos de recuperación varían según el ecosistema,
- en muchos casos son significativamente menores,
- y pueden incluir cambios en el uso del suelo como parte del proceso de restauración.
Impacto económico y seguridad jurídica
La entidad también advirtió que el régimen vigente genera:
- pérdida de valor de los activos,
- incertidumbre para la inversión,
- y restricciones que afectan el uso productivo del suelo de manera desproporcionada.
Finalmente, desde la Red señalaron que la discusión responsable de la problemática de los incendios rurales requiere un abordaje más amplio, que incluya prevención, detección temprana, ataque rápido, control, identificación de causas y responsabilidades y restauración.
“Este debate excede el alcance del proyecto presentado y requiere una discusión específica sobre políticas de gestión integral del fuego”, indicaron.
Desde la organización destacaron también que la reforma en tratamiento representa una oportunidad para alinear la normativa con principios básicos del derecho y evitar efectos contraproducentes.
“La protección ambiental y el respeto al debido proceso no son objetivos en conflicto. Corregir una regulación que genera distorsiones es un paso necesario para construir políticas públicas más eficaces”, concluyeron.
