Lo que amenazaba con convertirse en una de las sesiones más ásperas de los últimos meses terminó derivando en una tregua táctica de último momento. El oficialismo decidió pausar la ofensiva que venía preparando contra el radical Marcos Carasso, una avanzada que, en términos políticos, también implicaba apuntar contra los principales referentes opositores, Luis Juez y Rodrigo de Loredo.
El PJ modificó la estrategia y desistió de impulsar el tratamiento sobre tablas de una serie de iniciativas vinculadas a la situación judicial del dirigente radical y ahora exfuncionario del Tribunal de Cuentas que conduce el juecismo. De haberse habilitado esa discusión, el recinto habría quedado expuesto a un intercambio de alto voltaje en torno a un debate mucho más amplio sobre las implicancias institucionales y políticas del femicidio de Agostina Vega.
El peronismo resolvió no llevar al pleno, mediante una habilitación con mayoría agravada, los pedidos de informes impulsados por el jefe del bloque oficialista, Facundo Torres, y por la aliada Karina Bruno sobre la imputación de Carasso en una causa vinculada a una presunta estafa al PAMI y sobre el reciente allanamiento al Tribunal de Cuentas.
En cambio, optó por otra táctica: pasar al contragolpe y concentrar sus cuestionamientos en la oposición, acusando a radicales y juecistas de hacer un uso político del caso Agostina Vega y de incurrir en lo que definieron como un permanente “carancheo” político.
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¿Repliegue o cambio de táctica?
Desde la oposición, particularmente en la UCR y el juecismo, interpretaron el movimiento como un repliegue del oficialismo ante una contraofensiva que ya estaba preparada. Los principales bloques opositores estaban dispuestos a habilitar la discusión sobre Carasso, pero también a poner el foco en las derivaciones políticas e institucionales que, a su entender, quedaron expuestas tras el crimen de la adolescente.
En el PJ, sin embargo, rechazaron de plano esa lectura. Por el contrario, sostuvieron que ni siquiera les hizo falta utilizar los cinco minutos reglamentarios para instalar el tema Carasso durante la sesión, lo que no implica que el asunto haya quedado archivado ni que no pueda reaparecer con mayor intensidad en un próximo plenario.
De hecho, a lo largo de toda la jornada legislativa, el peronismo insistió sobre un mismo argumento: acusar a la oposición cambiemista de intentar obtener rédito político a partir del femicidio de la menor de 14 años cuyos restos fueron hallados en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.
Sin embargo, la tensión nunca desapareció. Por el contrario, lo que quedó expuesto durante el plenario es que los hechos de fuerte impacto político seguirán alimentando una dinámica de confrontación permanente entre oficialismo y oposición, con pases de factura cada vez más directos y menos disimulados.
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Fuego cruzado
En ese contexto, la oposición volvió a cargar contra el Gobierno provincial por las derivaciones del crimen y por los vínculos políticos atribuidos a Claudio Barrelier, principal acusado del femicidio.
Radicales, juecistas y otros bloques opositores insistieron en reclamar explicaciones sobre los antecedentes del acusado, su paso por el municipio capitalino y las responsabilidades institucionales de los distintos niveles del Estado —Provincia, Municipalidad y Justicia— que, a su juicio, deben ser investigadas.
La respuesta oficialista fue inmediata. Legisladores del PJ acusaron a la oposición de practicar un “carancheo político” a partir de una tragedia que conmociona a Córdoba y al país. No hubo una discusión específica sobre el tema, pero sí una sucesión de cruces que atravesó la sesión, incluso durante el tratamiento de asuntos completamente ajenos a la controversia.
Uno de los principales protagonistas fue el jefe del bloque oficialista, Facundo Torres, quien cerró el debate sobre la ley de capital emprendedor con fuertes cuestionamientos dirigidos al ala más dura de la oposición. Habló de un “carancheo constante”, acusó a sus adversarios de “politizar todo” y sostuvo que existe una estrategia sistemática para desacreditar cada iniciativa impulsada por el gobierno de Martín Llaryora.
“Solo piensan en el resultado de la próxima elección“, disparó Torres. Asimismo, defendió la postura del oficialismo frente al caso Agostina Vega al señalar que corresponde dejar actuar a la Justicia mientras la investigación permanece bajo secreto de sumario.
La réplica llegó desde la bancada juecista. Walter Nostrala cuestionó que el oficialismo utilizara el peso de su mayoría para clausurar discusiones y denunció un intento de cercenar la palabra de la oposición. “Si se hacen los picantes y los grandes oradores, que nos permitan responder“, reclamó.
El intercambio fue escalando a medida que avanzaba la sesión. Cuando Torres reivindicó el uso de las herramientas reglamentarias de la mayoría para ordenar el debate parlamentario, Nostrala retrucó que el oficialismo no estaba “abrazando la democracia”, sino “ahorcándola”.
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Duras críticas
En la misma línea se expresó el radical Miguel Nicolás, quien sostuvo que la oposición tiene la obligación de hablar de los temas que hoy preocupan a la sociedad cordobesa.
“Fue una bomba lo que pasó en Córdoba”, afirmó al referirse al femicidio de Agostina. A partir de allí cuestionó que el oficialismo pareciera más preocupado por la situación del Tribunal de Cuentas que por las múltiples investigaciones y allanamientos que, en los últimos tiempos, alcanzaron a distintas áreas del Estado provincial.
Las críticas más duras llegaron de la radical Alejandra Ferrero y de Gregorio Hernández Maqueda. Este último vinculó el caso con la figura del exconcejal peronista Ricardo Moreno y apuntó contra la relación política de Barrelier con distintos sectores del oficialismo.
“La muerte de Agostina dejó al descubierto la decadencia y contaminación del gobierno actual, con tremendas fallas en los controles. Esto es producto de un peronismo que durante años miró para otro lado, hizo favores y cobró por ellos, toleró mafias y luego se benefició de ellas”, fustigó Ferrero.
Noelia Agüero, por su parte, enumeró nombres de exfuncionarios, dirigentes y fiscales —entre ellos Raúl Garzón e Iván Rodríguez— que, según planteó, deberían formar parte de una discusión más amplia sobre las responsabilidades políticas e institucionales derivadas del femicidio.
Asimismo, Patricia Botta afirmó que resulta “muy triste” que la Legislatura deba volver a requerir explicaciones institucionales a raíz del asesinato de una niña de 14 años. La legisladora reclamó precisiones sobre las actuaciones judiciales y administrativas desplegadas desde la desaparición de Agostina Vega hasta el hallazgo de su cuerpo, y advirtió que el caso no constituye un hecho aislado, sino la expresión de una problemática más profunda.
Desde el PJ respondieron calificando los intentos de los sectores más duros de la oposición de vincular al gobernador Martín Llaryora con el acusado como una muestra de “impotencia política” y pidió respetar el pedido de los familiares.
“Cuando el dolor ajeno se convierte en una oportunidad para hacer política, conviene distinguir entre quienes estuvieron trabajando para encontrar respuestas y los caranchos de siempre, esperando el momento para sacar ventaja”, contragolpeó Torres.
Frente a este escenario, las derivaciones políticas del caso Agostina Vega terminaron marcando el clima de una sesión que dejó al descubierto un nivel de confrontación creciente entre el PJ y la oposición. La ofensiva contra Carasso quedó en pausa y los proyectos fueron girados a comisión, pero la disputa de fondo sigue intacta. Todo indica que tendrá nuevos capítulos en las próximas semanas.
