El celular ya es parte de la vida cotidiana de los adolescentes y su presencia en las aulas plantea un desafío que las escuelas no pueden esquivar: cómo recuperar la atención sin convertir la tecnología en un enemigo.
Los resultados de PISA 2022 muestran la dimensión del problema. Argentina se encuentra entre los países con mayor nivel de distracción asociada al uso de teléfonos celulares entre los cerca de 80 sistemas educativos evaluados por la OCDE. El 54% de los estudiantes argentinos de 15 años reconoció utilizar el dispositivo todos los días durante la jornada escolar y perder la atención del docente por estar pendiente de la pantalla.
La evidencia internacional también advierte que el problema no aparece únicamente cuando el alumno está mirando el teléfono. Distintas investigaciones señalan que la sola presencia del dispositivo puede afectar la concentración y consumir recursos cognitivos.
Un estudio de la London School of Economics encontró mejoras en el rendimiento académico después de eliminar los celulares de las aulas, con un impacto especialmente importante entre los estudiantes que ya presentaban mayores dificultades. Investigadores de la Universidad de Texas en Austin, en tanto, concluyeron que incluso un teléfono apagado puede afectar la memoria de trabajo y la capacidad de atención.
El desafío, entonces, no pasa solamente por prohibir o permitir. La pregunta es cómo generar un entorno en el que el alumno pueda conservar su teléfono, pero no tenga que enfrentarse permanentemente a la tentación de utilizarlo.
Limitar el acceso, no quitar el celular
Con ese enfoque, distintas instituciones educativas de Argentina y Uruguay comenzaron a implementar protocolos destinados a ordenar el uso de los dispositivos durante la jornada escolar. Una de las propuestas es la desarrollada por MotivEd, un programa que combina herramientas físicas, capacitación y acompañamiento para escuelas de Latinoamérica. El sistema busca resolver uno de los principales problemas que enfrentan los establecimientos: controlar el uso del celular sin trasladar toda la responsabilidad a los docentes.
La propuesta utiliza fundas individuales que bloquean la señal del teléfono. El alumno conserva el dispositivo durante toda la jornada, pero no puede acceder permanentemente a notificaciones, redes sociales o mensajes. Cada institución establece, a su vez, los momentos y espacios en los que el celular puede desbloquearse para actividades pedagógicas.
El mecanismo evita también otro problema habitual: que las escuelas deban juntar, almacenar y custodiar cientos de teléfonos durante las horas de clase.
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“La atención es un recurso limitado. Cuando el celular está disponible todo el tiempo, compite constantemente con el aprendizaje y con la convivencia. El desafío no es prohibir la tecnología, sino diseñar entornos donde aprender y relacionarse vuelva a ser más fácil”, explicó Nicolás Viñales, cofundador de MotivEd.
La iniciativa cuenta en Argentina con el apoyo de la Red Educativa Itínere, fundada por Darío Álvarez Klar. Para el especialista, la solución no debería quedar reducida a una medida de control.
“El objetivo no debería ser controlar a los chicos, sino acompañarlos a desarrollar autonomía y hábitos digitales saludables. Cuando se integra a un proceso educativo, deja de ser una restricción y ahí es donde realmente estamos educando”, señaló.
Según evaluaciones internas realizadas a los 90 días de implementación en más de 2.000 alumnos, los resultados muestran cambios en distintos indicadores vinculados con la atención y la convivencia. El porcentaje de estudiantes que manifestó sentirse involucrado en clase pasó del 38% al 60%. Los conflictos frecuentes entre estudiantes relacionados con el celular, en tanto, disminuyeron un 75%. A su vez, el 83% de los docentes consultados aseguró haber percibido a sus alumnos más presentes y comprometidos.
Cinco claves para cambiar el vínculo con el celular
La propuesta no se limita a una herramienta física. Los especialistas sostienen que cualquier política destinada a ordenar el uso de teléfonos necesita formar parte de una estrategia institucional más amplia.
1. Incorporar la regla al proyecto institucional.
La regulación del celular debe formar parte del reglamento escolar y explicar claramente sus objetivos: recuperar atención, mejorar el aprendizaje y favorecer la convivencia.
2. Definir cuándo y para qué puede utilizarse.
El objetivo no es eliminar la tecnología. Las escuelas pueden establecer momentos concretos en los que el teléfono tenga una función pedagógica, con reglas conocidas previamente por estudiantes, docentes y familias.
3. Involucrar a las familias.
Los hábitos digitales no se construyen únicamente en la escuela. El acompañamiento de padres y adultos responsables resulta fundamental para que las pautas tengan continuidad fuera del aula.
4. Mantener el teléfono en poder del alumno.
Frente a los sistemas de cajas, lockers o recolección, la alternativa propuesta busca que el estudiante conserve su dispositivo, pero que este permanezca inaccesible durante la jornada. Así, la escuela tampoco asume la responsabilidad por cientos de teléfonos.
5. Medir los resultados.
Registrar indicadores de atención, convivencia y bienestar antes y después de implementar una política permite saber qué funciona y realizar ajustes sobre la base de datos concretos.
