El recupero de los fondos en las causas por lavado de activos representa uno de los mayores cuellos de botella para el Estado. La etapa de ejecución de penas en la megacausa conocida como la “Ruta del dinero K” dejó al descubierto un escenario de fuertes contrastes. En una misma sintonía, la Cámara de Casación Penal le ratificó una sanción por 109 millones de dólares a un ex contador del esquema, pero al mismo tiempo anuló el rechazo a un pedido de cuotas presentado por otro de los empresarios condenados.
De un lado de la balanza judicial está Claudio Fernando Bustos, antiguo apoderado de Lázaro Báez en Austral Construcciones. La Sala IV del tribunal le ordenó abonar más de 109 millones de dólares, calculados al tipo de cambio oficial. Sin embargo, los números dictados en los tribunales chocan con su realidad patrimonial actual: los informes revelan que el ex contador reside en una casa con mantenimiento regular dentro de un barrio popular de Córdoba, sin acceso a red de cloacas, donde asiste a su madre de 96 años y a un hermano con discapacidad.
La defensa intentó amortiguar el impacto de la medida. Sus abogados cuestionaron que la multa se fijara en moneda extranjera y solicitaron que la conversión se realizara con la cotización vigente al momento de los hechos investigados, hace más de diez años. El juez Gustavo Hornos rechazó esa posibilidad y argumentó que la actualización al valor presente resulta necesaria para evitar que la sanción económica se deprecie.
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La otra cara de la resolución recae sobre Juan Carlos Molinari. Este empresario cobró notoriedad por financiar con 480 mil dólares la fiesta de casamiento de Leonardo Fariña y Karina Jelinek, como estrategia para promocionar su agencia de autos de alta gama. Condenado a tres años y medio de prisión, debe afrontar una multa de 2,2 millones de dólares. Sus representantes legales propusieron cancelarla en 48 cuotas, pedir seis meses de gracia y lograr el levantamiento de embargos sobre propiedades valuadas en unos 55 millones.
Aunque un tribunal inferior rechazó inicialmente este plan, Molinari encontró una respuesta favorable en Casación. Los jueces Javier Carbajo y Mariano Borinsky anularon esa negativa y ordenaron que se evalúe el esquema de pagos. Entendieron que el sistema judicial debe buscar un marco realista de cumplimiento voluntario y que mantener medidas cautelares desproporcionadas puede afectar los ingresos del condenado, entorpeciendo el cobro efectivo.
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El peso de una condena histórica
El juez Hornos fue la única voz en disidencia frente a la situación de Molinari. En su voto, defendió la ejecución inmediata de la multa y rechazó la posibilidad de otorgar facilidades de pago. Argumentó que la condena está firme desde abril de 2021 y que resulta incompatible levantar restricciones sobre un patrimonio millonario cuando se trata de una persona sentenciada por maniobras de lavado de activos.
Estas resoluciones sobre el aspecto económico cierran una etapa clave del expediente. Hace justo un año, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia contra todos los implicados. El máximo tribunal dio por probado el funcionamiento de una estructura financiera diseñada para blanquear más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013, a través de facturas falsas y transacciones internacionales.
El caso, que ganó trascendencia pública por las imágenes de la financiera “La Rosadita”, tiene a Lázaro Báez cumpliendo una pena unificada de 14 años de prisión. Con las penas de cárcel ya resueltas, el verdadero dolor de cabeza para la Justicia ahora es el dinero. El nuevo desafío es destrabar el “lio de embargos”, pedidos de cuotas y supuestas quiebras para lograr cobrar multas gigantes.
TC
