El Gobierno avanza con la reforma para desregular el mercado inmobiliario. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, ultima un proyecto de ley que enviará al Congreso en los próximos días para modificar el funcionamiento del sistema. Estaba previsto que ingrese en junio.
El principal cambio que plantea es la eliminación de la matrícula obligatoria para ejercer el corretaje, servicio de intermediación, que funciona como barrera de entrada al mercado.
Así, se suprimiría la exigencia del título universitario, además de otorgar libertad para fijar honorarios, sin aranceles mínimos ni máximos. Con ello, se les quitaría a los colegios profesionales buena parte de sus facultades.
A su vez, se contemplará el avance tecnológico, por lo que se habilitaría la opción de operar mediante plataformas digitales, sin restricciones geográficas, permitiendo que tanto personas físicas como jurídicas presten el servicio desde cualquier provincia sin reinscripciones locales, favoreciendo a nuevos modelos comerciales apoyados en Inteligencia Artificial, recorridos virtuales y firmas electrónicas.
El objetivo es reducir los costos de las operaciones de compraventa, aumentar la competencia y facilitar el ingreso de nuevos actores, anticipó Sturzenegger en un encuentro organizado por Reporte Inmobiliario en la Universidad Católica Argentina (UCA).
En su presentación, fue crítico de la colegiación obligatoria y cuestionó que los colegios “usen el poder para fijar condiciones”, por lo que definió a la determinación de un precio mínimo como “una aberración social”.
Voces a favor y en contra de la desregulación
La discusión enfrenta dos modelos distintos: uno basado en más competencia y menos regulaciones, y otro que considera indispensable mantener la colegiación como garantía de seguridad jurídica para quienes compran o venden una propiedad.
Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi), sostuvo que “hoy se limita la competencia”. “Impide que personas formadas presten servicios si no pertenecen al rubro. La tecnología ofrece herramientas que funcionan como autorreguladores más eficientes que el modelo vigente”, apuntó.
Sebastián Sosa, presidente y cofundador de Remax Argentina y Uruguay, destacó que “debería evaluarse qué valor aportan los colegios”. “Si la ley busca abrir esa conversación, el debate es bienvenido. Toda medida que apunte a modernizar y simplificar operaciones merece ser analizada. La idea es lograr un mercado más dinámico y accesible, sin perder confianza ni calidad de servicio”, resaltó.
En ese sentido, la reforma pone foco en el crecimiento del ecosistema prop-tech. Al respecto, Jorge Amoreo Casotti, CEO y fundador de la start-up Pint, señaló que “los colegios se transformaron en un monopolio”. “Lo que se propone es ponerlos a competir. El gran perjudicado es el inquilino, que paga costos que en gran parte del mundo asume el propietario”, reforzó.
Del otro lado, los profesionales cuestionan el proyecto. La Cámara Inmobiliaria Argentina rechazó la iniciativa e impulsa la creación de un Registro Nacional Único de Corredores Inmobiliarios y Asistentes, que unifique criterios en todo el país.
“No es cualquier actividad: está en juego el patrimonio de las familias. El corredor matriculado no solo asesora, es un sujeto obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF), con deberes de identificar a las partes, verificar el origen de los fondos y colaborar en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La función es clave para la transparencia”, consideró Nancy Vieitez, titular de la inmobiliaria homónima y presidenta de la cámara.
“Si cualquiera puede intermediar, ¿quién asume esas obligaciones ante la UIF? ¿Quién responde por los controles y las irregularidades que pueden detectarse? Además, la matrícula no representa un costo para el Estado. Se sostiene con los aportes de los profesionales. Nadie está obligado a contratar una inmobiliaria. Sin embargo, más de 98% de quienes compran o venden una propiedad lo hacen con un corredor”, agregó.
Marta Liotto, presidenta del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci) y del Colegio Inmobiliario porteño, coincidió: “La propuesta no debe plantearse entre regulación o libertad, sino entre profesionalismo o improvisación”.
“Pretender desregular abre la puerta a los riesgos que implica operar sin controles con intermediarios no calificados, prácticas abusivas, fraudes y desprotección. La matrícula no es un privilegio sectorial ni como una simple transacción comercial: es una garantía, asegura la formación específica y responsabilidad. Detrás de una operación hay ahorro, inversión y proyectos de vida. Por eso, el rol del corredor matriculado es indispensable”, agregó.
Al respecto, Manuel Mel, dueño de Mel, opinó que “intervendrían personas no idóneas y se podrían generar estafas, ya que no necesitarían certificarse con un ente regulador”. “El rol del profesional respaldado es garantizar la concreción de la operación bajo extrema confianza. Inmobiliarias de renombre, con años en la industria, se destacarán sobre agentes independientes”, adelantó.
