La disputa por la protección de los glaciares argentinos sumó un nuevo capítulo. Las organizaciones Asociación de Abogados/as Ambientalistas, Greenpeace y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentaron ante la Justicia nuevas evidencias en el marco de la demanda colectiva que cuestiona la reforma de la Ley de Glaciares y busca impedir que el proyecto minero Vicuña avance sobre áreas actualmente protegidas.
La presentación judicial pone el foco en el Glaciar de Escombros GE110, ubicado en el departamento Iglesia, en la provincia de San Juan. Según sostienen las organizaciones, este cuerpo glaciar forma parte del Inventario Nacional de Glaciares y se encuentra dentro de la zona donde se proyectan obras vinculadas al emprendimiento minero impulsado por las multinacionales BHP y Lundin.
Ante este escenario, solicitaron una medida cautelar urgente para impedir que el glaciar sea retirado del inventario oficial mientras continúa el proceso judicial que analiza la constitucionalidad de los cambios introducidos en la legislación nacional.
La preocupación se profundizó luego de que el Gobierno nacional aprobara el ingreso del proyecto Vicuña al RIGI. El emprendimiento integra los desarrollos Josemaría y Filo del Sol y prevé la explotación de cobre, oro y plata en la cuenca del río Jáchal, una región donde el agua es considerada un recurso estratégico y cada vez más escaso.
Proyecto minero Vicuña: por qué preocupa el impacto sobre los glaciares de San Juan
De acuerdo con la documentación presentada ante la Justicia, el área donde se encuentra el Glaciar de Escombros GE110 sería alcanzada por un tajo minero a cielo abierto de aproximadamente 259 hectáreas.
Las organizaciones recuerdan que la existencia de esta geoforma fue denunciada en 2021 por la Asamblea Jáchal No Se Toca ante el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Tras las evaluaciones correspondientes, el organismo reconoció que debía ser incorporada al Inventario Nacional de Glaciares, una decisión que quedó plasmada en la Resolución 514/2022 del entonces Ministerio de Ambiente.
Además, Greenpeace documentó en febrero de este año, mediante un sobrevuelo de la zona, intervenciones mineras visibles en sectores alcanzados por la protección establecida en la normativa original. Para las organizaciones, la posterior reforma de la Ley de Glaciares abre la puerta a legalizar actividades que anteriormente estaban prohibidas.
La presentación judicial advierte que si el glaciar pierde su protección legal y el proyecto avanza bajo los beneficios otorgados por el RIGI, cualquier fallo favorable podría llegar cuando los impactos sobre el territorio ya sean irreversibles.
Reforma de la Ley de Glaciares: el reclamo de más de 850 mil personas
El nuevo escrito forma parte de una demanda colectiva respaldada por más de 850 mil ciudadanos, junto con referentes ambientales, organizaciones sociales, asambleas territoriales y especialistas de todo el país.
Entre los firmantes se encuentran Marta Maffei, autora de la Ley de Glaciares original, la Asamblea Jáchal No Se Toca, la Asamblea Popular por el Agua, Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y diversas organizaciones ambientales que consideran que la reforma pone en riesgo uno de los principales sistemas de protección hídrica del país.
Los demandantes sostienen que la nueva normativa reduce las garantías sobre glaciares y ambientes periglaciares, ecosistemas fundamentales para la regulación del agua en regiones áridas y semiáridas de Argentina.
Para las organizaciones, el caso del Glaciar GE110 representa una prueba concreta de los riesgos asociados a la flexibilización de la ley. Advierten que permitir el avance de actividades extractivas sobre territorios inventariados podría vaciar de contenido el principio preventivo que dio origen a la legislación y sentar un precedente para futuros proyectos en zonas sensibles.
Mientras la Justicia analiza la cautelar presentada, el conflicto vuelve a poner en el centro del debate la tensión entre la promoción de grandes inversiones mineras y la preservación de reservas estratégicas de agua en un contexto de creciente presión sobre los recursos naturales.
Las organizaciones insisten en que la decisión debe tomarse antes de que se produzcan daños irreversibles. “En materia de glaciares y agua, llegar tarde equivale a convalidar la pérdida”, sostienen.
Fecha de publicación: 24/06, 8:53 am
