Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, el Estado argentino amplió sus capacidades para vigilar espacios públicos y digitales mediante reconocimiento facial, análisis de redes sociales, drones, cámaras y herramientas capaces de procesar grandes volúmenes de datos. Esa es la principal conclusión de Estado de vigilancia, una nueva investigación de Amnistía Internacional que analiza los primeros dos años del gobierno de Javier Milei y advierte sobre la falta de controles y mecanismos de rendición de cuentas.
En ese escenario apareció este año un componente que agregó (aún más) interrogantes: la visita a la Argentina de Peter Thiel, uno de los empresarios tecnológicos más influyentes de Estados Unidos y cofundador de Palantir, compañía de análisis de datos para gobiernos, fuerzas de seguridad y ejércitos cuestionada por organizaciones de derechos humanos.
Las tecnologías de vigilancia abarcan desde cámaras y sistemas biométricos hasta software capaz de recolectar y combinar información sobre individuos y grupos. Pueden identificar una cara, rastrear publicaciones de internet, reconstruir relaciones entre usuarios o buscar patrones en grandes bases de datos. Su despliegue crece de la mano de la inteligencia artificial y pone en juego derechos como la privacidad, la protección de datos y las libertades de expresión, reunión y asociación.
El fenómeno también puede leerse a través del “tecnosolucionismo”, concepto asociado al crítico tecnológico Evgeny Morozov: la tendencia a tratar problemas políticos, económicos o sociales complejos como si pudieran resolverse con mejores herramientas técnicas. “Para todo problema hay una app”, como máxima de Silicon Valley, que encaja en la promesa de Palantir.
El informe de Amnistía señala que estas capacidades crecieron en paralelo con reformas en seguridad e inteligencia en Argentina. La vigilancia ya figuraba en la plataforma electoral de La Libertad Avanza, que proponía bases vinculadas con reconocimiento facial y mayor inversión tecnológica para las fuerzas. La investigación adopta un enfoque “sociotécnico”: analiza las herramientas junto con las normas que habilitan su uso, los organismos que reciben los datos, los proveedores y los controles existentes.
Amnistía revisó expedientes, órdenes de compra y pliegos técnicos, seleccionó once contrataciones nacionales y porteñas, realizó cuatro pedidos de acceso a la información y entrevistó a 21 periodistas, activistas, jóvenes, jubilados y defensores de derechos humanos. Parte de las respuestas oficiales fueron parciales y Seguridad invocó en algunos casos razones de seguridad nacional o secreto de inteligencia. La organización dice financiarse principalmente con aportes de miembros y donaciones.
Entre las herramientas relevadas aparecen Clearview AI, para reconocimiento facial, y Maltego, utilizada para cruzar información de redes sociales y otras fuentes abiertas. En paralelo, la visita de Thiel y la inversión de 76 millones de dólares en Vista de su fondo volvieron a poner bajo la lupa a Palantir, aunque no existe evidencia pública de un contrato con el Estado argentino.
Clarín entrevistó a Matt Mahmoudi, investigador y asesor de Amnistía Internacional sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, que llegó al país esta semana para presentar el informe.
El crecimiento de la vigilancia masiva en Argentina
El Gobierno nacional incorporó reconocimiento facial con Clearview AI, herramientas de inteligencia de fuentes abiertas como Maltego, drones y nuevas capacidades de ciberpatrullaje, mientras reformó organismos de seguridad e inteligencia.
Para Mahmoudi, el cambio central está en la escala y en la posibilidad de conectar tecnologías y bases antes separadas.
─Las sociedades siempre tuvieron alguna forma de vigilancia. ¿Qué cambió en los últimos años?
─Gran parte de la vigilancia que vemos hoy es vigilancia masiva, no solamente dirigida contra un individuo. Las tecnologías digitales permiten capturar información y focalizar personas a una escala que antes no existía. Los gobiernos recurren al reconocimiento facial o al predictive policing [vigilancia predictiva], que dependen de extraer información de redes sociales, registros públicos y otras bases sin consentimiento. Ya no se trata solamente de investigar a alguien sospechado de un delito. El simple hecho de participar de la vida pública puede exponerte a vigilancia impulsada por IA. Lo que cambió es esta sospecha por defecto, donde los ciudadanos pasan a ser potenciales amenazas bajo argumentos de seguridad nacional.
─La inteligencia artificial también parece haber acelerado esa tendencia. ¿Hay una idea de que estas herramientas hacen “magia”, una suerte de tecno optimismo respecto de estas tecnologías?
─Sí, podemos pensar que un martillo es una gran herramienta, pero no lo usarías para hornear pan. Un modelo de lenguaje puede ser muy bueno prediciendo texto, pero eso no significa que pueda resolver problemas políticos, económicos o sociales complejos. Los políticos muchas veces son seducidos por empresas que les dicen que, porque un chat parece mágico, la IA puede resolver problemas de seguridad, salud o educación. Ese hype [entusiasmo desmedido] empuja a gobiernos hacia empresas que no rinden cuentas. Los LLM son, en cierto sentido, la “droga de entrada”: una vez que aceptás que la IA puede solucionarlo todo, empezás a usarla para vigilancia o para intentar determinar preventivamente quién puede cometer un delito.
─En el informe aparecen contrataciones del gobierno argentino, Clearview AI, Maltego, ciberpatrullaje y drones. ¿Qué significa ese conjunto para alguien que vive en Argentina?
─Estas tecnologías permiten poner en comunicación grandes bases de datos de imágenes, redes sociales e información gubernamental. Eso produce un riesgo de vigilancia masiva que no habíamos visto antes en Argentina. Con reconocimiento facial, información sobre las protestas a las que vas, lo que publicás o distintos registros estatales puede terminar relacionada con tu identidad. También vemos falta de transparencia: las autoridades hablan de reconocimiento facial retrospectivo en lugar de reconocimiento en vivo, pero el primero también depende de grandes cantidades de imágenes para identificar personas.
─¿Y los drones?
─Los drones agregan movilidad. Pueden emplearse para vigilancia biométrica y captar rostros o movimientos donde una cámara fija no llega. El informe documentó 69 drones adquiridos por el Gobierno nacional y cerca de un millón de dólares entre esos equipos y su infraestructura, además de evidencia de su uso durante protestas frente al Congreso.
─El “tecnosolucionismo”, esta idea de que la tecnología puede resolver cualquier problema, ¿se vuelve más atractivo en un contexto de dificultades económicas?
─Sí. En situaciones de austeridad, los gobiernos pueden desplegar IA como una forma de “arreglar” problemas. Vuelve la idea de la magia: que traer centros de datos creará empleo o que las empresas de IA traerán inversión. Los gobiernos venden el tecnosolucionismo, pero la tecnología puede terminar funcionando como una distracción. Las preguntas deberían ser qué hace un gobierno con la economía, la salud o la educación. Cuando responde incrementando la vigilancia sobre la disidencia y las protestas, eso también puede ser una señal de fragilidad del Estado.
Cuándo la vigilancia pasa un límite de la democracia
La vigilancia no es ilegal por definición, aclara el reporte publicado por Amnistía Internacional. El derecho internacional admite restricciones a la privacidad cuando están justificadas.
El problema aparece cuando deja de estar dirigida a un sospechoso concreto y abarca poblaciones enteras, o cuando sistemas automatizados intentan inferir qué puede hacer alguien en el futuro.
─¿Existe un uso legítimo de estas tecnologías?
─Sí. Bajo el derecho internacional, una medida de vigilancia debe ser legal, perseguir un objetivo legítimo, ser necesaria y proporcionada. Si el Gobierno investiga a un individuo que cometió un delito y realiza vigilancia dirigida, podría ser aceptable. Otra cosa, por ejemplo, es considerar que periodistas son una amenaza a la seguridad nacional porque documentan lo que hace el Gobierno y utilizar contra ellos herramientas invasivas. Ahí no existe un objetivo legítimo: el periodista está haciendo su trabajo.
─¿Qué ocurre cuando el Estado identifica a alguien dentro de una protesta?
─Si su rostro puede vincularse con imágenes obtenidas de redes sociales y el sistema está conectado con otras bases gubernamentales, potencialmente podés relacionarlo con publicaciones, registros educativos, información sanitaria y otras fuentes. Muchas veces, además, la sociedad ni siquiera sabe qué contratos fueron firmados ni qué salvaguardas existen.
─El informe cuestiona también el “predictive policing”, esto es, intentar predecir crímenes. ¿Por qué?
─Intentar prevenir un crimen mediante perfiles supone tratar de establecer la intención de alguien antes de que cometa un delito. No existe una tecnología capaz de determinar con precisión esa intención. Si una persona manifiesta comportamientos violentos, eso debería ser detectado por sistemas sociales, educativos o sanitarios. Si decimos que la única manera de garantizar seguridad es utilizar tecnología para determinar quién podría delinquir, todos nos volvemos sospechosos y se erosiona la presunción de inocencia.
─¿Qué consecuencias sociales produce sentirse vigilado?
─¿Qué pasa si un día tomás otro camino para ir al trabajo o decidís espontáneamente sumarte a una multitud y el sistema identifica eso como una anomalía? ¿De qué sirve la libertad de movimiento o de reunión si sentimos que debemos disciplinar nuestro comportamiento porque sabemos que el Gobierno puede observarnos? En nuestra investigación, manifestantes dijeron que modificaron sus conductas o reconsideraron participar en protestas por temor a ser identificados. La gente puede exigir regulaciones y salvaguardas, pero también hay tecnologías que deberían prohibirse.
─¿Ahí entra el reconocimiento facial?
─Para Amnistía, el reconocimiento facial utilizado para vigilancia masiva es incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos y el predictive policing erosiona la presunción de inocencia. Hay líneas rojas que no deberían cruzarse.
Por qué Palantir puede ser un peligro para la democracia
Palantir lleva esa discusión a otra escala. La compañía cofundada por Peter Thiel desarrolla sistemas para gobiernos, fuerzas de seguridad y ejércitos capaces de integrar enormes cantidades de información y convertirlas en herramientas operativas.
Thiel pasó parte del año en Argentina, se reunió con Milei, fue a un superclásico y hasta jugó al ajedrez en Almagro. El único dato concreto de su presencia fue que compró una casa en Barrio Parque y, esta semana, que su fondo invirtió 76 millones de dólares en Vista Energy.
Hasta ahora no existe evidencia pública de un contrato de Palantir con el Estado argentino.
Pero el informe de Amnistía explica por qué están dadas todas las condiciones para que eso sí suceda.
─Técnicamente, ¿cómo opera Palantir?
─Palantir dice que hace big data analytics, pero eso explica poco. Uno de los elementos centrales es lo que llama su “ontología”: rediseña la arquitectura de información de una organización para que bases que normalmente están compartimentadas puedan funcionar juntas. Sobre eso construye herramientas como Gotham, utilizada para analítica predictiva por organismos policiales o migratorios, o Artificial Intelligence Platform, que incorpora modelos de lenguaje en procesos de decisión, incluso militares. La ontología hace que bases que antes no se comunicaban de repente puedan hablar entre ellas. Eso permite formas de vigilancia masiva extremadamente personalizadas. Además, Palantir suele enviar ingenieros que trabajan directamente dentro de la organización para personalizar las herramientas según sus objetivos.
─Google, Meta, Microsoft y Amazon recolectan cantidades enormes de datos y también trabajan con gobiernos y ejércitos. ¿Qué tiene Palantir de diferente?
─Deberíamos preocuparnos por todas esas empresas, especialmente cuando no demuestran procesos adecuados de debida diligencia en derechos humanos. Pero llevamos alrededor de cinco años investigando a Palantir y no hemos podido acceder a información sobre un proceso de ese tipo. Palantir reconoció preocupaciones sobre el uso de sus herramientas contra migrantes en la frontera sur de Estados Unidos y aun así renovó ese contrato. También proporcionó al Estado de Israel productos como Foundry, Gotham, Gaia y AI for Defense después de que existiera evidencia de crímenes de atrocidad en Gaza. Microsoft o Amazon, por lo menos, tienen políticas de derechos humanos y existe algún tipo de interlocución. Palantir muestra muy poca consideración respecto de cómo sus productos pueden contribuir a violaciones de derechos.
─¿Qué ocurre cuando ustedes cuestionan a Palantir? ¿La empresa responde?
─Cuando investigamos una compañía siempre le escribimos y presentamos nuestras alegaciones. Con empresas como Microsoft o Amazon suele existir algún tipo de diálogo. Palantir es como una caja negra. A veces responde para negar las acusaciones y otras directamente no responde.
─No hay evidencia pública de un contrato con el Gobierno argentino, pero hubo reuniones y Thiel tiene inversiones concretas en el país. ¿Qué les preocupa?
─Sabemos por información pública que existieron reuniones. Pero hay otro dato muy importante: el Gobierno argentino contrató Clearview AI, una compañía sancionada en distintos países por cuestiones vinculadas con datos y privacidad. Si un Gobierno está dispuesto a trabajar con Clearview, eso indica muy poca consideración por el derecho a la privacidad. Nuestra investigación encuentra tendencias hacia el tecnoautoritarismo en Argentina: consolidación de esfuerzos de vigilancia, aumento de la adquisición de herramientas y acercamientos con actores tecnológicos problemáticos. Hay muy pocas protecciones vigentes capaces de impedir que este tipo de contratos avancen.
─Si tuviera que explicarle a un argentino por qué debería preocuparle un eventual contrato con Palantir, ¿qué le diría?
─Miremos su historial. Cada vez que existe un riesgo grave de violaciones internacionales de derechos humanos, de alguna manera están ahí: en Gaza, en las atrocidades contra migrantes en Estados Unidos, en sistemas de predicción criminal cuestionados ante tribunales en Alemania o en las controversias por datos de pacientes en Reino Unido. Están obteniendo beneficios del uso de datos de las personas sin su consentimiento y sin rendir cuentas. Si una empresa tiene ese historial, ¿tiene lugar en una sociedad libre que respeta los derechos humanos? La respuesta probablemente sea no. Si la respuesta es “no” para Clearview, absolutamente debería ser “no” para Palantir.
