El objetivo innegociable del gobierno de Javier Milei de mantener el superávit fiscal a cualquier costo como elemento ordenador de la economía viene chocando contra una fuerte caída de la recaudación, que en junio bajó un 7,4% frente al mismo mes del año anterior, sin contar los efectos de la inflación.
Por eso, el equipo económico de Milei tiene la misión de seguir recortando el gasto público y apunta ahora a dos temas que generan conflicto con los gobernadores de las provincias: los subsidios a la “zona fría” de gas y a los colectivos en el Interior.
En una de las primeras tareas del flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, el “Colo” junto a los senadores de La Libertad Avanza (LLA) y bloques aliados para avanzar en la modificación del régimen de Zona Fría, que generaría un ahorro fiscal cercano a los $ 200.000 millones o un 0,02% del Producto Interno Bruto (PIB).
El problema es que hay pocos gobernadores -en algunos casos, los jefes políticos de los senadores- dispuestos a acompañar a Milei en un recorte de subsidios a 1.700.000 hogares de sus provincias, pese a que perciban ingresos familiares por más de $ 4,5 millones por mes.
Un elemento que el oficialismo tiene para la negociación es la promesa de compensar a gobernadores del Noreste Argentino (NEA) con un “subsidio al aire acondicionado” -descuentos extra sobre los consumos de energía eléctrica en verano.
Es la tercera vez que Milei intenta recortar el régimen de subsidios cruzados a los consumos del gas en zonas frías: no pudo durante la discusión de la primera versión de la Ley Bases, en 2024, ni con el Presupuesto 2026.
Sin embargo esta vez, con el recambio legislativo y un Congreso mucho más favorable al oficialismo, el proyecto tuvo media sanción en mayo en Diputados, con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones. Por eso Santilli y la jefa de bloque de LLA Patricia Bullrich, tratan de darle ahora la puntada final en el Senado.
El proyecto retrotrae el beneficio automático a las zonas originales del régimen de zona fría: la Patagonia, Malargüe y la Puna. Para las áreas incorporadas en 2021, limita los descuentos a hogares que acrediten vulnerabilidad. Así, el recorte llegaría decenas de departamentos de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires (en casi 100 localidades), Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.
Otro frente: el boleto de colectivos
Otro frente de batalla con los gobernadores, con la misma necesidad fiscal, es el reordenamiento de la Tarifa Social Federal para unos 5,5 millones de usuarios del transporte público automotor (colectivos) en las provincias, que tienen un subsidio sobre el 55% del precio del boleto.
La Secretaría de Transporte, mediante la resolución 40/2026 publicada el miércoles 1 de julio en el Boletín Oficial, reestructuró el esquema y estableció como referencia las tarifas vigentes al 30 de junio para calcular los subsidios.
Hasta el momento, el Gobierno se hacía cargo del 55% de los boletos que pagan los jubilados, pensionados, titulares de planes sociales, ex combatientes de la guerra de Malvinas y personal de casas particulares. Y cuando cada provincia ordenaba por su cuenta un aumento en las tarifas, crecía el monto que tenía que destinar la Nación para cubrir la diferencia.
De esta forma, le hará pagar no solo el costo social de las subas tarifarias a los gobernadores, sino también una porción de los subsidios.
Según un relevamiento del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, las ciudades argentinas con los boletos de colectivos más caros son Bariloche, Río Negro, a $ 2.046; Mar del Plata, Buenos Aires, a $ 1.922; Santa Fe, a $ 1.900; Corrientes, a $ 1.890; y Resistencia, Chaco, a $ 1.885.
