La jueza Civil y Comercial de Carlos Paz, Viviana Rodríguez, condenó a la Provincia de Córdoba a pagar casi $60 millones a María Antonella Ricci, víctima de abuso sexual de su padrastro Roberto Clavero, extitular de Cemdo (Cooperativa Eléctrica Mixta de Villa Dolores) y hombre fuerte del peronismo en Traslasierra.
La jueza determinó que existió una “falta de servicio” flagrante y una violación a los derechos humanos por la parálisis de la causa penal entre 2005 y 2022. Por ese motivo hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios presentada contra el Gobierno de la Provincia de Córdoba. El fallo reconoce la responsabilidad objetiva del Estado por el actuar irregular de sus operadores judiciales en la sede de Villa Dolores, quienes mantuvieron paralizada una denuncia de abuso sexual infantil durante casi dos décadas.
La sentencia que establece la reparación económica quedó firme. Entre indemnización y honorarios de abogados, la Provincia deberá pagar más de $120 millones.
En paralelo, hay una causa penal donde fiscales fueron denunciados por inacción.
Un dirigente con mucho poder
La inacción judicial es gravísima. Lo reconoce la jueza Rodríguez (titular del Juzgado Civil y Comercial y de Familia de 2a Nominación de Carlos Paz) y se hace aún más palpable al advertir la secuencia de apartamientos anteriores por los que el expediente finalizó en Punilla.
Durante el trámite de la demanda todos los jueces de Traslasierra se inhibieron de intervenir por vínculos con Clavero, lo que demuestra el enorme poder que ostentó durante décadas como dirigente cooperativo y político. Los jueces de Villa Dolores Marcelo Ramiro Duran Lobato, Sandra Elizabeth Cuneo, Sergio Ariel Ponce, Soledad Juncos y el titular del Juzgado Civil de Cura Brochero José María Estigarribia se inhibieron de intervenir ante la demanda de Ricci.
Finalmente, tras este derrotero procesal, las actuaciones fueron remitidas a Carlos Paz donde la jueza Viviana Rodríguez, admitió la demanda y dictó la sentencia.
Bouwer recibirá a la mujer trans acusada de abusar sexualmente de siete presas en Córdoba
La víctima, una “desaparecida” en el sistema
Antonella Ricci -patrocinada por los abogados Germán Romero Marcón y Emiliano Binante- promovió la demanda alegando haber sido discriminada y privada del acceso a la justicia por más de 17 años. Según su relato, la causa penal se originó en marzo de 2005 por una denuncia de su madre contra su padrastro, Hugo Roberto Clavero, por abusos cometidos desde que tenía cuatro años. Sin embargo, pocos días después, su madre se retractó alegando que era una “fábula”. En ese momento la víctima tenía 14 años. La inacción judicial permitió que, al convivir en la misma casa, los abusos continuaran durante una década.
Ella denunció que la causa estuvo dormida y “cajoneada” deliberadamente. Ricci vinculó esta parálisis a la inmunidad judicial e influencias políticas de Clavero, quien ocupó diversos cargos públicos y era cercano al legislador Oscar González. La demandante afirmó que fue una “desaparecida en el sistema judicial” mientras siguió padeciendo los ataques sexuales.
Recién en 2022, la fiscal de Instrucción María Eugenia Ferreyra activó la investigación que culminó en mayo de 2024 con la condena a 28 años de prisión de Clavero y de 16 años de cárcel para Analía Montenegro, madre de Antonella y pareja de Clavero.
El fiscal General Carlos Lezcano negó que vaya a renunciar: “Eso no está en mi mente”
Mala praxis judicial
La jueza Rodríguez basó su decisión en hechos indubitables. Uno fue la parálisis de la causa por 17 años, que subrayó como un “dato objetivo de la realidad” que demuestra la ineficiencia del Estado. Determinó que los fiscales intervinientes quebrantaron el deber legal de brindar una protección eficaz y oportuna a una persona vulnerable.
El fallo encuadró el caso bajo la doctrina de la “falta de servicio”, la cual compromete la responsabilidad del Estado cuando la administración de justicia funciona mal o tardíamente. Remarcó que esta responsabilidad es objetiva y no requiere probar la culpa individual de cada funcionario, sino la irregularidad de la prestación misma
También aplicó estándares internacionales (CIDH y Reglas de Brasilia), señalando que el derecho al acceso a la justicia exige una resolución en un plazo razonable. Consideró que el Poder Judicial “fracasó en su tarea” al permitir que los derechos de Antonella se diluyeran por la inacción.
Para cuantificar el daño moral, la magistrada utilizó el criterio de satisfacciones sustitutivas para mitigar el dolor padecido. Otorgó $59.800.000; equivalentes a unos US$ 40.000. Rechazó los reclamos por daño psíquico y tratamiento psicoterapéutico futuro, señalando que esos rubros ya habían sido indemnizados en la sentencia penal de 2024 contra Clavero y la madre de Ricci.
Honorarios millonarios
La jueza Rodríguez también fijó honorarios para los abogados de la demandante y de la Provincia. Lo curioso es que el Procurador del Tesoro, Mariano Armando Andruet, y el Director General de Asuntos Judiciales, Gustavo Daniel Laucirica no brindaron una respuesta sobre el fondo de la cuestión, ya que no contestaron la demanda ni ofrecieron prueba alguna. Sin embargo, percibirán $22,9 millones por ser abogados de la Provincia.
En el caso de Germán Romero Marcón y Emiliano Binante, abogados de la víctima, percibirán en conjunto $36,4 millones.
Al quedar firme la sentencia, ahora todos los montos deberán ser ejecutados.
