Una de las falacias más frecuentes en la discusión sobre el proyecto de Ley de Libertad Educativa puede resumirse en dos palabras: vouchers educativos. El hecho no sólo empobrece el debate, sino que tampoco refleja el contenido del proyecto, que no se limita a un instrumento de financiamiento.
Su eje es más amplio: reconocer la libertad educativa, el derecho de las familias a elegir y la posibilidad de que el financiamiento público acompañe esa elección mediante distintos mecanismos.
Países Bajos ofrece un ejemplo especialmente útil para comprender esta diferencia. Solemos asociarla con bicicletas, tulipanes, molinos de viento, tierras ganadas al mar y una compatriota que se convirtió en reina hace más de una década. Mucho menos conocemos una de sus características institucionales más singulares: un sistema educativo en el cual la libertad de elección de las familias convive, desde hace más de un siglo, con diversidad de escuelas, financiamiento público y supervisión estatal. No se trata de un sistema de vouchers. Las familias no reciben un vale para pagar la escuela.
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El sistema neerlandés descansa sobre una regla constitucional. Bajo el artículo 23 de la Constitución, el Estado financia en igualdad de condiciones a escuelas públicas y privadas, siempre que cumplan exigencias como número mínimo de alumnos y horas de clase.
La Inspección de Educación de los Países Bajos resume esa libertad en tres dimensiones: fundar escuelas, organizar la enseñanza y definir los principios religiosos, ideológicos o pedagógicos de cada institución. No se trata sólo de que los padres puedan elegir entre escuelas existentes. También se reconoce que la sociedad civil puede crear instituciones con proyectos diversos, dentro de reglas comunes.
El financiamiento confirma la misma idea. Eurydice, la base europea de información sobre sistemas educativos, señala que las escuelas primarias reciben un presupuesto mediante un modelo de suma global, destinado a financiar personal, funcionamiento y materiales educativos. La lógica no es la de un voucher entregado a la familia, sino la de un financiamiento público que reconoce instituciones diversas.
La escala del sistema muestra que no se trata de un rasgo marginal. La OCDE informa en Education at a Glance 2025 que, en los Países Bajos, el financiamiento público representa el 88,2% de los recursos destinados a la educación primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria.
A su vez, otra revisión de la OCDE del mismo año muestra la magnitud del sector privado financiado por el gobierno: en 2023, las escuelas privadas concentraban el 70% de la matrícula primaria, el 74% de la secundaria inferior y el 92% de la secundaria superior.
La libertad educativa en los Países Bajos no nació como una reforma con criterio economicista. Tiene su origen en un largo conflicto, conocido como la cuestión escolar, en el cual familias y comunidades católicas y protestantes reclamaron igualdad de trato frente al Estado.
El problema era concreto: si el Estado financiaba sólo a la escuela pública, quienes elegían una escuela acorde con sus convicciones debían afrontar un costo adicional, además de contribuir con sus impuestos al sostenimiento del sistema. La libertad existía formalmente, pero no en condiciones equivalentes.
El compromiso constitucional de 1917 resolvió ese conflicto al reconocer la igualdad de financiamiento entre escuelas públicas y privadas que cumplieran los requisitos legales.
La relevancia de Países Bajos para el debate argentino no reside en presentarla como un sistema perfecto ni en usarla como prueba de desempeño escolar. Su interés es institucional. Muestra que la libertad educativa puede convivir con financiamiento público, escuelas estatales y privadas reconocidas, reglas comunes y supervisión, sin que ello implique necesariamente un sistema de vouchers.
Esa experiencia ayuda a leer con mayor precisión el proyecto de Ley de Libertad Educativa. El proyecto no presenta al voucher como única forma de apoyo a las familias. Por el contrario, contempla un conjunto amplio de instrumentos: vales, bonos, becas, créditos fiscales, asignaciones a familias o alumnos, asignaciones a instituciones estatales y privadas, y partidas especiales de equidad e innovación.
También prevé que las asignaciones a instituciones consideren la cantidad de alumnos, las condiciones socioeconómicas, la discapacidad, la ruralidad y la transparencia en la gestión.
Por eso, discutir la ley como si fuera simplemente una ley de vouchers es, como mínimo, perder de vista su contenido principal.
Países Bajos no ofrece una receta para copiar. Ofrece algo más útil: una experiencia vigente que ayuda a distinguir el instrumento del principio. El voucher es apenas una herramienta posible. La cuestión de fondo es si el financiamiento público debe quedar atado a la oferta estatal o si puede también acompañar la elección educativa de las familias, tal como lo contempla el proyecto de Ley de Libertad Educativa.
*Miembro de la Academia Nacional de Educación y Director del UCEMA Friedman Hayek Center
