Cuáles son los desafíos más complejos que enfrenta la universidad argentina en los próximos años? ¿La educación es un gasto o una inversión que genera rendimiento para los Estados? ¿Es cierto que los estudiantes extranjeros generan mayores ingresos para el fisco argentino que el costo que implica solventar su educación en nuestras aulas? ¿La Argentina está preparando a sus jóvenes para los desafíos del futuro? ¿Puede nuestro país convertirse en un actor relevante en la sociedad del conocimiento?
El sistema argentino de educación superior es único en el mundo. Sus principales distintivos se vinculan con el no arancelamiento, el acceso irrestricto y la autonomía.
La Constitución argentina establece el derecho a la educación como un principio fundamental y garantiza estos tres pilares: las universidades públicas argentinas son no aranceladas, gozan de autonomía académica, administrativa y financiera, y todas las personas que deseen estudiar en ellas pueden hacerlo. Las consecuencias de este sistema son claras y comprobables: calidad, excelencia y prestigio.
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La autonomía no implica ausencia de control ni discrecionalidad en el uso de los recursos públicos: las universidades rinden cuentas ante el Poder Legislativo a través de
la Auditoría General de la Nación, lo que asegura un verdadero control externo sin intervención en las decisiones académicas, administrativas o de gobierno. A su vez, cada universidad cuenta con sistemas de auditoría interna y órganos de control propios, encargados de supervisar la administración de los recursos, el cumplimiento de normas y los procesos de gestión. De este modo, la autonomía universitaria se ejerce dentro de un marco institucional que garantiza independencia académica y, al mismo tiempo, responsabilidad en la gestión pública.
Esta estructura ha posicionado a las universidades públicas argentinas entre los lugares más altos de los rankings internacionales de educación superior, en comparación con otras universidades de la región y del mundo.
Estos rankings —entre los que se encuentran el QS World University Rankings, el Scimago Institutions Rankings, el Times Higher Education World University Rankings y el Academic Ranking of World Universities (“Shanghai Ranking”)— se basan en indicadores de calidad académica, investigación científica y empleabilidad.
Una dimensión central de esa calidad se vincula con los mecanismos institucionales que garantizan la selección y evaluación del cuerpo docente. Una de las más importantes tiene que ver con que los docentes son elegidos a partir de la realización de concursos públicos, lo que asegura la excelencia, la transparencia del proceso, el reconocimiento del mérito académico y el pluralismo. Los investigadores de las universidades nacionales crean redes, publican en las revistas más prestigiosas y son reconocidos en el mundo por sus aportes. Por su parte, la empleabilidad demuestra
la valoración de los empleadores hacia la calidad formativa de las universidades, así como la capacidad concreta de sus graduados para insertarse y destacarse en el mercado laboral.
La calidad y el prestigio de estas instituciones atraen permanentemente a estudiantes de distintos países de América Latina y del mundo, quienes eligen a las universidades argentinas para cursar estudios de grado y posgrado.
Esto, además de promover una diversidad cultural inédita en sus claustros, genera ingresos económicos para las arcas estatales a partir del consumo de estos estudiantes en sectores estratégicos. Más aún, todas las encuestas muestran que las universidades nacionales gozan del más alto reconocimiento social.
Cada año, las aulas reciben nuevas generaciones de estudiantes que, en muchos casos, son los primeros de sus familias en acceder a la universidad. Esto únicamente es posible en un sistema que fomenta el ingreso irrestricto y financia la educación, convirtiendo a las universidades públicas en una de las experiencias personales y colectivas más significativas para los argentinos.
La inversión estatal en educación no solo produce avances en términos de equidad y oportunidades, como la movilidad social ascendente, sino que también genera mejoras económicas: mayores niveles educativos tienen efectos positivos sobre la salud, los índices de criminalidad, el ambiente y la cohesión social. En un mundo cada vez más desigual, la educación constituye una de las herramientas más potentes para superar la transmisión intergeneracional de la pobreza, y la educación pública tiene mucho que aportar en ese sentido, tanto en los contenidos que se ofrecen en sus aulas como en la posibilidad de acceso para todos los que desean transitar por ellas. (…)
La gran mayoría de los profesionales de la salud que atienden en nuestro país se formaron en universidades públicas. Tomando datos de las últimas décadas, el 79 % de los médicos, el 84,9 % de los odontólogos y el 88,1 % de los veterinarios son graduados de universidades nacionales.
Cuando la universidad pública es atacada—por ejemplo, desfinanciándola— se pierden docentes que ya no pueden sostener sus cargos, y se resiente el conjunto del sistema de enseñanza, investigación y extensión que se desarrolla en hospitales y programas específicos. La consecuencia, en el mediano y largo plazo, es la disminución de profesionales.
En la Argentina no sobran médicos, odontólogos ni veterinarios; por el contrario, faltan en casi todo el país y en muchas especialidades el acceso a la salud continúa siendo complejo para una parte significativa de la población.
El peso de la universidad pública en las ciencias básicas es aún más pronunciado: en ellas se formaron más del 90 % de los físicos y matemáticos de la Argentina. Los desafíos que plantean las tecnologías del conocimiento —y sus aplicaciones en inteligencia artificial y en desarrollos que aún no podemos prever—requieren contar con un número creciente de personas formadas en estas áreas.
Tanto las carreras de ciencias de la salud como las de ciencias básicas requieren una elevada inversión para contar con las condiciones adecuadas para su dictado. No alcanza con aulas, pizarrones y pupitres: se necesitan laboratorios y consultorios equipados con una amplia diversidad de instrumental e insumos de alto costo. La evidencia empírica acumulada en las últimas cuatro décadas muestra que el esfuerzo presupuestario que realiza el subsistema público de universidades en estas carreras estratégicas resulta insustituible.
El ejercicio profesional de los graduados de las universidades nacionales vuelca conocimientos y servicios en beneficio de toda la ciudadanía, incluso de quienes nunca pisaron una universidad. Por consiguiente, la inversión en educación pública no se limita a quienes transitan las aulas, sino que repercute directamente en el bienestar de la población en su conjunto.
Asimismo, toda la sociedad se beneficia del impacto de la función social de la universidad y de los avances científicos y tecnológicos que allí se generan. Por ejemplo, el programa de extensión “UBA en Acción” de la Universidad de Buenos Aires ofrece a la población atención médica, odontológica, óptica y veterinaria, así como consultoría jurídica y asesoramiento psicológico, de manera gratuita por parte de estudiantes y docentes de distintas facultades.
Los avances científicos y tecnológicos generados en las universidades nacionales son numerosos (…). Entre otros ejemplos, la Universidad Nacional de La Plata participa en una planta piloto que aplica tratamientos biológicos para reducir compuestos tóxicos provenientes de colillas de cigarrillos. La Universidad Nacional del Litoral, junto con el Conicet, ha desarrollado una plataforma tecnológica de alta complejidad con equipamiento de frontera.
Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario y el Conicet crearon una variedad de soja de mayor rendimiento, mientras que equipos de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de San Martín, la CNEA y el INTI desarrollan componentes electrónicos destinados a experimentos en nanosatélites.
La propuesta de esta obra es demostrar que la universidad pública argentina constituye una inversión estratégica con retornos sociales, económicos y productivos ampliamente verificables. A lo largo de la obra se sostiene que la inversión en educación pública es una decisión racional desde el punto de vista económico, fiscal y productivo, y que su carácter no arancelado, su acceso irrestricto y su autonomía no solo no constituyen un costo ineficiente para el Estado, sino que son condiciones necesarias para maximizar el desarrollo, la movilidad social y la generación de conocimiento. En este sentido, la universidad pública no debe ser comprendida como un gasto, sino como una política estructural que produce beneficios que exceden a quienes transitan sus aulas, impactando sobre el conjunto de la sociedad. (…)
Inversión en ciencia y técnica: el camino de los países Desarrollados
El desarrollo científico y tecnológico no es el resultado del azar ni de la voluntad individual. Es, ante todo, una decisión colectiva sostenida en el tiempo. Los países que lograron mayores niveles de bienestar, competitividad económica e integración internacional son, en general, aquellos que hicieron de la ciencia y la técnica una política de Estado.
La experiencia histórica es clara. Tras la Segunda Guerra Mundial, Japón diseñó una estrategia de reconstrucción basada en tres pilares: educación, desarrollo tecnológico e infraestructura. En 1956 creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología y, en las décadas siguientes, promovió la investigación aplicada, la formación de ingenieros y el desarrollo de industrias de alto valor agregado. El resultado fue una transformación profunda: de país devastado por la guerra, Japón se convirtió en una de las principales potencias tecnológicas del mundo.
Un proceso similar ocurrió en Corea del Sur. En la década de 1960 era un país con bajos niveles de industrialización y alta dependencia externa. A partir de una fuerte inversión en educación científica, investigación aplicada y tecnología digital, en menos de medio siglo se transformó en un referente global en electrónica, telecomunicaciones y biotecnología. Hoy destina cerca del 4,8 % de su Producto Bruto Interno (PBI) a Investigación y Desarrollo (I+D), uno de los porcentajes más altos del mundo.
También en Europa, países con modelos económicos diversos mantienen altos niveles de inversión pública en conocimiento. Alemania, por ejemplo, invierte aproximadamente el 3,1 % de su PBI en I+D, con una participación destacada de las universidades técnicas, los institutos Fraunhofer y el sector privado. Finlandia y Suecia sostienen un compromiso estable con la ciencia, la innovación y la calidad educativa como motores del desarrollo. En todos estos casos, el conocimiento es entendido como una inversión estratégica y no como un gasto.
Israel, con un ecosistema científico-tecnológico muy vinculado a la innovación, la defensa y el emprendedurismo, invierte más del 5 % de su PBI en I+D. Estados Unidos, cuya economía se apoya en universidades de excelencia, agencias federales como la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) o los Institutos Nacionales de Salud (NIH), y un ecosistema empresarial orientado a la tecnología, destina cerca del 3,4 % de su PBI al mismo fin.
En cambio, los países que invierten poco en ciencia enfrentan mayores dificultades para desarrollarse de forma sostenida. La dependencia tecnológica, la vulnerabilidad ante crisis sanitarias o ambientales y la escasa capacidad para generar valor agregado son algunas de las consecuencias más frecuentes. La baja inversión científica también limita la formación de recursos humanos calificados y reduce las oportunidades de integrarse a cadenas de valor globales, con efectos económicos adversos.
En términos fiscales, no hay una relación directa entre el nivel de impuestos y la inversión en ciencia. Existen países con presión tributaria alta y fuerte inversión en I+D —como los nórdicos—, y otros con presión baja pero con políticas específicas de fomento —como Irlanda o Singapur—. Lo determinante no es el tamaño del Estado, sino las decisiones estratégicas que se toman respecto de cómo y dónde se asignan los recursos.
En este contexto, la Argentina enfrenta un desafío estructural. La inversión en ciencia y técnica fue históricamente discontinua y muy condicionada por los ciclos económicos y políticos. Según datos del Banco Mundial, en los últimos años el país destinó alrededor del 0,5 % de su PBI a actividades de I+D, muy por debajo de los niveles de los países más desarrollados.
Aun así, el sistema científico argentino logra mantener capacidades destacadas en diversas áreas. Ello se explica por el compromiso de sus investigadores, la calidad de su educación superior y una red institucional que incluye al Conicet, a las universidades nacionales y a organismos como INTA, INTI y CNEA, así como a empresas públicas como INVAP. Estas instituciones, que integran capitales públicos y privados, desarrollan y exportan tecnologías de alta complejidad, entre ellas reactores nucleares de investigación, satélites de observación terrestre, radares civiles y de defensa, y sistemas de control y automatización industrial. Estos desarrollos posicionan a la Argentina entre los pocos países de la región con capacidad para diseñar, fabricar y comercializar soluciones tecnológicas de vanguardia en el mercado internacional.
Esta resiliencia, sin embargo, tiene límites. La falta de financiamiento sostenido impide planificar a largo plazo, retiene menos talentos jóvenes y debilita la posibilidad de construir una estrategia nacional de desarrollo basada en el conocimiento. En distintos momentos críticos de la historia argentina, las crisis económicas y políticas generaron olas de emigración de investigadores y profesionales calificados, lo que implicó la pérdida de capacidades formadas durante años y la interrupción de líneas de investigación estratégicas. Al mismo tiempo, el país enfrenta una creciente competencia global por recursos humanos altamente calificados, lo que vuelve aún más urgente la necesidad de generar condiciones estables para producir, aplicar y transferir conocimiento dentro del territorio nacional.
La comparación internacional muestra que no se trata solo de cuánto se invierte, sino de cómo se lo hace. Los países que convirtieron la ciencia en motor de desarrollo combinan inversión sostenida, planificación estratégica, articulación público-privada y vínculos con la sociedad.
En ese camino, la Argentina cuenta con una base sólida sobre la cual construir, pero necesita convertir esa potencialidad en política de Estado.
Dentro de ese contexto, en 2023 el Estado argentino adoptó una herramienta de planificación de largo plazo: el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, que fue sancionado por ley con amplio consenso legislativo. El documento establece una serie de objetivos estratégicos para el fortalecimiento del sistema científico-tecnológico, y propone una hoja de ruta con metas cuantificadas de inversión: preveía elevar el gasto total en investigación y desarrollo (público y privado) desde el 0,52 % del PBI registrado en 2020 al 0,85 % en 2025 y al 1,70 % en 2030, con una meta adicional del 1 % del PBI en inversión pública hacia 2032, en línea con la Ley 27614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
El plan organiza sus prioridades a partir de agendas sectoriales, transversales y federales, y orienta las políticas hacia áreas consideradas estratégicas para el desarrollo nacional, como la biotecnología, la salud, la energía, la agroindustria, las tecnologías espaciales y el fortalecimiento de capacidades científicas en todo el territorio.
La existencia de una planificación de esta naturaleza resulta relevante no solo por sus objetivos, sino también por su vocación de continuidad. La experiencia acumulada en las últimas décadas —y particularmente en el período más reciente— muestra que la discontinuidad en las políticas científicas debilita las capacidades acumuladas, interrumpe procesos estratégicos y desalienta la formación de nuevas generaciones de investigadores. Por eso, uno de los principales desafíos de cualquier sistema científico es sostener sus lineamientos centrales más allá de los ciclos políticos o económicos, garantizando previsibilidad, inversión sostenida y una agenda estratégica compartida.
Este tipo de políticas se ve obstaculizada cuando quienes atacan a la ciencia y la educación destinan porcentajes del PBI muy inferiores a los pautados apenas unos años antes. En 2025, el gasto en Ciencia y Tecnología apenas alcanza el 0,15 % del PBI, muy lejos del 0,85 % que se preveía en 2023.
Ciencia en la Argentina: logros y desafíos
La historia de la ciencia no es una simple acumulación de descubrimientos. Es la historia de cómo las sociedades comprenden, transforman y organizan el mundo a través del conocimiento. No fue un camino lineal ni exento de controversias. Cada avance respondió a preguntas de su tiempo, pero también abrió nuevas posibilidades, redefinió relaciones de poder e impactó en la forma de producir,
de curar, de habitar y de gobernar. En la sociedad del conocimiento, comprender el proceso de construcción de la ciencia es clave para decidir qué lugar queremos darle hoy en la vida pública.
La Argentina adoptó tempranamente una estrategia de modernización que integraba educación científica, importación tecnológica y construcción de instituciones. En el siglo XIX se crearon universidades, museos, jardines botánicos, observatorios y redes intelectuales que incorporaron los saberes europeos. Intelectuales como Domingo Faustino Sarmiento, Eduardo Holmberg y Juan María Gutiérrez, entre otros, promovieron una visión que ligaba ciencia, progreso y nación. La ciencia, en ese marco, era vista como instrumento de civilización y de construcción estatal.
Durante el siglo XX, la ciencia se consolidó como un factor clave en la competencia geopolítica. La carrera por el conocimiento fue también una carrera por el poder. La relatividad, la mecánica cuántica, la energía nuclear, la biología molecular, la electrónica y la informática no solo redefinieron los paradigmas científicos, sino también las estrategias de defensa, desarrollo y dominación. Las guerras mundiales, la Guerra Fría y la expansión industrial multiplicaron la inversión estatal en investigación, sobre todo en Estados Unidos, Europa occidental y, desde mediados del siglo, en países asiáticos como Japón y Corea del Sur. La ciencia pasó a ser un asunto de Estado.
En ese contexto, la Argentina consolidó capacidades científicas propias, especialmente en campos como la medicina, la física, la biotecnología y las ciencias agrarias.
Ejemplos de eso son la creación del CONICET en 1958, el desarrollo del plan nuclear con fines pacíficos, la cooperación satelital, la red de universidades públicas y el trabajo de organismos como el INTA y el INTI. Aun con bajos niveles de inversión respecto de los países desarrollados, la ciencia argentina logró insertarse en redes internacionales, formar recursos humanos de excelencia y generar conocimiento relevante para las necesidades del país. Aunque signada por momentos de avance y retroceso, constituye una de las tradiciones científicas más sólidas de América Latina. Esa trayectoria es el resultado de una apuesta colectiva, sostenida en distintos períodos, por formar recursos humanos, generar conocimiento propio y participar en redes científicas globales.
La Argentina es el único país de la región que cuenta con cinco premios Nobel vinculados al conocimiento científico y humanístico, todos ellos formados en la universidad pública. En 1936, Carlos Saavedra Lamas recibió el Premio Nobel de la Paz por su intervención diplomática en la resolución del conflicto del Chaco. En 1947, Bernardo Houssay, graduado y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), fue distinguido con el Nobel de Fisiología y Medicina por descubrir el rol de la hipófisis en el metabolismo de los hidratos de carbono, lo que permitió entender mecanismos clave en enfermedades como la diabetes. En 1970, Luis Federico Leloir, también formado en la UBA, recibió el Nobel de Química por sus estudios sobre los nucleótidos de azúcar y su papel en la biosíntesis de carbohidratos, esenciales para comprender trastornos metabólicos como la galactosemia. En 1980, Adolfo Pérez Esquivel, de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), arquitecto y defensor de los derechos humanos, obtuvo el Nobel de la Paz por su compromiso con la no violencia y la denuncia de violaciones a los derechos fundamentales durante la última dictadura cívico militar. En 1984, César Milstein, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, fue galardonado con el Nobel en Fisiología y Medicina por sus aportes fundamentales al desarrollo de los anticuerpos monoclonales, una herramienta revolucionaria en la inmunología moderna.
Estos reconocimientos individuales no deben interpretarse como hechos aislados. Reflejan la existencia de una infraestructura académica sólida, una cultura científica activa y políticas públicas —aunque no siempre continuas— que hicieron posible la formación de investigadores del más alto nivel. A estas figuras se suman nombres como René Favaloro, pionero mundial en cirugía cardiovascular y creador del bypass aortocoronario, quien combinó excelencia médica con una concepción profundamente ética de la ciencia al servicio de la sociedad. Favaloro se formó en la Universidad Nacional de La Plata y fundó su propia institución dedicada a la medicina, la docencia y la investigación.
☛ Título: La universidad pública argentina
☛ Autor: Emiliano Yacobitti
☛ Editorial: Sudamericana
☛ Edición: Julio de 2026
☛ Páginas: 192
Datos del autor
Emiliano Yacobitti cuenta con una trayectoria estrechamente ligada a la educación pública.
Cursó sus estudios secundarios en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini y se graduó de contador público en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Preside el Consejo Estratégico del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina y dirige proyectos de investigación y transferencia científica.
Fue presidente de la Federación Universitaria Argentina y ocupó cargos de gestión institucional en la Facultad de Ciencias Económicas y en el Rectorado de la UBA, donde actualmente es vicerrector.
