El Gobierno endureció las reglas migratorias y habilitó la expulsión de extranjeros que emitan mensajes de odio contra argentinos, inciten a la violencia por motivos de nacionalidad o participen en actos de ultraje a los símbolos patrios. La medida también permitirá impedir el ingreso al país de personas alcanzadas por esas conductas.
La decisión fue oficializada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei e integrantes de su Gabinete.
A través de esta normativa, el Poder Ejecutivo incorporó nuevas causales que podrán ser utilizadas por las autoridades migratorias para rechazar el ingreso de extranjeros al territorio argentino. Entre ellas figuran haber “dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino” cuando la conducta esté motivada por la nacionalidad.
El nuevo texto también alcanza a quienes hayan “realizado o participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales” o hubiesen incitado a terceros a cometer cualquiera de esas conductas.
Para implementar estos cambios, el decreto modificó la Ley de Migraciones 25.871 y añadió estos supuestos entre las causales de inadmisión al país y también entre aquellas que habilitan la cancelación de residencias migratorias ya otorgadas.
La reforma alcanza tanto a extranjeros que pretendan ingresar a la Argentina como a aquellos que ya cuenten con autorización para residir en el país. En estos últimos casos, el documento incorpora las nuevas conductas entre los motivos que pueden derivar en la pérdida de la residencia.
En paralelo, el decreto modificó el artículo 63 de la misma ley y establece que la cancelación de la residencia por estas causas podrá derivar en una intimación para abandonar el territorio nacional dentro de un plazo determinado o directamente en la expulsión del país, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso.
Entre las razones que lo llevaron a tomar esta decisión, el Gobierno mencionó que “han aumentado considerablemente los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional”. Argumentó, en ese sentido, que estas situaciones representan un riesgo para la convivencia social.
El texto agregó que “no corresponde permitir que aquellos extranjeros que se encuentren en la República Argentina o en el exterior que hayan manifestado mensajes de odio o actos de hostilidad contra los ciudadanos argentinos puedan ingresar o residir en el territorio de la República”.
La norma incorporó además una aclaración vinculada con la libertad de expresión. El nuevo inciso estableció que “en ningún caso podrán encuadrarse” dentro de estas causales las “expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana” que constituyan un ejercicio legítimo de los derechos garantizados por la Constitución.
Entre los argumentos jurídicos utilizados para justificar la medida, el decreto mencionó disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos vinculadas a la prohibición de la apología del odio que constituya incitación a la violencia y sostiene que la reforma resulta compatible con las limitaciones previstas para la protección de la seguridad nacional, el orden público o los derechos de terceros.
De acuerdo con el artículo 4° de la norma, las modificaciones entrarán en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y el DNU será remitido al Congreso.
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