Según informó La Nación, Empresas de Estados Unidos comenzaron a analizar su ingreso en la Hidrovía Paraguay-Paraná, el principal corredor logístico de la Argentina, en el marco de la licitación que impulsa el gobierno de Javier Milei para adjudicar su operación. El movimiento se da en paralelo a gestiones del banco de desarrollo estadounidense U.S. International Development Finance Corporation, que mantuvo reuniones recientes con autoridades argentinas para explorar inversiones en sectores estratégicos.
Según fuentes vinculadas al proceso, la empresa belga DEME —una de las firmas en competencia junto con Jan De Nul— presentó su oferta con respaldo de compañías estadounidenses como Great Lakes Dredge & Dock y Clear Street, que participan en la estructuración financiera y evalúan incluso una eventual inversión directa.
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En este contexto, el interés de capitales norteamericanos se vincula con la política del actual gobierno de promover una mayor apertura a inversiones extranjeras, particularmente provenientes de Estados Unidos, en infraestructura crítica. La Hidrovía concentra cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales del país y conecta los principales polos productivos con mercados regionales como Brasil, Paraguay y Bolivia.
El esquema en análisis también contempla la posible participación de organismos multilaterales, como la Corporación Financiera Internacional, lo que refuerza el carácter estratégico de la concesión en disputa.
Sin embargo, el proceso no está exento de tensiones. Existen diferencias interpretativas sobre los requisitos del pliego, especialmente en lo referido a la composición societaria de los oferentes. Mientras algunas fuentes sostienen que la estructura financiera puede completarse en etapas posteriores, otras advierten que debía quedar definida desde la presentación inicial, lo que podría limitar la incorporación de nuevos socios.
A esto se suma un nuevo foco de conflicto: Jan De Nul presentó observaciones formales contra la oferta de DEME, cuestionando aspectos técnicos, financieros y administrativos, como la validez de la garantía de oferta y el cumplimiento de requisitos del pliego.
La licitación, que contempla inversiones estimadas en unos 10.000 millones de dólares a lo largo de 25 años, define el control de uno de los activos más relevantes de la economía argentina. En ese marco, el eventual ingreso de capital estadounidense no solo introduce un componente económico, sino también geopolítico, en una puja donde el Gobierno excluyó a empresas con participación estatal extranjera, dejando fuera a firmas chinas y reconfigurando el escenario de competencia internacional.
Fuente: La Nación
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— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
