La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) lanzó una dura advertencia sobre la sostenibilidad del transporte público en las provincias. Según la entidad, el sistema atraviesa una crisis sin precedentes producto de la quita de subsidios nacionales, el aumento descontrolado del combustible y una deuda millonaria que el Estado mantiene con las empresas.
Esta situación ya impacta directamente en los usuarios de la región: para intentar sostener la operatividad, las empresas han aplicado una reducción de frecuencias de hasta el 40% fuera de los horarios pico y la suspensión de servicios nocturnos en diversas localidades.
Las causas de una crisis «terminal»
Desde la Fatap, bajo las firmas de Gerardo Larrea y José Cano, detallaron los factores que empujaron al sistema al abismo:
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Combustible a precio de mercado: El gasoil representa el 18% de los costos operativos. Con los últimos aumentos, las empresas aseguran que cada suba del 25% en el combustible debería trasladarse en un 4% de aumento al boleto, algo que las tarifas actuales no llegan a cubrir.
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Deuda por «Atributos Sociales»: El Estado Nacional adeuda los pagos de los descuentos de la tarjeta SUBE (jubilados, pensionados y beneficiarios sociales) correspondientes a enero, febrero y marzo. Hoy, son las propias empresas las que financian este beneficio de sus bolsillos.
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Desigualdad con el AMBA: Mientras en Buenos Aires el boleto se mantiene entre los $700 y $800 gracias a los subsidios, en el interior el costo real para cubrir gastos operativos ya supera los $2.300.
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El riesgo de un paro total
La imposibilidad de afrontar los costos operativos pone en jaque el pago de salarios, lo que podría derivar en medidas de fuerza gremiales en los próximos días. Desde el sector empresarial aseguran que, sin una liberación inmediata de los fondos adeudados y una redistribución más equitativa de los recursos, el servicio público de pasajeros en el interior corre riesgo de desaparecer.
La Fatap solicitó de carácter urgente una mesa de diálogo con el Gobierno nacional para evitar la paralización definitiva de las unidades, en un contexto donde el transporte se ha vuelto un artículo de lujo para los trabajadores del interior.
