El Poder Judicial de Misiones inició este martes un proceso de escucha activa y trabajo conjunto para avanzar en la implementación del nuevo régimen penal juvenil, establecido por la Ley 27.801, que entrará en vigencia el próximo 5 de septiembre. La primera reunión se realizó en el edificio de Tribunales de Posadas y reunió a jueces, fiscales, defensores, asesores tutelares y equipos técnicos.
El encuentro estuvo encabezado por el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Juan Manuel Díaz, junto a sus pares Roberto Rubén Uset y Valeria Fiore Cáceres. La convocatoria tuvo como eje generar un espacio de intercambio directo entre los operadores judiciales para delinear los primeros pasos de un proceso de transformación que implicará cambios estructurales en el abordaje de la justicia penal juvenil.
“El Poder Judicial de la Provincia de Misiones se encuentra empeñado en ajustar sus herramientas de intervención para afinar los instrumentos que permitan llevar adelante la puesta en funcionamiento de esta ley, que trae aspectos que la diferencian del régimen vigente”, explicó Díaz.
El nuevo marco normativo implica el paso de un sistema inquisitivo y tutelar hacia uno acusatorio y garantista, con foco en la reinserción social de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Entre los principales cambios se destacan la ampliación del universo de personas alcanzadas —con la baja en la edad de imputabilidad— y la incorporación de herramientas como la justicia restaurativa, la mediación penal y el fortalecimiento de la defensa.
En ese sentido, el ministro remarcó: “Se pone el foco en el proceso de reinserción y resocialización de los niños y adolescentes, en el fortalecimiento de su representación en juicio, en los derechos de las víctimas y en la incorporación de herramientas como la mediación penal y la justicia restaurativa”.
El proceso de implementación se desarrollará en etapas y contempla, en una primera instancia, una fase interna dentro del Poder Judicial, para luego avanzar hacia la conformación de una mesa interinstitucional que incluirá a otros organismos del Estado. “Se va a buscar la articulación con el Poder Ejecutivo, con áreas como Salud, Desarrollo Social, Prevención de Adicciones y Seguridad, para analizar alternativas socioeducativas y laborales”, indicó Díaz.
Dentro de ese esquema, también se destacó el rol del Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (CEMOAS), como dispositivo clave en los procesos de reinserción. “Es un espacio que ha dado resultados importantes en la disminución de la conflictividad y en la reintegración social de los jóvenes”, sostuvo.
Por su parte, la jueza correccional y de menores de Posadas, Marcela Alejandra Leiva, valoró la instancia de diálogo como una oportunidad para organizar el trabajo futuro. “Hemos sido convocados para delimitar cuáles serán los objetivos a partir de la nueva ley penal juvenil. Los desafíos son muy grandes, especialmente por la baja de la edad de imputabilidad”.
La magistrada explicó que el sistema ya viene trabajando bajo un enfoque interdisciplinario y restaurativo: “Desde hace años aplicamos una justicia penal juvenil que apunta a medidas socioeducativas y al fortalecimiento familiar, buscando que los adolescentes reconozcan los hechos y puedan reinsertarse”.
Además, remarcó la importancia de que la sociedad comprenda el funcionamiento del sistema: “Ser menor no significa que un delito quede impune, sino que la justicia actúa de una forma especial y distinta”.
Desde la segunda circunscripción, la jueza Adriana Zajaczkowski destacó el impacto del cambio de paradigma: “Es un impacto enorme, porque se modifica el régimen vigente y se introduce una mirada basada en la Convención sobre los Derechos del Niño”.
También señaló que cada región deberá adaptar su funcionamiento a sus propias realidades: “Cada circunscripción tiene una realidad diferente, y eso debe ser contemplado en la implementación, especialmente en relación a las vulnerabilidades de los niños y adolescentes”.
En la misma línea, la jueza de la zona norte, Marisa Esther Aquino, subrayó la importancia de anticiparse al cambio: “Es una propuesta de mucho valor en un momento significativo. Si no nos anticipamos, podemos perder capacidad de respuesta”.
Aquino también destacó que el nuevo régimen incorpora mayor flexibilidad en las decisiones judiciales: “Se introducen nuevas medidas y medios alternativos de resolución de conflictos, lo que permitirá fortalecer una justicia restaurativa”.
El plan de acción contempla cinco fases progresivas, que incluyen instancias de diagnóstico, elaboración de protocolos, validación interinstitucional y capacitación de los operadores. El objetivo es llegar a septiembre con un sistema preparado tanto en lo administrativo como en lo operativo.
“Lo que buscamos es la coordinación y la articulación de los esfuerzos institucionales para cumplir con los objetivos de la ley, que son la resocialización y la reintegración de los adolescentes, en línea con estándares internacionales”, concluyó Díaz.
De esta manera, el Poder Judicial de Misiones avanza en la construcción de un modelo de justicia penal juvenil más moderno, con eje en la garantía de derechos y la inclusión social, en un proceso que requerirá la participación activa de todos los actores involucrados.
👉 Mantenete informado siempre, estés donde estés.
Seguinos en nuestro canal de Whatsapp 📲 https://t.co/whakJNoXxh pic.twitter.com/MCb1BvpOLZ
— misionesonline.net (@misionesonline) March 18, 2024
