El Gobierno afiló la “motosierra” para el gasto público en julio y necesitó ejecutar el recorte de partidas más pronunciado en lo que va del año para asegurarse que el frente fiscal no corra peligro. En junio había registrado déficit por el diferimiento de pago de Ganancias y, se estima, lo recuperaría en julio.
La caída real del gasto primario fue de 8,9% interanual en julio, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), en base a datos del Ministerio de Economía. El estudio analiza el gasto devengado, es decir, los compromisos de pago asumidos aunque no necesariamente concretados.
Así, el Gobierno aplicó la poda mensual más marcada de 2026 para sostener el equilibrio de las cuentas públicas en un contexto de recaudación deteriorada en los últimos meses. El recorte alcanzó prácticamente a todas las partidas, con casos extremos como las transferencias a universidades nacionales, que se desplomaron 99% en términos reales.
La poda del gasto se produjo luego de que en junio el Sector Público Nacional registrara su primer déficit financiero del año fuera del efecto estacional de diciembre. Ese resultado había estado explicado, en parte, por el pago del medio aguinaldo y por la postergación del ingreso de recursos tributarios como Ganancias -que se pasó a julio-, lo que obligó al Ministerio de Economía a reforzar el ajuste para recuperar el superávit comprometido.
De acuerdo con cálculos de IARAF y de Analytica, el gasto primario ascendió en julio a $10,9 billones. Descontada la inflación, implicó un desplome de casi 9% respecto del mismo mes de 2025, la mayor contracción mensual del año. Como comparación, el segundo mes con más ajuste fue febrero, con 7,7%.
El informe señala que solo cuatro de los doce grandes componentes del gasto registraron aumentos reales en julio. Las mayores subas correspondieron a otras transferencias al sector privado (23,5%), bienes de uso (11,2%) y bienes de consumo (2,7%). También las jubilaciones y pensiones, el principal rubro del presupuesto nacional, crecieron 2,3% en términos reales. Las jubilaciones tienen desde abril de 2024 un esquema de ajuste automático por inflación.
En contraste, los mayores recortes se concentraron en las transferencias a universidades nacionales, con una caída de 99%; las transferencias al exterior, que retrocedieron 74%; y los envíos a provincias y municipios, que disminuyeron 61,4%.
El estudio de IARAF planteó que en el acumulado de los primeros siete meses del año, el gasto primario sumó $77,7 billones y mostró una reducción real interanual de 3,2%, una proporción que también compartió en su registro Analtytica.
Entre enero y julio, apenas cuatro componentes del gasto aumentaron en términos reales. El principal incremento correspondió al rubro de activos financieros, con un alza de 100%, seguido por otras transferencias al sector privado (37,5%) y las jubilaciones y pensiones (2,4%).
Del otro lado, las mayores reducciones se verificaron en las transferencias a provincias y municipios (-61,8%), los bienes de uso (-38,3%) y las transferencias al exterior (-32%), mencionó IARAF.
Como dato adicional, medido por Analytica, el gasto en salarios públicos bajó 2,6% en julio y 3,7% en los primeros siete meses del año. Entre los subsidios económicos hubo un recorte de casi 30% en julio pero un avance de casi 13% en el lapso enero-julio.
El ajuste del gasto también tuvo impacto sobre la deuda flotante, es decir, el acumulado de obligaciones ya comprometidas por el Estado pero todavía no pagadas de manera efectiva. Suele ser un instrumento con el que los gobiernos “muñequean” los resultados fiscales.
Según la consultora LCG, en junio el Gobierno había incrementado esos pagos pendientes para amortiguar el efecto del aguinaldo sobre las cuentas fiscales, en medio de una caída sostenida de los ingresos. La deuda flotante había trepado hasta representar el 7,3% del gasto devengado del primer semestre, equivalente a 0,5% del PBI.
Sin embargo, los datos de julio mostraron una reversión de ese comportamiento. LCG sostuvo que la deuda flotante volvió a niveles similares a los previos e incluso inferiores al promedio de los últimos tres años.
Puesto en números, según datos de la Tesorería General, la deuda flotante pasó de 4 billones de pesos en marzo a un piso de $1,4 billones en mayo y luego una escalada hasta $3,6 billones. Analytica estimó ese último número de julio en torno de los 0,2% del PBI.
