La trágica muerte de Alejandro Zalazar (29) expuso un secreto a voces dentro de la comunidad médica: las “propofest“. El residente de anestesiología del Hospital Rivadavia falleció el 20 de febrero por un edema pulmonar en su departamento de Palermo. Lo encontraron con una vía conectada a su pie derecho y rodeado de frascos de fentanilo y propofol. Este hallazgo terminó con un largo pacto de silencio y desató una investigación judicial que hoy salpica a múltiples profesionales y centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires.
El nexo con otros hospitales surgió apenas tres días después del deceso, cuando el Hospital Italiano presentó una denuncia formal por robo de fármacos. La conexión se dio a partir del relato de tres médicas que alertaron a sus superiores sobre el estado de sedación de Delfina Lanusse (29), una residente de esa institución. Ante las autoridades, la joven confesó el uso de propofol fuera del hospital junto a su jefe, Hernán Boveri (45). Esta revelación obligó a intervenir a la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA), que llevó el caso a la Justicia.
Durante las reuniones internas en la AAARBA, los acusados ofrecieron sus descargos. Inicialmente, Boveri intentó negar los hechos argumentando que visitaba el departamento de Lanusse solo para “entregarle libros“. Sin embargo, acorralado por los testimonios, terminó admitiendo el consumo conjunto y aseguró que todo ocurrió “bajo consentimiento pleno”. La asociación médica desestimó esta defensa, señalando que el vínculo personal era éticamente impropio debido a la clara subordinación y asimetría de poder entre un médico de trayectoria y una profesional en formación.
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La trama se volvió aún más oscura cuando la hermana de Zalazar aportó su testimonio. En medio del dolor, la mujer denunció la existencia de “fiestas” donde los residentes se administraban anestésicos entre sí para experimentar viajes controlados. Según su declaración, Alejandro empezó a consumir estas sustancias unos meses antes de su muerte, influenciado por un tercero. Este relato amplió el expediente judicial y obligó a los investigadores a mirar más allá de un simple problema de adicción individual.
La pieza clave para unir el robo en el Hospital Italiano con la muerte de Zalazar resultó ser Chantal “Tati” Leclercq (27). La joven estudió con Lanusse en la Universidad Austral y trabajó como compañera de residencia de Zalazar en el Hospital Rivadavia. En un encuentro con las autoridades de anestesiología, Leclercq reconoció su problema de consumo problemático y confirmó el uso de propofol, ketamina, fentanilo y midazolam. El dato más alarmante fue su confesión directa: admitió que obtenía los fármacos directamente desde los suministros del Hospital Rivadavia.
En su declaración, Leclercq asumió haber consumido propofol junto a Zalazar en al menos una oportunidad. También reafirmó su amistad con Lanusse, aunque negó haber compartido sesiones de sedación con ella. Ahora, el desafío de la Justicia consiste en determinar el alcance real de esta red de sustracción de drogas. Los investigadores buscan establecer si el robo de insumos quirúrgicos se extendió a otras instituciones, como el Hospital de Niños R. Gutiérrez, donde Zalazar realizaba una rotación antes de perder la vida.
Qué es el fentanilo y cuáles son sus efectos
Dos frentes de investigación
El escándalo derivó en un complejo laberinto judicial dividido en dos causas. Por un lado, el fiscal Eduardo Cubría y el juez Santiago Bignone investigan las circunstancias exactas de la muerte de Zalazar, a la espera de los resultados histopatológicos finales. Por el otro, el juez Javier Sánchez Sarmiento y el fiscal Lucio Herrera tienen a su cargo el expediente por el hurto y la administración fraudulenta de los anestésicos que involucra directamente a Lanusse y Boveri.
Uno de los mayores obstáculos para la fiscalía es probar la ruta de los fármacos. Aunque los frascos hallados junto al cuerpo de Zalazar apuntan al uso de anestésicos hospitalarios, todavía no apareció el oficio que demuestre la trazabilidad oficial de los lotes. Sin esa confirmación técnica, resulta difícil probar jurídicamente si el propofol y fentanilo que causaron el desenlace fatal salieron de los depósitos del Hospital Italiano o del Rivadavia.
Para acelerar la recolección de evidencia, la Justicia ordenó allanamientos en la sede de la AAARBA. Los efectivos secuestraron las actas donde constan las declaraciones de los jefes de servicio y las confesiones iniciales de los involucrados. Todo este material documental deberá ser ratificado en sede judicial para tener valor de prueba, luego de que Boveri y Lanusse optaran por la vía de presentar escritos durante sus audiencias virtuales de marzo.
TC
