El avance territorial a través de la compra de tierras por parte de empresas extranjeras sigue generando tensiones sociales y ambientales. No es solamente la cantidad de hectáreas a las que pueden acceder –ahora con una limitación del 15% del total de tierras a nivel provincial y sus equivalencias por departamento- sino también el valor que tienen esos campos en término de sus recursos hídricos. El caso del británico Joe Lewis, con sus 12.000 hectáreas en Río Negro y un Lago incluido, podría extenderse a otros ejemplos.
En la Patagonia, puntualmente en la provincia de Neuquén, se detectó un patrón en la adquisición de tierras por parte de capitales estadounidenses. Su distribución geográfica no es azarosa sino que aparece concentrada sobre los principales cauces de los ríos de la provincia, en una suerte de cuasi privatización de los bienes comunes esenciales para el sostenimiento de la vida humana y del propio ecosistema.
Así lo denunció el Observatorio de Tierras, una iniciativa que pertenece al Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria (PRIHA-FCE-UBA). Los departamentos de Lácar y Collón Curá son los más comprometidos.
“Al norte de esa zona, dos grandes fracciones figuran a nombre de herederos de las familias Sharp y Turner. Del lado oeste, tres herederos de la familia Sharp registran 70.711 hectáreas (14,34% del departamento), mientras que del lado este los herederos de la familia Turner poseen 32.778 hectáreas (6,64%). En conjunto, ambas propiedades suman cerca de 103.000 hectáreas, equivalentes a prácticamente el 21% de la superficie total del departamento Lácar. Se trata de dos grupos familiares que concentran una extensión territorial superior a cinco veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, indicaron Pablo Volkind, Tomás Parisi y Matías Oberlin en diálogo con Economía Sustentable.
De acuerdo al análisis realizado por el Observatorio, se está configurando una zona que podría albergar los futuros data centers de la Inteligencia Artificial. De ahí su cercanía a los principales cauces hídricos de la provincia.
El triángulo del agua
De acuerdo al sexto informe elaborado por el Observatorio de la Tierra, con el foco puesto en Neuquén, los capitales de Estados Unidos, España y Francia explican más del 67% de toda la tierra extranjerizada de la provincia. Más allá de que por ahora no se haya avanzado en el Senado con el proyecto de ley que pretende levantar las limitaciones nacionales y provinciales para acceder a vastas hectáreas de tierra, las tensiones en los territorios continúan.
Las inversiones de empresas y personas de los Estados Unidos obedecen a un patrón de concentración en los departamentos cordilleranos de mayor valor hídrico y ambiental (Lácar, Collón Curá, Los Lagos, Ñorquín), el mismo corredor que lidera el ranking de extranjerización departamental.
“Aquí se va por la tierra y también por el agua. El departamento de Lácar es rico en agua; también tenemos otro lugar que es muy mirado. El departamento de Collón Curá, que tiene un río muy importante que alimenta al Limay. Ahí hay una represa llamada Alicurá. Están haciendo un triángulo entre diferentes empresas para hacer un gran reservorio de tierras para instalar data centers de Inteligencia Artificial con el desplazamiento de población. El clima es bueno y el agua está en el lugar”, sostuvo la dirigente del peronismo neuquino Nanci Parrilli en diálogo con Economía Sustentable.
Ese triángulo de la extranjerización de tierras como potencial avanzada para la instalación de los datas center de IA está conformado por la familia Sharp al norte, Ted Turner —fundador de CNN— al noreste, y Herman Lay —fundador de Lay’s— al sur. El círculo se cierra río abajo. En la zona del embalse de Alicurá, donde se emplazan la represa y el puente Collón Curá sobre la Ruta Nacional 237, aparecen registros de propiedad de inmuebles ribereños vinculados a la Compañía de Tierras Sud Argentino S.A.U., la sociedad del grupo Benetton en Argentina.
“No es una coincidencia geográfica menor. Es, ni más ni menos, el control privado y extranjero de recursos estratégicos en un país donde ese mismo recurso debería estar, como mínimo, bajo un régimen de control estatal. Lo que revelan estos datos no es un fenómeno aislado de compraventas privadas sin mayor trascendencia. Es la consolidación, hectárea por hectárea, de un mapa donde los grandes lagos, los cursos de agua, las zonas linderas a infraestructura energética estratégica y los territorios de mayor valor ambiental de Neuquén terminan bajo el dominio de fortunas extranjeras, mientras las comunidades locales y los pueblos originarios que históricamente habitaron estas tierras, quedan relegados a fracciones cada vez más marginales del territorio”, concluyeron desde el Observatorio de Tierras.
De bosques, humedales y fuego
Otro tema que sigue tensionando el vínculo con los territorios tiene que ver con el cuidado de los bosques y humedales, afectados de manera sistemática por incendios (provocados o accidentales). El capítulo sobre los cambios en la ley del manejo del fuego fue removido –por ahora- del proyecto titulado “inviolabilidad de la propiedad privada” pero sigue en carpeta de las autoridades nacionales.
La Red Argentina de Fiscalías Ambientales (RAFA) envió una carta a los legisladores nacionales con las observaciones técnicas sobre el riesgo sistémico que el Proyecto de Ley “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” (Exp. 13/26) representa para la integridad del sistema normativo nacional en aquellos aspectos vinculados a la modificación de la Ley Nacional N° 26815 de Presupuestos Mínimos del Manejo del Fuego.
La normativa actual garantiza la tutela integral que prohíbe el cambio de uso del suelo tras los incendios en bosques nativos, humedales, pastizales, matorrales y zonas de interfaz forestal sin distinción de su régimen productivo. En cambio, la reforma que pretende imponer Milei restringe el objeto de protección exclusivamente a superficies de bosques nativos (Ley 26.331) y a los “bosques no productivos” definidos por la Ley de Defensa de la Riqueza Forestal (N° 13.273), eliminando de facto la protección sobre el resto de los biomas.
“Esta reducción del estándar protectorio infringe el Principio de No Regresión y genera un vacío normativo absoluto sobre humedales y pastizales. En términos prácticos, la supresión de estas barreras legales actúa como un subsidio indirecto al uso del fuego como herramienta de clearing, trasladando los costos de la degradación ambiental a la sociedad y a las generaciones futuras”, indicaron desde la organización RAFA.
Un aspecto central de la propuesta que pretende tratarse en el Parlamento tiene que ver con excluir la participación real de los sectores afectados, de la sociedad civil interesada y de la comunidad científica. Esto implica un incumplimiento del artículo 7 del Acuerdo de Escazú. La reforma tampoco propone mecanismos alternativos que neutralicen el riesgo de explotación comercial post-incendio.
“Los plazos de 30 y 60 años funcionan independientemente de quién haya iniciado el fuego. Operan sobre el objeto (el suelo), eliminando el beneficio económico de la quema. Al suprimir estas herramientas, se produce un vaciamiento de las facultades administrativas provinciales para llevar adelante políticas de reforestación masivas (con independencia de si cuenta o no con los recursos suficientes para hacerlo). El fuego clandestino dominaría al Derecho”, concluyó la Red Argentina de Fiscalías Ambientales.
Fecha de publicación: 12/08, 6:47 am
