Este jueves podría convertirse en el punto inflexión de una investigación de la Justicia de Estados Unidos que volvió a colocar a la Asociación del Fútbol Argentino bajo la lupa por sus negocios comerciales internacionales y que abrió un nuevo frente de preocupación para la conducción de Claudio Tapia.
Tras varios días de cruces, desmentidas y comunicados oficiales, todas las miradas están puestas ahora en lo que ocurra en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, donde está prevista la comparecencia surgida de una citación judicial cuya difusión sacudió al fútbol argentino.
La investigación tomó estado público la semana pasada, cuando trascendió documentación de la Justicia estadounidense vinculada con un expediente que busca reconstruir el circuito de contratos comerciales internacionales relacionados con la AFA y la Selección Argentina.
Desde ese momento, el foco dejó de estar solamente en el contenido de la investigación para trasladarse a una discusión sobre el verdadero alcance de la citación.
Las primeras interpretaciones hablaban de una convocatoria que involucraba a Claudio Tapia y a otros dirigentes de la AFA. No fue así, ya que la citación corresponde en principio a un testigo al que la Justicia quiere interrogar este jueves. Precisamente, quiere conocer los vínculos con Tapia y otros dirigentes, como Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.
También, como adelantó Clarín, se citaría a más testigos de empresas vinculadas para que aporten información. El Gran Jurado de EE.UU. validaría las pruebas contra la AFA este jueves y se abrirá una causa penal contra Tapia y Toviggino. Así, al menos, opinaron Dos fuentes judiciales y el empresario Guillermo Tofoni (que tiene un juicio contra la AFA).
Consideran que ese jury aprobará el jueves las pruebas reunidas por los fiscales sobre movimientos financieros sospechosos de más de U$S 300 millones. Así se pasaría a una segunda etapa, más adelante, que incluiría eventuales sanciones a bancos y detenciones.
La de Estados Unidos es la investigación que genera más inquietud en AFA; por dónde está radicada y por la incapacidad de poder de lobby que tienen los dirigentes argentinos allí. Las causas locales, en cambio, se fueron frenando y están trabadas en una maraña de chicanas e indefiniciones judiciales.
El comunicado de AFA
La AFA emitió un comunicado en el que aseguró que ni Tapia ni el tesorero Pablo Toviggino fueron citados por la Justicia de Estados Unidos y sostuvo que la documentación difundida corresponde a una convocatoria dirigida a un tercero, quien deberá comparecer como testigo ante el Gran Jurado y eventualmente aportar información y documentación vinculada con distintas personas, entre ellas autoridades de la AFA.
Esa diferencia, que para los abogados resulta sustancial, marcó toda la discusión de los últimos días. La AFA también rechazó otras versiones que circularon durante la semana, entre ellas las que hablaban de supuestos secuestros de teléfonos celulares o dispositivos electrónicos pertenecientes a dirigentes de la entidad en el aeropuerto de Nueva York, cuando Tapia regresaba al país después de la final del Mundial.
Sin embargo, el expediente sigue abierto. Y el jueves aparece como el día clave porque podría aportar las primeras definiciones concretas sobre el rumbo que pretende darle la fiscalía federal estadounidense a una investigación que gira alrededor de contratos comerciales, sociedades, comunicaciones y movimientos financieros vinculados con la explotación internacional de la marca Selección Argentina.
El tribunal les exigió a esos terceros que sí confirmó AFA presentar toda la información y registros de sus comunicaciones cruzadas vinculadas a los contratos comerciales de la institución. Esto lo tienen que hacer, precisamente, el 30 de julio.
El requerimiento se enfoca en los contratos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino. Más precisamente, aquellos gestionados a través de TourProdEnter LLC.
En caso de que se presente ante los jueces estadounidenses, Tapia debe aportar los registros de mensajes, llamadas y correos compartidos con el tesorero Pablo Toviggino, Diego Lucero y el empresario Javier Faroni, que figura en los papeles de esa compañía radicada en Miami.
Quiénes son los fiscales que investigan
Los fiscales que llevan adelante la investigación son Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger. Ting trabaja como abogado litigante (Trial Attorney) en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y está radicado en Washington DC., donde forma parte del equipo de fiscales federales especializados en la investigación de delitos económicos y financieros.
El fiscal federal Michael Berger -un funcionario con fama de duro- trabaja como abogado litigante senior (Senior Litigation Counsel) en la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida del Departamento de Justicia, especializada en delitos financieros y corrupción internacional.
Gushue es un fiscal federal que trabaja en la Unidad de Integridad Bancaria de la División Penal del Departamento de Justicia, con sede en Washington, D.C. Además, ejerce como director interino del Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos.
Esta especialidad de Gushue puede tener vinculación con la colaboración que empezó a prestar a la justicia estadounidense Juan Pablo Beacon, ex mano derecha de Toviggino que fue accionista de la empresa Malte SRL, utilizada para comprar la mansión de Pilar que investiga la justicia argentina.
Beacon habría entregado documentación y testificó en varias oportunidades. Al parecer, esos datos fueron los que causaron el secuestro de los dispositivos electrónicos y la solicitud de entregar todas las comunicaciones y contratos con TourProdEnter LLC.
