El conflicto por tierras en Garuhapé sumó una nueva denuncia por parte de Alfredo Ruff, propietario del inmueble donde permanecen integrantes de la comunidad mbyá Puente Quemado II. Ruff sostuvo que detrás de la ocupación existiría un interés inmobiliario destinado a generar presión sobre los dueños de chacras para que vendan sus propiedades por valores inferiores a los de mercado. Además, vinculó su acusación con las organizaciones ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen) y EMIPA (Equipo Misiones de Pastoral Aborigen) y aseguró que una persona de Suiza se contactó directamente con él para intentar comprarle el terreno.
Ruff relató que permanece instalado en el predio con una casilla rodante, maquinaria y personal, mientras efectivos de la Policía de Misiones mantienen presencia preventiva en el lugar. Según afirmó, integrantes de Puente Quemado II construyeron espacios de reunión y otras estructuras dentro de las tierras y realizaron cortes de árboles nativos. El propietario indicó además que la intervención policial evitó enfrentamientos cuando trabajadores intentaron ingresar para realizar tareas en la propiedad.
El eje central de su planteo, sin embargo, apuntó a lo que describió como una posible operación relacionada con la compra de tierras. “Acá hay un problema muy grave, las asociacones EMIPA y el EDEPA reciben plata de otro lado. Esa plata la reciben de Suiza. Y hay una persona que quiere comprarme la propiedad de Suiza. Están apretando con esto para que yo pueda vender y me puedan comprar la propiedad. Es el causal de este sistema que están usando ahora”, declaró Ruff.
Ante la consulta sobre si interpretaba que las ocupaciones podían utilizarse para reducir el valor de las propiedades y favorecer una posterior compra, Ruff respondió afirmativamente. También aseguró disponer de elementos que, según su versión, respaldarían al menos el contacto de una persona interesada en adquirir el inmueble. “Sí, de Suiza es. Sí, se contactó con el teléfono y todo. No es que yo digo. Yo tengo pruebas”, afirmó. Consultado sobre si recibió personalmente una oferta para vender, agregó: “Sí, tal cual”.
El empresario sostuvo que la situación generó preocupación entre productores y vecinos de la zona, quienes temen que puedan surgir conflictos similares en otras propiedades. Según explicó, los propietarios viven de la explotación de esas tierras y no tienen intención de desprenderse de ellas. “Nadie quiere vender la tierra, si viven de eso”, señaló, y agregó que existe inquietud por la delimitación del relevamiento territorial realizado en el área. Ruff aclaró, además, que su cuestionamiento no se dirige contra el pueblo mbyá en general, sino específicamente contra el cacique Santiago Ramos y contra EMIPA, a quienes responsabilizó por impulsar el conflicto.
Ruff afirmó que esta hipótesis ya fue incorporada a las presentaciones judiciales y que su defensa solicitó investigar el origen de los fondos vinculados con las organizaciones que mencionó. Y sostuvo que, a su entender, el caso podría repetirse en otros puntos de Misiones si no existe una intervención de las autoridades.
El abogado pidió investigar los contactos y el origen de los fondos
Rubén Lunge, abogado de Ruff, confirmó durante la entrevista que la Justicia tiene conocimiento de la denuncia, aunque estableció una diferencia entre los elementos reunidos hasta el momento y una eventual imputación penal. Explicó que uno de los datos que incorporaron es una llamada recibida por Ruff con una propuesta para adquirir sus tierras, que habría ocurrido después de la ocupación.
“Lo que sabemos, la información que tenemos es la llamada telefónica que tiene Ruf de su celular, y que yo también tengo, para la compra de sus tierras, y casualmente ocurre primero la toma. Y después viene la oferta”, manifestó el abogado. Lunge agregó que investigaron a una fundación que, según sostuvo, estaría vinculada con EMIPA y tendría entre sus objetivos adquirir tierras para destinarlas a comunidades guaraníes.
No obstante, el letrado evitó presentar esa secuencia como un delito ya acreditado. “Todavía no podemos hablar de calificación legal, todavía hay que investigar de qué se trata y después veremos”, aclaró. De esa manera, la defensa planteó ante la Justicia la posible relación entre la ocupación, los fondos provenientes del exterior y el posterior interés de compra, pero reconoció que corresponde a la investigación determinar si existe efectivamente una conexión entre esos hechos y si configura alguna conducta penal.
En paralelo, Lunge sostuvo que el expediente relacionado con la ocupación permanece a la espera de definiciones luego de una instancia de diálogo entre las partes. Según explicó, Ruff propuso que tanto él como los integrantes de la comunidad abandonaran temporalmente el terreno mientras se resolvía la controversia, pero esa alternativa no prosperó. La defensa ahora reclama que el juez avance con medidas destinadas a desocupar el inmueble.
El abogado también remarcó que, según la postura de la defensa, la comunidad ingresó al terreno durante este año y que Ruff mantenía previamente la posesión mediante su personal y actividades productivas. “Esa comunidad nunca estuvo en ese lugar”, sostuvo Lunge, quien anticipó que esperan una decisión judicial en los próximos días y señaló que continuarán priorizando el diálogo para evitar enfrentamientos.
