La causa judicial por el token $LIBRA sumó un nuevo capítulo con un pedido de indagatoria que alcanza al presidente Javier Milei, su hermana Karina y el empresario cripto Mauricio Novelli, en medio de cuestionamientos sobre pruebas clave y denuncias de irregularidades en la investigación.
Una de las querellas de la causa vinculada al token $LIBRA solicitó a la Justicia que cite a indagatoria al presidente Javier Milei, a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, al empresario cripto Mauricio Novelli y al resto de los imputados por una presunta estafa.
El pedido fue presentado por la querella del dirigente social Juan Grabois ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien está a cargo del expediente. La solicitud se basa en las revelaciones surgidas del celular de Novelli, donde se habrían encontrado pruebas del vínculo entre el trader y el mandatario junto a su hermana.
La causa investiga el lanzamiento del token $LIBRA, ocurrido el 14 de febrero de 2025, en el que el Presidente, su hermana y Novelli están acusados de una presunta estafa.
En paralelo, la defensa del empresario solicitó la nulidad de una pericia considerada central en la investigación y reclamó que todo el material obtenido sea excluido del expediente.
El planteo, presentado por el abogado Daniel Rubinovich ante el mismo juzgado, apunta contra el informe elaborado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), al que acusa de presentar “una pluralidad de vicios graves” que comprometen su validez.
Según el escrito, la actividad pericial “no reúne la mínima fiabilidad constitucionalmente exigible para permanecer en el proceso” y habría irregularidades en la cadena de custodia, accesos indebidos al material y la inclusión de información fuera de los parámetros fijados.
En ese sentido, la defensa denunció que se registraron “accesos indebidos, visualizaciones no justificadas y copias locales” de documentación vinculada al peritaje por parte de personal de la propia dependencia, lo que —según sostuvo— implica un quiebre en la cadena de custodia que “impide asegurar la integridad, autenticidad y trazabilidad del material”.
El planteo también pone en duda el alcance del análisis realizado sobre el teléfono de Novelli. De acuerdo a la presentación, el relevamiento “desbordó los parámetros de búsqueda fijados”, incorporando información no autorizada y afectando la intimidad del imputado y de terceros.
Entre los elementos incluidos, se mencionan conversaciones privadas, material irrelevante para la causa e incluso comunicaciones protegidas por el secreto profesional.
“La diligencia dejó de ser un acto de investigación para convertirse en una exploración general de la vida de la persona”, sostiene el escrito.
Otro de los puntos centrales del pedido de nulidad refiere a una resolución interna que habría confirmado accesos indebidos al material peritado. Según la defensa, una agente sin vinculación funcional con la causa accedió a archivos, los copió y los almacenó localmente.
Para el abogado, esta situación “demuestra que el circuito de custodia tampoco permaneció indemne”.
En base a estas presuntas irregularidades, la defensa solicitó la exclusión inmediata del informe y sus anexos, la reserva del material cuestionado y la realización de una auditoría independiente. También pidió suspender el trámite de la causa en todo lo que dependa de esa prueba hasta que se resuelva la incidencia.
De manera subsidiaria, reclamó que, en caso de no declararse la nulidad total, se invaliden los segmentos que excedan los parámetros establecidos o estén alcanzados por el secreto profesional.
“El material aparece sobrecargado con información ajena al perímetro autorizado y su fiabilidad está en discusión”, señala la presentación, que concluye que mantener esa prueba en el expediente “vulnera el debido proceso y el derecho de defensa”.
