En medio del escándalo por la detención de su (ex) asesor, José Aníbal Ricardo Villarreal, y después de que la bancada de la UCR reclamara su apartamiento, el legislador peronista Ramón “Cañito” Flores pidió licencia a su banca en la Unicameral. La decisión busca descomprimir una tensión que había escalado en los últimos días y que ya había colocado al oficialismo ante un problema político.
El pedido de licencia era una alternativa que venía siendo evaluada dentro del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC), mientras la bancada radical referenciada en Rodrigo de Loredo endurecía su ofensiva contra el legislador del departamento Río Seco.
El bloque de la UCR que conduce Matías Gvozdenovich presentó en las últimas horas un proyecto de resolución para reclamar la exclusión de Flores de la Legislatura cordobesa. La iniciativa se fundamenta en el artículo 99 de la Constitución Provincial y en la causal de “indignidad” del legislador, a partir de la gravedad de los hechos que involucran a Villarreal.
Para la bancada radical, el caso dejó de ser exclusivamente un problema judicial y pasó a comprometer políticamente al Poder Legislativo en su conjunto. En ese sentido, la UCR afirmó que la situación exige una respuesta institucional frente a los vínculos que mantenía Villarreal con Flores.
Ramón Flores, en la mira por el caso Villarreal: la bancada UCR pide su apartamiento
El ahora exasesor del legislador peronista se encuentra detenido e imputado por presunto abuso sexual con acceso carnal y grooming. La aparición de un grave antecedente penal de Villarreal correspondiente a 2021 y nuevos señalamientos sobre su relación con Flores incrementaron la presión política sobre Flores.
El caso Villarreal se transformó así en un foco de tensión no sólo para Flores, sino también para la bancada oficialista, que hasta ahora había optado por mantener un perfil bajo frente a la escalada del conflicto.
El foco en la Justicia
Frente a este escenario, Flores confirmó su decisión de solicitar licencia a través de un comunicado. El oficialista sostuvo que adoptó esta medida para permitir que la investigación judicial avance “con absoluta libertad” y sin que su función institucional pueda interferir en el proceso.
“Decidí solicitar licencia en mi función como legislador provincial a partir de los repudiables hechos que son de público conocimiento y ante la necesidad de que el proceso judicial en marcha pueda avanzar con absoluta libertad, sin interferencias y con las condiciones necesarias para conocer la verdad”, señaló.
Flores buscó, además, despegarse de los hechos que se investigan y remarcó que será la Justicia la que determine las responsabilidades individuales.
“Quiero ser absolutamente claro: no estoy involucrado en ninguno de los hechos que se investigan. Será la Justicia la que determine las responsabilidades individuales y llegue hasta las últimas consecuencias”, resaltó el departamental por Río Seco.
Fue la radical Brenda Austin, quien había planteado interrogantes sobre el nivel de conocimiento que pudo haber tenido Flores respecto de los antecedentes de quien terminó siendo contratado como asesor. “Lo que nosotros nos estamos preguntando acá es qué rol juega la figura de Flores, un poco apañando, respaldando, dándole blindaje político para cosas que ocurrieron con sus asesores y en su propio campo”, sostuvo la opositora.
En este contexto, el legislador del PJ reconoció que su condición de funcionario público lo obliga a adoptar una actitud activa frente a las dudas generadas por el caso. “Cuando existen dudas o sospechas, es necesario contribuir activamente para que puedan ser despejadas”, argumentó.
De este modo, Flores presentó la licencia como una decisión institucional antes que como una respuesta al embate opositor. “En la función pública no alcanza solamente con dar explicaciones”, planteó, al justificar su decisión.
“Lo primero son las víctimas”
En uno de los tramos más políticos de su pronunciamiento, Flores buscó correr el eje de la disputa política y colocar el foco en las personas afectadas en el marco de la investigación que lleva adelante la fiscal Analía Cepede, por hechos que habrían afectado a tres adolescentes de 13 y 14 años en Villa de María de Río Seco.
“Estamos hablando de hechos particularmente dolorosos, que involucran a adolescentes, familias y a comunidades de nuestra región. Frente a situaciones de esta naturaleza, cualquier consideración política debe quedar en un segundo plano”, expresó.
“Lo primero son las víctimas, sus familias y el derecho de toda la sociedad a conocer la verdad”, remarcó el integrante del bloque oficialista.
La definición también buscó marcar distancia de la escalada entre el oficialismo y la oposición. Flores aseguró que no participará de especulaciones ni de enfrentamientos políticos alrededor del caso.
“No todo puede convertirse en una disputa política. Hay hechos frente a los cuales corresponde actuar con prudencia, responsabilidad y respeto”, afirmó Flores en su contragolpe a la embestida del radicalismo.
Costo político
La licencia llega después de que la bancada UCR decidiera avanzar con una medida de fuerte impacto institucional contra Flores. El pedido de exclusión planteado por los legisladores radicals elevó el costo político del caso para el oficialismo y obligó al peronismo a administrar una situación cada vez más incómoda.
La decisión de Flores ofrece, en ese contexto, una vía para bajar la tensión dentro de la Unicameral y evitar que la discusión derive en una confrontación institucional de mayor alcance.
Por su parte, el legislador buscó preservar su vínculo político con el departamento Río Seco y sostuvo que su compromiso con la comunidad que representa permanece intacto. “Ese compromiso hoy requiere actitudes claras antes que palabras”, declaró.
Asimismo, vinculó su decisión con la necesidad de preservar su nombre y el de su familia frente a un caso que, por su gravedad, excedió rápidamente el ámbito legislativo. “Por respeto a las familias damnificadas, a mi familia, a quienes confiaron en mí y a mi buen nombre, que sea la Justicia la que hable y establezca con claridad qué ocurrió y quiénes son los responsables”, concluyó.
De este modo, la licencia aparece como una salida política para descomprimir la presión sobre Flores y el oficialismo, mientras la investigación judicial sobre Villarreal continúa su curso.
La última palabra, como remarcó el propio legislador, quedará ahora en manos de la Justicia. Pero la decisión de Flores también deja expuesta la dimensión política ante la gravedad del caso: la UCR ya había convertido el episodio en un reclamo institucional y el oficialismo debió administrar una crisis que dejó de ser exclusivamente individual para convertirse en un problema de la propia Legislatura cordobesa.
