El expediente que investiga la desaparición de Mario Fabián Golemba, ocurrida en 2008, sumó este miércoles dos novedades en la Justicia Federal de Posadas. Por un lado, el comisario general retirado Ewaldo Katz, quien estaba al frente de la Comisaría de Dos de Mayo cuando desapareció el joven, se abstuvo de declarar ante la jueza María Verónica Skanata.
Katz integra el grupo de efectivos y exintegrantes de la Policía de Misiones detenidos a partir de los procedimientos realizados el lunes en distintos puntos de la provincia. En total, 16 personas fueron apresadas por orden judicial, mientras que una permanecía con pedido de captura.
Ese último imputado era Alfredo Lorenzo Ortiz, quien se desempeñaba como agente policial en la dependencia de Dos de Mayo al momento de los hechos y actualmente trabaja como operador de radio. El hombre se presentó voluntariamente ante la Justicia Federal y quedó a disposición del juzgado.
Tras su comparecencia, la jueza Skanata dispuso que permanezca bajo prisión domiciliaria y con un dispositivo de monitoreo electrónico. De esta manera, quedó completa la nómina de 17 personas alcanzadas por las órdenes de detención.
La hipótesis de la Fiscalía
La investigación está a cargo de la Fiscalía Federal N° 2 de Posadas, encabezada por Silvina Gutiérrez. Según la acusación, los imputados habrían tenido distintos niveles de participación en la privación ilegítima de la libertad de Golemba, su permanencia bajo una custodia clandestina y las acciones posteriores destinadas a ocultar lo sucedido.
Para la Fiscalía, los hechos no fueron episodios independientes, sino que formaron parte de una actuación coordinada en la que cada uno de los involucrados habría realizado aportes desde las funciones que cumplía dentro de la estructura policial.
La acusación plantea además la existencia de un supuesto “pacto de silencio institucional”, que se habría sostenido mediante omisiones en los registros, versiones coincidentes brindadas por funcionarios, contradicciones entre actuaciones administrativas y judiciales y la aparición de hipótesis que habrían desviado el rumbo de la pesquisa.
La Fiscalía sostiene que la desaparición forzada constituye un delito permanente, por lo que la investigación no alcanza únicamente a quienes presuntamente participaron de manera directa en la violencia contra Golemba. También contempla a quienes, de acuerdo con la imputación, pudieron haber conocido su situación y no la denunciaron ni adoptaron medidas para hacerla cesar.
Quiénes están imputados
Entre los acusados se encuentran el comisario retirado Ewaldo Katz; los oficiales de guardia Edgardo Andrés Arce y Liliana Margarita Saft; el jefe de guardia retirado Carmelo Alberto Cerdán Cruz; el secretario José Roberto Pereyra Da Silva; el chofer Alejandro Alfonso González Samudio; Wiliams Gabriel Lunge, quien actualmente cumple funciones en Seguridad Vial; los guardias Maximiliano Gabriel Gutiérrez, Ramón Aníbal Cardozo, Mario Francisco Villar y Diego Armando Amarilla.
También figuran los radiooperadores Alfredo Lorenzo Ortiz y Cristian Andrés Silva, retirado; además de Baldemar Parra, Juan Ramón Ferreyra, retirado, Ofelia Gladys Ziller y Eduardo Pellizer, también retirado.
La desaparición de Golemba
Mario Fabián Golemba tenía 27 años cuando desapareció, el 27 de marzo de 2008. Ese día salió de la vivienda que compartía con su familia en Picada Indumar, Dos de Mayo, para asistir a una consulta con una nutricionista en Oberá.
Luego del turno mantuvo comunicación con familiares y con su pareja mediante mensajes de texto. Les manifestó que regresaría hacia el final de la tarde, pero nunca volvió a su casa.
Desde entonces no existen certezas sobre su destino y tampoco fueron encontrados sus restos.
La primera investigación estuvo en manos del Juzgado de Instrucción N° 1 de Oberá, aunque no permitió establecer qué había ocurrido con el joven. Con el paso de los años surgieron testimonios de personas con identidad reservada que señalaron que Golemba habría permanecido detenido en la Comisaría de Dos de Mayo, donde presuntamente fue golpeado.
En 2021, a partir de un planteo realizado por la querella que representa a la familia, el expediente pasó al fuero federal de Posadas y comenzó a investigarse como una posible desaparición forzada de persona.
En la causa intervienen además el Centro de Reunión de Información “Misiones” de Gendarmería Nacional, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) y la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), dependientes del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
